Presidente de Berensztein, consultora de análisis político y estratégico.
La historia judicial de la Argentina está plagada de casos de impunidad. La causa AMIA es uno de ellos, y la gravísima denuncia que había hecho Alberto Nisman antes de ser asesinado se encaminaba a terminar igual. Esta semana se cumplía un año desde que la Cámara de Casación había ordenado reabrir la investigación por traición a la patria en relación con el memorándum de entendimiento (¿encubrimiento?) con Irán. Un dictamen de los jueces Hornos y Borinsky que rompió la inercia y nos permite ahora, como sociedad, meternos en un debate complejo, doloroso, pero imprescindible. Quiero aprovechar este espacio para enfatizar lo que en mi opinión son los elementos políticos más importantes que surgen hasta ahora en este caso.
En primer lugar, estamos frente a interrogantes claves respecto de la naturaleza del proceso de toma de decisiones de política pública en nuestro país. ¿Tenemos claramente definido y consensuado un conjunto de objetivos estratégicos que orienten las decisiones públicas más allá del gobierno de turno o de circunstancias específicas? ¿Se evalúan con criterios razonables y explícitos los costos materiales y simbólicos, incluyendo los reputacionales, tanto domésticos como internacionales, que dichas decisiones pueden implicar? ¿Tenemos equipos de profesionales capaces de evaluar las propuestas y sugerir alternativas respecto del diseño, la implementación, el control y los posteriores ajustes de una política pública determinada? Estas preguntas no son menores y ponen de manifiesto un, al menos hasta ahora, funcionamiento irregular, improvisado y de baja calidad de nuestros gobiernos. Carecemos de los mecanismos institucionales y de los recursos humanos y materiales para gobernar bien o, al menos, mejor de lo que lo hicimos durante las últimas décadas.
En segundo lugar, este caso nos permite analizar el impacto de estas deficiencias recién señaladas con foco en la política exterior y en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. No es sencillo comprender por qué Argentina cambió tan súbitamente la relación con Irán. ¿Qué motivos reales justifican semejante giro en el vínculo con un país que había sido denunciado por todos los presidentes argentinos, desde 1994 en adelante, incluyendo ciertamente a los Kirchner, como autores intelectuales del atentado a la AMIA? Hay múltiples especulaciones de todo tipo, pero muy pocas precisiones respecto del cambio espectacular e injustificado de política exterior. Ojalá que esta investigación permita comprender todos los detalles. Más allá de ello, nótese que la elaboración del memorándum no contó con la colaboración de especialistas de Cancillería, ni de los ministerios de Defensa o de Justicia. Tampoco se consultaron grupos de especialistas, académicos, organismos de la sociedad civil u otras fuentes que permitieran validar y mejorar la concepción y la redacción del memorándum. Por el contrario, el secreto y la discrecionalidad fueron las características centrales de la elaboración de dicho instrumento.
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Todo se manejó desde la Presidencia de la Nación, encapsulando la cuestión como grave secreto de Estado y sin permitir que funcionaran mecanismos más modernos, razonables y transparentes de toma de decisiones públicas.
Justicia ilegítima. En tercer lugar, podemos también reflexionar sobre algunos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial y de las visiones sesgadamente ideologizadas que al respecto existen en el país.
En efecto, que una denuncia tan grave derive en la muerte del fiscal que la impulsaba y dispare una insólita serie de ataques personales sobre su figura y su integridad por parte de las principales figuras del gobierno en funciones, ¿no despertó ninguna inquietud o sospecha por parte del juez Rafecas? Más recientemente, la dura polémica respecto de la utilización de la prisión preventiva parece ignorar el hecho de que la mayoría de los presos argentinos, incluso algunos imputados con delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar, están privados de su libertad precisamente por la utilización de ese instrumento. ¿Por qué antes estaba bien y ahora está mal? ¿Qué justifica este doble estándar? ¿Estamos dispuestos a cumplir a rajatabla el principio de igualdad ante la ley?
Escribanía oficial. En cuarto lugar, debe revisarse aquí el papel del Congreso, que aprobó en sesiones extraordinarias el memorándum en apenas dos semanas, a finales de febrero de 2013, sin modificar ni una coma ni debatir mínimamente un proyecto de semejante envergadura. Nótese aquí el papel de las mayorías parlamentarias alineadas con los poderes ejecutivos, que resignan el papel de contralor que deben ejercer según nuestro sistema republicano en nombre de una concepción al menos sesgada y minimalista de la gobernabilidad y de la supuesta disciplina partidaria (en un sistema político que en la práctica carece, aún hoy, de partidos serios). A la vez, las comisiones de ambas cámaras no cuentan con un cuerpo de profesionales permanente capaces de enriquecer los debates y mejorar la calidad de los proyectos.
En síntesis, el Congreso está más acostumbrado a adaptarse a los caprichos del gobernante de turno, aunque se trate de casos estrambóticos como el memorándum con Irán, que a ejercer su papel como integrante medular del sistema de frenos y contrapesos que dispone nuestra Constitución.
Estas cuestiones han sido comunes denominadores de nuestra historia contemporánea, pero aparecen condensadas, potenciadas y hasta espiralizadas en el caso del memorándum con Irán.
Ojalá podamos comenzar a revertir el proceso de degradación institucional que vive la Argentina, uno de cuyos capítulos más lamentables es precisamente el que nos ocupa ahora.
