La ley dice que existen tres clases de personas: las libres, las semilibres y los esclavos; que los arquitectos que construyan casas que se desplomen con sus habitantes adentro, serán condenados a muerte; y que, en todos los casos, los castigos serán similares a los delitos, lo que se conoce como “ojo por ojo, diente por diente”.
El Código de Hammurabi es un conjunto de 282 leyes, uno de los más antiguos que se conozca. Data de 1750 a.C. y está escrito sobre piedra (se lo puede ver en el Museo del Louvre).
Las leyes representan las normas de convivencia de una sociedad en determinado momento y lugar. De acuerdo a la moral media de esa comunidad, pero también de acuerdo al poder de los grupos que la integran. Imagínense que quienes ocupaban el lugar de esclavos en la Babilonia del siglo XVIII, no tuvieron el poder suficiente para que el Código de Hammurabi les reconociera derechos ciudadanos. Tampoco a los arquitectos les fue muy bien.
Los jueces son los encargados de aplicar las leyes y, a lo largo del tiempo, se los fue blindando de protecciones para que lo hagan sin condicionamientos ni presiones. Incluso más allá de los cambios del poder político de turno.
Pero los magistrados argentinos aprendieron que, en la práctica, los grupos de poder que influyen en el dictado de las leyes también pueden influir en el devenir de sus carreras y de sus vidas.
Lo saben porque vieron a colegas perder sus puestos, ser presionados por los servicios de Inteligencia o ser víctimas de operaciones de prensa. Aplicar la ley cuando quienes sufrirían su castigo son jerarcas del poder político reinante, puede ser bueno para la Justicia, pero no para quienes deben hacerla cumplir. En cambio, eludir su aplicación les da seguridad, promociones y hasta algún sobresueldo.
Transjusticia. Son jueces trans que, como indica el prefijo, “van al otro lado”, “a través de”, se mueven con presteza entre los viejos y los nuevos poderes, saben cruzar de bando en el momento oportuno. Y lo que la transjusticia hizo en estos años, también fue transparente. Sus fallos absolutorios fueron públicos, en general rápidos y no merecieron comentarios mordaces ni de sus colegas ni de la mayoría de los medios.
Tal transparencia es percibida por la sociedad. Por eso en las encuestas, incluyendo a las que se hacen entre los miembros del Poder Judicial, se descree de la independencia de ese poder y existe una imagen negativa de sus integrantes.
En el último estudio anual de Latinobarómetro, que la semana pasada presentó en la Argentina su directora, Marta Lagos, el 31% de los latinoamericanos dice que las posibilidades de sobornar a un juez son “bastantes/muchas”. Mientras que el 72% asegura tener “poca o nada de confianza” en el Poder Judicial. En el caso de la Argentina, tal desconfianza trepa hasta el 75%.
El juez trans es experto en oler el despoder. Es un viejo chiste que repiten los políticos: “Si sos gobierno y un juez te llama a declarar en una causa por corrupción, preparate porque significa que te queda poco tiempo en el poder”.
En las postrimerías del kirchnerismo, muchos jueces comenzaron a desempolvar viejas causas contra funcionarios o darle curso más ágil a las nuevas denuncias. Olían antes que otros que la era K llegaba a su fin.
Esta semana, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó una investigación sobre la eficiencia de los jueces federales durante los últimos años. Se trata de una auditoría sobre las causas en curso, el pedido fiscal, la cantidad de imputados requeridos, fecha y número de personas citadas a indagatoria, procesados, prisiones preventivas, etc.
Lo primero que estos abogados auditores observaron es que los jueces fueron remisos a brindar información. Por lo que se vieron obligados a hacer sus propias pesquisas. Así detectaron causas que llevan hasta quince años de proceso y con personas imputadas por la fiscalía, que ni siquiera merecieron una sola citación a indagatoria. Estuvieron paralizadas por años. No serían casos aislados, el informe revela decenas y decenas de ejemplos con sus correspondientes detalles.
La premura mediático-judicial que ahora lleva preso a algún funcionario K todas las semanas, contrasta con este relevamiento que sólo comprueba lo que ya se sabía sobre la inacción anterior.
Todos los presos del kirchnerismo, los que ya están entre rejas y los que irán a continuación, son también un reflejo dramático de la dependencia judicial del poder de turno. Lo que esos funcionarios hacían no era secreto. Era publicado, por ejemplo, en las tapas de este diario y de la revista Noticias: constaban sus nombres, cargos, porcentajes de comisiones, enriquecimientos, modus operandi. No todos, pero había fiscales que realizaban denuncias a partir de esas investigaciones periodísticas, pero lo único que sucedía era que el Gobierno castigaba a los medios y periodistas denunciantes.
La inacción judicial estaba acompañada de inacciones paralelas de empresarios, intelectuales, periodistas y hasta de políticos de la oposición. Por miedo, conveniencia, incredulidad o por lo que fuera.
Bajo sospecha. Aquel silencio ensordecedor tiene su reflejo caricaturesco en esta valentía actual de todos para arremeter contra la corrupción K, que acepta humillar a quienes antes protegía: las imágenes de Boudou siendo detenido en su casa, con jogging, descalzo y dormido, y que rápidamente fueron cedidas a los medios, no sólo humillan al ex vicepresidente.
Son un triste festín para la grieta. Cada nuevo preso del sector B representa una confirmación de los prejuicios del sector A. Es muy humano: cuando pedimos justicia, lo que solemos pedir es que nos den la razón.
Este rock de la cárcel también es una forma de exorcizar las complicidades sociales con lo que pasó. Porque el latrocinio sucedía a la vista de todos, sólo había que querer verlo.
Esta hiperacción actual de ciertos jueces está teñida de las mismas sospechas de cuando funcionaban a cámara lenta. ¿Serán equilibrados? ¿Tendrán pruebas suficientes? ¿Sus investigaciones estarán motivadas por el deseo de encontrar la verdad o de complacer al nuevo poder político? Esta vez, ¿harán justicia?
Según el prestigioso sondeo de Latinobarómetro, la curva histórica de la Argentina de los últimos siete años sobre la confianza en el Poder Judicial, no muestra una mejor consideración de la sociedad frente al repentino cambio de estos jueces. En 2010, sólo el 34% tenía confianza en ése Poder. Pero este año, la confianza bajó otros 9 puntos: cayó hasta el 25%. Parece que la sospecha no disminuyó porque ahora metan presos a los funcionarios que antes no investigaban. Al contrario.
Está claro que existen jueces que no funcionan a conveniencia. También los actos de estos magistrados fueron transparentes, arriesgándose en estos años a dictar sentencias en contra del poder de turno, a costa de tentar al escarnio o de limitar sus carreras judiciales.
De estos jueces no deben preocuparse los nuevos habitantes de la Casa Rosada. A los que deberían temer son a aquéllos que hoy se muestran más dóciles y empiezan a mirar para otro lado frente a denuncias públicas. Estos podrían ser sus futuros verdugos.
