La CGT debería pedir seguridad jurídica

Los otros días un amigo me recordó una frase de la señora Robinson (no me refiero al seductor personaje desarrollado por Anne Bancroft en El graduado, sino a una extraordinaria economista keynesiana del siglo pasado): “Algo peor que ser explotado por un capitalista es no ser explotado”. O, en mi versión libre: “Algo peor que un mal trabajo, es un buen desempleo”. La versión contemporánea de aquella reflexión podría ser: “Algo peor que ser explotado por un capitalista, es ser explotado por un capitalista en un país con un gobierno kirchnerista”.
En los últimos días, volvió a la primera plana del debate económico nacional la cuestión de la seguridad jurídica y la estabilidad y previsibilidad de las reglas de juego. Reclamada desde círculos empresarios de primer nivel, ¡hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia!.
Lo curioso es lo poco que se relaciona el nivel de empleo y de ingresos de los trabajadores con dicha falta de reglas claras y estables.

Una aclaración previa. Estabilidad y previsibilidad de las reglas, no implica certeza respecto de la rentabilidad de un negocio. O que una empresa no puede quebrar. Lo que implica es que el entorno regulatorio, impositivo, legal, y, en menor medida, el macroeconómico (si no, ¡de qué viviría!) que sirve de precondición a cualquier proyecto de inversión, permanece más o menos constante, a lo largo del período de maduración de dicha inversión.

Ahora sí, me explico. Un país en donde un secretario de Estado puede decidir, por una orden telefónica y al margen de la ley y las normas vigentes, los destinos de un negocio o la rentabilidad de una empresa; en donde, por una simple resolución de un ministro del gabinete cambian las alícuotas impositivas; en donde la interpretación de las leyes por parte de los jueces varía con gran amplitud de juez a juez; en el cual muchas normas son retroactivas, es un país en donde hacer negocios de manera honesta, o relativamente honesta, es más costoso y más riesgoso. Por lo tanto, a todo proyecto de inversión en tal país, supongamos, la Argentina, cualquier inversor local o internacional le pide una ganancia que compense, no sólo el negocio “normal”, sino la probabilidad de que dicho negocio cambie por modificaciones imprevistas de las reglas. Por lo tanto, si un negocio tiene que “rendir” mucho más que lo habitual, eso significa que muchos proyectos no se hacen o que una parte importante de esa rentabilidad extraordinaria se obtiene pagando menores salarios que en otras condiciones. Dicho de otra manera, como para invertir en un país imprevisible hace falta una rentabilidad extraordinaria, se concretan menos proyectos que los que habría en otras condiciones. Por lo tanto, si todo lo demás no cambia, menos proyectos concretados es menos demanda de trabajo. Y los que se concretan, para que esa rentabilidad extraordinaria se produzca, pagan salarios más bajos a fin de remunerar más el capital invertido.

Va de nuevo. Si hay menos demanda de trabajo, a igual oferta, los salarios son, en promedio, más bajos que los que habría en condiciones normales, y si hace falta una rentabilidad extraordinaria para el capital, también los salarios son más bajos que los que existirían en condiciones “ordinarias”.

Otra forma de eludir la inseguridad jurídica es concretar sólo proyectos de rápido retorno o de baja inversión inicial. De manera de reducir el riesgo de que las reglas cambien durante la duración del proyecto o que el capital en juego, si se pierde, no sea mucho. Esto, otra vez, limita el tipo de inversiones que se hacen y la demanda de empleo.
Obviamente, existe siempre la alternativa, para bajar el riesgo, de hacerse “amigo del poder”. Pero el poder es efímero y cambiante y, por definición, tiene pocos amigos, de manera que esto también limita la inversión disponible.

Resulta claro porque los capitalistas locales o los gerentes de los capitalistas extranjeros reclaman seguridad jurídica y estabilidad de las reglas. Los primeros, porque pueden hacer más negocios en un entorno de este tipo. Los segundos porque, si bien en niveles altos, también son asalariados y su salario está en función del tamaño del negocio que manejan.
Lo que no queda claro, sin embargo, es por qué, siendo el salario y el empleo las variables de ajuste de la imprevisibilidad de las reglas y de la incertidumbre, el reclamo por un escenario regulatorio más estable no lo haga la CGT.