En la Argentina existen varias y graves disfunciones alrededor de la Justicia. La más obvia es la que confirma el viejo adagio según el cual justicia tardía no es justicia. Aquí es siempre tardía, impulsora de todo tipo de iniquidad y constructora de túneles por donde pueden escapar indemnes quienes delinquen. Un impresentable ex vicepresidente de la Nación acaba de beneficiarse de ello. Pero además de tardía es corrupta, no necesariamente porque todos sus funcionarios lo sean, sino porque una masa crítica de ellos que sí lo son, y lo demuestran de manera casi exhibicionista, terminan por inclinar la balanza en esa dirección.
Al renegar de su esencia, la Justicia tampoco se muestra republicana. Se supone que debería tratarse de un poder independiente, pero acostumbra a operar como una herramienta del Poder Ejecutivo y sus simulacros de autonomía son tan poco creíbles, confiables y demostrables como los del Legislativo, otro poder en larga y rancia deuda con la república posible. Cuando la Justicia aparenta autonomía no es para ser justa, valga la redundancia, sino para completar operaciones políticas, obtener beneficios personales o corporativos, y otras especulaciones.
En su valioso estudio La idea de la justicia, Amartya Sen, el economista indio que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998, plantea dos concepciones de la justicia. El institucionalismo trascendental, que apunta a la búsqueda de una justicia perfecta en una sociedad ordenada, y un enfoque que podríamos llamar resultadista o utilitario, que se pregunta cómo reducir la injusticia verificable en una sociedad real, con todas sus circunstancias. En el primer grupo estaría hoy John Rawls (1921-2002), con su teoría de la justicia, precedido en el tiempo por nombres del peso de John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Emmanuel Kant. En el segundo se contarían Adam Smith, John Stuart Mill, Nicolás de Condorcet y el mismísimo Karl Marx, y en este grupo se ubica a sí mismo Sen. De esa manera, dice: ““Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir.” Esto es lo que se le pide hoy y aquí a la Justicia, lo que se espera (hasta ahora en vano) de ella y de la mayoría de quienes la integran. Algo similar a lo que, en la medicina, es el juramento hipocrático, también frecuentemente incumplido: primum non nocere (“lo primero es no hacer daño”). Pero llegar tarde, mirar para otro lado, favorecer a los poderosos, absolver a los corruptos, pactar a espaldas de las víctimas, prestarse a enjuagues políticos, dejar que prescriban causas por sospechosa acción o sospechosa omisión, son algunas de las maneras en que la Justicia, aquí, empieza por dañar. Y, a diferencia, de la medicina, en este campo el perjudicado no tiene siquiera la posibilidad de emprender una acción por mala praxis. Con esta Justicia, quien es víctima una vez corre el peligro cierto de serlo dos veces. La segunda en los tribunales.
Un peligroso daño colateral de todo esto es que el lugar de la justicia posible es ocupado por la ley de la selva, por la reparación por mano propia o por el linchamiento, tanto físico como mediático (hoy a la orden del día gracias al uso disfuncional, artero y a menudo cobarde de internet y las redes sociales para manchar reputaciones, expresar resentimientos o ejecutar venganzas). Así, justicia pasa a ser lo que cada uno considera como tal según su interés, su estado de ánimo, su incapacidad para razonar o su fuerza. Con este estado de cosas se puede matar a un fiscal sabiendo que no se corren riesgos, o la Justicia puede destruir en un instante la reputación y la vida de un profesor de secundaria respetado por sus alumnos al designarlo sospechoso del crimen de una de sus pupilas, para después liberarlo por “falta de mérito”. Dos botones de muestra en una mercería completa. Una injusticia deviene en calamidad, dice Sen, “si pudiera haber sido evitada, y particularmente si quienes pudieran haberla evitado han fallado”.
