Esta es la historia de un grupo de personas unidas por el deseo de llegar a la verdad y de castigar a los culpables por
las desapariciones de esa época a través del sistema legal de la justicia argentina. Fundaron y trabajaron en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización no gubernamental que se encargó de llevar adelante la mayoría de los juicios en contra de los represores de la dictadura.
Quienes integraron e integran el CELS provienen de distintos lugares y posturas ideológicas, pero dentro de ciertos límites. Casi todos son profesionales, la mayoría abogados, y el arco político va desde la izquierda democrática hasta el liberalismo progresista. Sus fundadores son padres y madres de clase media de jóvenes desaparecidos, como Emilio y Chela Mignone, y Augusto y Laura Conte. A diferencia de sus hijos, que despreciaban la democracia burguesa y querían cambiar el sistema, ellos pensaban que la dictadura que se había llevado a sus hijos era una aberración del sistema. Supieron ver que solo conocerían la verdad sobre las desapariciones y obtendrían justicia para sus víctimas si recuperaban ese sistema, esa democracia tan vapuleada y despreciada por la generación de sus hijos. Con las herramientas legales y políticas de la democracia ayudaron a reconquistar la democracia. A partir de ahí emprendieron un largo camino para darle sentido a esa conquista formal a través de una praxis, un lenguaje, una iconografía, un relato, al fin, una cultura de respeto a los derechos humanos que hoy se ha instalado en nuestra sociedad para dar pelea a distintas corrientes reaccionarias y fundamentalistas.
La historia del CELS empieza con sus fundadores pero no termina con ellos. También se destacaron militantes jugados como Jorge Baños, que murió en el asalto al cuartel de La Tablada en 1989, abogados trotskistas que ven en la práctica legal un puesto de lucha prerrevolucionario, como Luis Zamora y Marcelo Parrilli, sobrevivientes de la resistencia peronista como Alicia Oliveira, jóvenes idealistas recién salidos de las universidades como Carolina Varsky y Santiago Felgueras, y profesionales de los derechos humanos, educados y entrenados en Estados Unidos, como Víctor Abramovich, Martín Abregú y Gastón Chillier.
Sin embargo, un nombre se destaca entre todos ellos y es el del actual presidente de la organización, Horacio Verbitsky. El influyente periodista de Página/12 es una institución en sí mismo que opaca y visibiliza a la vez al CELS. Actuaciones y relaciones, odios y amores se tocan y se entrecruzan, y aunque Verbitsky dice que para él está todo muy claro, para los miembros del CELS se hace difícil discernir dónde termina la ONG y dónde empieza el periodista. Ni hablar para los de afuera.
En la actualidad, además de los juicios a los militares, el CELS monitorea la aprobación de los ascensos militares en el Congreso y participa en distintos programas, proyectos y actividades vinculados con el reclamo por los crímenes de la dictadura. También se ocupa de casos de violencia policial, de abusos en las cárceles y de libertad de expresión. Además prepara proyectos de ley para mejorar la seguridad y el funcionamiento de la justicia, haciendo de nexo entre la demanda social, la vocación de servicio de sus integrantes y los temas de interés de sus donantes.
La principal fuente de financiación del CELS es la Ford Foundation, la segunda organización filantrópica de Estados Unidos por el volumen de ayudas que maneja y con un importante programa para fortalecer los derechos humanos en América Latina. Además, entre sus principales donantes están la Unión Europea, la Fundación Oak (una ONG global con sedes en Londres, Ginebra y con base en Carolina del Norte, Estados Unidos), el Sigrid Rausing Trust (Suecia), la Fundación Heinrich Böll Cono Sur (con base en Alemania), Open Society Foundations (OSF, la ONG de George Soros) y el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. No recibe fondos del gobierno nacional, excepto a travésde convocatorias académicas concursadas, como la que lepermitió suscribir un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación a través del programa de becas Carrillo-Oñativia. El CELS también cuenta con donantes particulares. Hoy tiene unos sesenta y cinco empleados, la mayoría de ellos Derechos humanos. Su presupuesto anual para el año 2014 fue de casi 2,6 millones de dólares, según su último balance.
La embajada estadounidense toma los informes del CELS como fuente principal para elaborar sus informes anuales sobre derechos humanos para el gobierno norteamericano. El CELS es la pata local de una importante red internacional de organismos de derechos humanos, cuyos referentes principales son Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, con sede en Nueva York. A la vez, la institución argentina está a la vanguardia de una tendencia global hacia la descentralización de esa red para democratizar su agenda y establecer nuevas alianzas en lo que se dio en llamar “marcos de cooperación Sur-Sur”.
La historia del CELS está atravesada por los debates que fueron marcando el camino de las organizaciones de derechos humanos, desde la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) hasta el apoyo al gobierno de los Kirchner, pasando por el punto final de Alfonsín y los indultos de Menem. La relación con los distintos partidos políticos y gobiernos, la aceptación de las reparaciones económicas a la víctimas y familiares de la dictadura, la distancia con las organizaciones armadas mientras existieron, las coincidencias y diferencias con los demás organismos de derechos humanos y el modelo estadounidense de ONG de derechos humanos adoptado por Mignone (encarnado por profesionales hiperformados) y continuado por sus sucesores, la simbiosis con la figura de Verbitsky.
*Periodistas. / Fragmento del Libro Derechos Humanos. La historia del CELS. (Editorial Sudamericana).
