Cuando asumí como secretario, hoy ministro, de Cultura en 1993, me propuse varios objetivos. Uno de los que pude cumplir fue la sanción de la Ley del Fondo de Fomento para la Industria Cinematográfica que hacía tiempo daba vueltas por los despachos de los senadores.
Es interesante y necesario recordar las dificultades y oposiciones que tuvo su trámite porque los recientes sucesos que pusieron en alerta a la comunidad cinematográfica y audiovisual sacan a la superficie a los mismos protagonistas de entonces.
Tomaré como base lo que conté en la excelente entrevista de Eduardo Anguita para su libro La confesión: “Durante mi gestión (como secretario, hoy ministro, de Cultura) se logró la Ley del Fondo de Fomento Cinematográfico del Cine. El desarrollo actual de nuestra industria audiovisual le debe mucho a su creación en el ámbito del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, el Incaa, aprobado por la vía legislativa y presentada y apoyada por el Ejecutivo. Me tomé el trabajo de hablar y convencer, personalmente, a muchos senadores para que aprobaran la ley. Hubo apoyo de la gente del cine que firmó solicitadas, recorrió los programas de televisión, hizo manifestaciones callejeras, un activismo ejemplar en gente de la cultura que luego fue replicado por otros sectores. Está claro que Alfonsín no había podido sacar la ley a pesar de los esfuerzos de Manuel Antín, director de un INCA (entonces sin la A de Audiovisual) sin recursos. Yo tuve que resistir el lobby en contra que hizo la industria norteamericana, acaudillada por el entonces representante de Walt Disney en el país, Diego Lerner. También recibí la presión del presidente de la asociación de la industria norteamericana, la Motion Film, quien viajó especialmente desde Los Angeles para oponerse a una fuente de financiación del Instituto que era un porcentaje del precio de venta y alquiler de los videos de películas (un impuesto equivalente al diez por ciento [10%] aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado, destinado a su exhibición pública o privada, cualquiera fuere su género. En un principio se gravaban las operaciones comerciales relacionadas con los videocasetes, luego se modificó por el perjuicio que ocasionaba y por la evolución tecnológica de ese mercado pero se mantuvo ese aporte). El cine USA reclamaba que no se los gravara, un pretexto para oponerse a la ley. El presidente de la Motion Film (creo que así se llama) fue muy insistente. Hasta se presentó en mi casa sin ser invitado. Entonces comprendí una de las razones por las que los Estados Unidos son la cabeza económica del planeta: estaban preocupados ante la posibilidad de desarrollo de una industria cinematográfica de dimensiones microbianas comparadas con la suya”.
No fue el único lobby en contra. Fue una reacción al artículo c) que establecía otro recurso de financiación: “Con el veinticinco por ciento (25%) del total de las sumas efectivamente percibidas por el Comité Federal de Radiodifusión en concepto de gravamen creado por el art. 75º inc. a) y d) de la ley 22.285”. “Entonces vinieron a verme en delegación los representantes de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, para decirme que se oponían a la ley. Recuerdo que el más activo era el representante de Telefe. Es que para tener fondos propios, para no depender de los humores de los futuros funcionarios, la ley apelaba a la financiación salida del presupuesto de otros organismos como el Comfer. El Comfer cobraba un impuesto de ‘alquiler’ del aire de radios y televisoras privadas de todo el país, también para sostener los medios públicos nacionales que no tenían publicidad, y era un deseo de los medios eliminarlo. A partir de la sanción de la ley si lo lograban iba a reaccionar toda la gente de la cultura y querían evitar el escándalo. Su planteo era amable pero amenazante”.
Algo relevante fue la ejemplar movilización de la gente del cine en apoyo de la Ley, rompiendo una tradición de cierta prejuiciosa pereza de la gente del arte y la cultura a manifestarse activamente a favor de sus intereses. Me emociono al recordar la sala del Senado repleta de fervorosos técnicos, directores, productores, actores, actrices, celebrando la aprobación por unanimidad. Esa actitud proactiva de los cinematografistas, que hoy repiten, favoreció más tarde la aprobación de otras leyes culturales equivalentes, pues los teatristas, bailarines y otros rubros adoptaron la evidencia de que las cosas se consiguen con movilización.
Dado que la comunidad cinematográfica y audiovisual, con el apoyo de todos los sectores de la cultura argentina, se moviliza hoy con energía en defensa del Fondo de Fomento, cabe recordar otras vías de financiación que también deben ser custodiadas: “e) con los legados y donaciones que reciba (el Incaa), f) con los intereses y rentas de los fondos de que sea titular, g) con los recursos provenientes del reembolso de créditos otorgados por aplicación de la presente ley, h) con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento Cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores, i) con todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión del organismo, j) con los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de las concesiones que se otorguen en oportunidad de la realización de eventos vinculados al quehacer cinematográfico”.
La Ley 24.377, sorteando los ripiosos obstáculos que se le opusieron, tuvo su aprobación final por unanimidad en el Senado el 29 de septiembre de 1994 y se publicó en el Boletín Oficial el 19 de octubre de ese año.
*Historiador.
