El conflicto desatado por la reducción de becas estudiantiles en el Gobierno de la Ciudad pone de
manifiesto una esfera estatal –la del Ministerio de Educación–en la cual prevalecen la
urgencia y la gran necesidad de integrar a un elevado número de niños y jóvenes al sistema. Pero,
también, deja al descubierto el precario trabajo de planeamiento y evaluación de las políticas
públicas estatales que son implementadas.
El conflicto desatado por la reducción de becas estudiantiles en el Gobierno de la Ciudad pone de manifiesto una esfera estatal –la del Ministerio de Educación–en la cual prevalecen la urgencia y la gran necesidad de integrar a un elevado número de niños y jóvenes al sistema. Pero, también, deja al descubierto el precario trabajo de planeamiento y evaluación de las políticas públicas estatales que son implementadas. El clientelismo político es un sistema extraoficial de intercambio de favores en el cual los titulares de cargos políticos “conceden” prestaciones obtenidas a través de su función pública, a cambio de apoyo electoral. El fenómeno no es nuevo, ciertamente, en América latina, pero se ha visto potenciado especialmente en la región por el fuerte impacto de las reformas implementadas durante la década de los noventa. Así, el desempleo y subempleo, la informalidad y desprotección en el trabajo, la concentración brutal del ingreso y la profundización de las condiciones de pobreza y exclusión social impactan de formas variadas e intensas en las condiciones de vida de nuestros jóvenes que, en proporciones cada vez mayores, ni trabajan ni estudian. La Ciudad de Buenos Aires parecería no poder escapar a esta lógica perversa. El problema reside en que las respuestas parten desde un Estado desmantelado y sin tradición organizativa, por lo que el mecanismo de mediación informal, es decir, la propensión al clientelismo político que se establece entre la acción del Estado y las necesidades de los diversos grupos sociales, termina contribuyendo a dinamitar la “calidad de vida” de la población que se pretende asistir. En 2001 la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Becas Estudiantiles (PBE), cuyo objetivo era lograr una mayor inclusión social y retención escolar y evitar que los alumnos abandonen la escuela por situación de vulnerabilidad económica. Hasta 2007, la autoridad estatal estaba encargada de brindar información y de administrar el programa; seleccionaba a los futuros beneficiarios según la gravedad de la situación socioeconómica de los postulantes y en función de los siguientes datos: tenencia y tipo de vivienda, ingreso per capita del grupo familiar, condición de actividad, ocupación laboral y situación de vulnerabilidad educativa del alumno. El examen minucioso de las cifras de la demanda de becas es elocuente: se pasó de 14.484 aspirantes en 2001 a 25.430 en 2002; alcanzó las 42.246 solicitudes en 2003, 59.147 en 2005, 61.237 en 2006, 64.807 en 2007 y 60.167 aspirantes en 2008. El estipendio pasó de $ 100 a $ 250 y luego a $ 500 anuales que fueron otorgados a veces en cuotas y en registros de dudosa contabilidad y ninguna transparencia. Según datos oficiales, el presupuesto asignado pasó de $ 2,5 millones en 2002, a $ 20 millones en el ejercicio 2007. A simple vista, el fuerte incremento presupuestario dado entre los años 2001 y 2007 podría parecer una buena noticia; sin embargo, el aumento sostenido del recurso no se compadece con los índices oficiales que muestran, en igual período de tiempo, una merma superior al 50% para la cantidad de hogares pobres y de personas indigentes registrados en la ciudad. A la ausencia de controles internos por parte de la autoridad estatal en la implementación del Programa de Becas Estudiantiles se le suma la no exigencia de la evaluación de los aprendizajes, transformando el sistema educativo en una “playa de estacionamiento”. Este modelo de política social neo-asistencialista que transforma a los pobres en clientes de una serie de acciones focalizadas, se ve complementado por la irrupción y el estímulo oficial a iniciativas filantrópicas llevadas a cabo por ciertas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, empresas, ONG, asociaciones voluntarias, etc., que pretenden tomar a su cargo las responsabilidades inherentes a la función estatal. En todo caso, la apuesta más interesante sería fortalecer las capacidades estatales para ejercer –sin estridencias marquetineras, ni conflictos sociales– el proceso de formulación, diseño, implementación, evaluación y control de las políticas públicas. De este modo, se podría avanzar en pro de una ciudadanía plena e inclusiva, mucho más saludable para los jóvenes de la ciudad.
