La senadora plantea que, para cerrar una herida que aún duele, hay que conformar una comisión de notables que permita esclarecer el atentado y su encubrimiento.
La voladura de la mutual de la comunidad judía, dos décadas después, contradice al tango. Veinte años ya es demasiado tiempo para que los argentinos sigamos conviviendo con la misma matriz de impunidad y encubrimiento de un Estado que está lejos de ser un auténtico Estado democrático, respetuoso de las leyes y protector de sus ciudadanos. Es más, estas dos décadas que nos separan de aquel 18 de julio de 1994 arrojaron al espacio público nuevos ciudadanos que votan y opinan, pero no erradicamos la cultura del odio y la intolerancia que está en la base de ese atentado terrorista. El que desnudó, también, lo que incubó el terrorismo: la clandestinidad y la siempre ocupada mano de obra de los espías del Estado.
En un país empachado de ideologismo, resulta llamativo que nadie haya asociado la fecha del 18 de julio con la que en España conmemora al ultraderechista movimiento de la Falange, el día de 1936 en el que Franco derrocó a la República y dio inicio a la guerra civil. Menos aún reparamos en el contexto cultural en el que vivimos el atentado terrorista contra el edificio de la calle Pasteur. Corría julio de 1994, el país una vez más se henchía de patriotismo futbolero. Los televisores, que desde entonces pasaron a ser parte del mobiliario de los cafés de Buenos Aires, preparados para ver los goles del Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, terminaron con el orgullo nacional por el doping de Maradona y se llenaron de terror y dolor por los cadáveres del atentado de la AMIA. La historia transmitida al instante. Ahí estaba en las pantallas el terror de lo que en nuestro pasado reciente se había hecho de manera clandestina, desde las bombas a los secuestros. Apenas llevábamos una década de la primavera democrática, vivida sin violencia ni impunidad: el juicio a las juntas había reconstruido la forma de operar en las sombras de los agentes de inteligencia que convirtieron los fusilamientos en “enfrentamientos” y los secuestros y las desapariciones en “fugas al extranjero”. Esas marcas de mentira y oscuridad que nos identifican como sociedad autoritaria. Dos males que sobreviven veinte años después.
Si la coincidencia con el 18 de julio de la Falange española puede ser una travesura del calendario o una marca ideológica de los grupos que le arrancaron al gobierno de Raúl Alfonsín las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, lo cierto es que el atentado a la AMIA retrotrajo los peores fantasmas del pasado, la “mano de obra local”, los grupos de tareas convertidos en grupo de terror. Una matriz histórica sobre la que debió investigarse la voladura de la AMIA con sus 85 muertos y sus más de 300 heridos. La impunidad y el encubrimiento del juicio desnudó otra lacra que nos dejó el autoritarismo, una Justicia corrupta, que en este caso actuó casi como una asociación ilícita. Si a la explosión en la Embajada de Israel le siguió la voladura de la AMIA, el tercer atentado fue en mi provincia, la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, otra expresión terrorífica de lo que anidamos como sociedad. Se hizo volar un pueblo para encubrir el negociado con las armas. Muchos vecinos cambiaron sus denuncias por las reparaciones económicas del gobierno de Menem, que continuaron con este gobierno. No porque crea que el Estado no debe reparar su responsabilidad sino porque duele constatar que “don Dinero” es una gran tentación y baila detrás de la impunidad nuestra de cada día. A la par, siempre resulta más cómodo echarles la culpa a los de afuera que aceptar que muchas de las monstruosidades de nuestro país fueron hechas por compatriotas que caminan entre nosotros, cuando no permanecen en los pliegues burocráticos de lo que sigue siendo oscuro, las cuestiones del Estado y las fuerzas de seguridad que no terminan de democratizarse.
La historia más reciente, el Memorándum de Entendimiento con Irán, por su ilegalidad y su papelón internacional, fue otro gran fracaso. Y aun cuando tanto el ex presidente Kirchner como la actual presidenta reiteraron ante las Naciones Unidas la responsabilidad del Estado argentino, con la firma del memorándum, presentado como un “hecho histórico”, renunciaron a todo lo que habían prometido hasta entonces en relación con la investigación del atentado a la AMIA: el acuerdo diplomático se presentó como una solución jurídica. Pero como seguimos eludiendo la verdad, un grupo de legisladores de todos los colores políticos, a instancias de las víctimas de la AMIA, reunidas en Apemia, elaboramos un proyecto de ley para que se cree una comisión de la verdad integrada por figuras notables, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Beatriz Sarlo, Nora Cortiñas, para que dentro del Congreso se investigue tanto el atentado como su encubrimiento. Una comisión que, al estar integrada por legisladores, tendrá tanto la legitimidad de la representación política como la autoridad moral de aquellos que cuentan con el respeto y el prestigio ante la opinión pública por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La comisión tendrá acceso reservado a las pruebas y a la documentación que hasta hoy se empeñan en ocultar tanto el Gobierno como la fiscalía.
Si veinte años es muchísimo tiempo para un país que no termina de erradicar ni la violencia ni el terror, sí estamos a tiempo para finalmente construir un auténtico Estado de derecho. Para eso debemos recuperar la centralidad del Congreso y la independencia de la Justicia. Pero, sobre todo, una sociedad adulta que anteponga la decencia a las cuotas, la verdad al engaño, la participación a la comodidad, y sepa que si la vida de convivencia no se construye sobre valores compartidos como la igualdad ante la ley, poco importa que tengamos crack de fútbol excepcionales o una filosofía tanguera que suena bien para cantar al desamor pero que es cínica cuando se trata de justificar el cambalache nacional como si fuera un destino inalterable, el terror de la violencia y la impunidad del poder.
