La crisis cambiaria que mantuvo en vilo al país en las últimas semanas no pudo tener un episodio más dramático con el anuncio de Mauricio Macri de pedir asistencia al Fondo Monetario Internacional. El FMI ha sido un polémico compañero de ruta de la Argentina desde 1958 hasta 2003, al cual el país estuvo a punto de decirle adiós en 2005, cuando Néstor Kirchner canceló toda deuda con un pago de US$ 9.810 millones. Pero no se retiró de ese club de 189 socios y sigue abonando la cuota que hace que el Fondo continúe realizando auditorías sobre el estado de la economía y habilita al país a pedir su intervención en caso de emergencias. Sobre si la economía se encuentra realmente en emergencia gira parte del debate de hoy, porque mientras la calle se estremecía ante la “buena nueva”, altos funcionarios señalaban que la economía está en un proceso de pleno crecimiento “sano” y que las turbulencias de debían a causas completamente externas. La historia de Argentina con el FMI ha sido tumultuosa. Creado en 1948 como parte de los acuerdos de Bretton Woods, Perón se negó a sumar al país al nuevo organismo, convencido de que se trataba de un engaño para consolidar el área dólar. Fue con la dictadura de Aramburu en 1956 que se incorporaría por recomendación de Raúl Prebisch. A partir de allí la relación con el Fondo sería intensa, con unos 26 acuerdos donde la mitad fueron a partir del restablecimiento de la democracia. La falta de cumplimiento de las metas fue una constante, así como la renegociación de las condiciones, tanto por culpa del país como por los esquemas mecanicistas del propio Fondo. Con la decisión de pedir asistencia al FMI, Macri terceriza la línea económica en la tecnocracia del organismo. Si el reclamo generalizado era la concentración de las decisiones económicas en un solo ministro, ahora muchas responsabilidades recaerán en los expertos de Pennsylvania Avenue. Las medidas a aplicar serán inapelables, dado que responderán a los pedidos del árbitro elegido, donde el Fondo funcionará como una herramienta legitimadora de las políticas que hasta ahora no se pudieron llevar adelante por falta de consenso político, como la reforma laboral. Tampoco se puede decir que el Gobierno se encuentre en términos generales lejos de los lineamientos fondomonetaristas, como ocurriera, por ejemplo, en el caso griego. Allí un gobierno de izquierda tuvo que ceder a los mandatos de la llamada troika, donde uno de los miembros era el FMI. Ni Cambiemos es Syriza, ni Dujovne es Varoufakis, el ministro de Finanzas griego hasta 2015, cuando renunció en disconformidad con las políticas de ajuste que el Fondo impuso al país heleno. Por el contrario, muchas de las políticas adoptadas por Cambiemos –como el retiro del cepo cambiario, la liberalización del precio de los combustibles y el retiro de los subsidios a las tarifas– han merecido un muy bien 10 de Christine Lagarde, adelantando tarea que el FMI recomendaría sin dudarlo. Esto representa una ventaja para el Gobierno, porque viene presentando metas fiscales que podrían coincidir con las del organismo, aunque de muy difícil cumplimiento. Si bien la misión declarada del FMI es asegurar la estabilidad financiera promoviendo un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible, la operatoria real sobre los países periféricos es la obtención de superávits fiscales que aseguren el pago de las obligaciones externas, que como se sabe se puede obtener de dos fuentes: reducción del gasto público y aumento de la presión impositiva. Todas las propuestas irán en ambos sentidos.
Efectos. Se puede pensar que la “última carta” de acudir al Fondo fue correcta, apresurada o incorrecta, pero nadie duda de que traerá consecuencias en los planos económico, social y político. Las consecuencias económicas serán las más inmediatas, si logra frenar la corrida cambiaria, evitando que los ahorristas retiren sus depósitos de los bancos, y esterilizar el supermartes del 15 de mayo para que los tenedores de Lebacs por $ 680 mil millones decidan mantener esas tenencias y no pedir los dólares respectivos. En el mediano plazo se deberá evaluar en qué medida las condiciones del crédito conllevan efectos recesivos, como suele pasar con la aplicación de las medidas del Fondo. Las consecuencias sociales son las más complejas de evaluar. Cuáles serán las reacciones si entre las imposiciones figurase una mayor reducción de las jubilaciones (como pasó en Grecia), la ampliación de la edad para retirarse, el congelamiento de los sueldos públicos y el despido masivo de empleados del Estado. Esto también corre si hay demandas de reducción de los planes sociales y subsidios que aún se mantienen. Es verdad que la actualización tarifaria se realizó en un clima de relativa paz social, pero el país no está en condiciones de resistir cuadros como los de las manifestaciones en el Congreso de diciembre. Finalmente, habrá consecuencias políticas en el plano de la imagen del Gobierno y de Macri al aceptar los condicionamientos de una institución internacional que pocos argentinos quieren, en una opción que pone en riesgo el futuro político del Presidente. Muchos aún consideran al FMI responsable de la crisis terminal de 2001, cuando a pesar de la multiplicación de las exigencias no quiso prorrogar un vencimiento de deuda de apenas US$ 1.260 millones, lo que contribuyó a la caída de Fernando de la Rúa, empujando al país al default. Hay que recordar que las políticas del FMI fueron cuestionadas a nivel internacional. Un informe de la propia Oficina de Evaluación Independiente publicado en enero de 2011 (http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/Crisis%20FRE.pdf) señaló la escasa capacidad técnica del Fondo para prever la crisis financiera de 2008. Lejos de dar advertencias precisas sobre los riesgos y las vulnerabilidades de la crisis que estaba a punto de estallar, mostró un inusual optimismo “cautivado por el postulado intelectual y cierto estado de ánimo de que era improbable una gran crisis en los principales países industrializados”. En síntesis, los métodos y las políticas del Fondo han sido objetados tanto por su falta de eficacia como por sus sesgos hacia medidas de corte neoliberal, que pocas veces han resultado exitosas en términos del desarrollo de los países emergentes. Ojalá esta vez sea diferente.
