Hay dos cuestiones muy preocupantes a la hora de analizar el tema de la indemnización a Repsol y el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante el fracking, en nuestro país.
La primera se refiere a la impunidad ambiental. En 2012, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de YPF, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras comenzaron a hacer cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes: en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo ambiental de US$ 3 mil millones. Martín Buzzi, de Chubut, consideró que “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”. Sólo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene “una deuda de casi $ 200 millones, y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3 mil pozos”. El ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que las proyecciones alcanzarían los US$ 1.500 millones… Redoblando la apuesta, en noviembre de ese año Kicillof presentó el denominado Informe Mosconi en la Biblioteca Nacional, donde constaba el reconocimiento del daño ambiental realizado por Repsol.
Sin embargo, ante la urgencia de negociar con Chevron, el Gobierno fue moderando el tono de los reproches. Así, el concepto de pasivo ambiental, que tuvo una entrada sorpresiva y fulgurante, desapareció por completo del discurso gubernamental y a la hora de acordar la indemnización con Repsol, en el oficialismo nadie volvió a mencionarlo. Una vez más triunfa entonces la impunidad ambiental, aunque también el cinismo político. Con ello, como viene sucediendo desde siempre, los pasivos ambientales se terminan socializando y toca a la población pagar con su salud, sus ecosistemas y sus territorios.
La segunda cuestión preocupante se refiere a la intensa campaña comunicacional que el Gobierno viene realizando, a través de YPF, a favor del fracking, al identificar deliberadamente empresa nacional, soberanía energética y defensa del shale gas. No sólo en 2013 YPF financió un número completo de la revista National Geographic e hizo una vasta propaganda televisiva (que incluyó un personaje central en una telenovela), sino que también este verano colocó un simulador del fracking en Pinamar con el objeto de “desmitificar algunas de las ideas que giran en torno al procedimiento de estimulación hidráulica, como que se ponen en riesgo las napas de agua y se utilizan químicos peligrosos”.
La ofensiva comunicacional en clave nacionalista es tal, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. Pareciera ser que el fracking, además de “necesario”, ahora es “bueno”… Una excepción en este escenario cada vez más monocorde es la del obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, quien hace unos días difundió una cartilla para advertir sobre los “temores” que suscita el fracking en muchos países, así como sobre la escasa credibilidad de las empresas y del gobierno neuquino en la explotación hidrocarburífera. Bressanelli colocó dudas y preguntas razonables, haciendo hincapié en el principio precautorio, la falta de licencia social de parte de las poblaciones y la criminalización de la protesta.
En suma, además de la “deuda buena” (por el pago de la indemnización a Repsol), pareciera ser que ahora tenemos también el “buen fracking”. En realidad, estamos frente a la construcción de un nuevo relato mistificador, a partir del cual el Gobierno busca trasmitir certezas y apunta a ahogar cualquier intento de crítica al fracking, en un campo donde, en rigor, hay muy malos antecedentes (en Estados Unidos) y una gran incertidumbre.
*Investigadora y escritora, Conicet. / **Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
