Cuando Cristina Fernández asumió la presidencia, en diciembre de 2007, había que pagar $ 3,13 si se quería comprar un dólar. Puesto que la inflación en Argentina (según Ipccqp, basado en provincias) acumuló el 456% desde ese momento, mientras que en los Estados Unidos fue de sólo 15,09%, para que el tipo de cambio fuera el mismo (en términos reales) al de diciembre de 2007, hoy la moneda norteamericana debería cotizar a $ 15,12 un valor muy cercano al que observa el billete paralelo.
Pero además, como el dólar se fortaleció respecto de las monedas de nuestros socios principales, por la devaluación tanto del euro como del real, ese valor se quedaría incluso corto para devolvernos la misma competitividad que teníamos con Europa o Brasil.
El tipo de cambio no lo es todo. El valor de nuestra moneda no es el único determinante de la competitividad de la economía. Bien podría darse el caso de que la productividad de nuestros trabajadores hubiera aumentado más que en otros países, por la incorporación de capital y tecnología, por ejemplo. De hecho, si miramos el PBI por trabajador equivalente, en Argentina aumentó el 17% en los últimos ocho años, mientras que en Estados Unidos lo hizo el 11%, en Brasil el 5% y en el Area Euro sólo el 3,5% en ese lapso.
Como la productividad del trabajo depende básicamente de las inversiones en capital y las incorporaciones de nuevas tecnologías, la clave aquí pasa por bajar el costo del endeudamiento y mejorar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. En esta materia también hoy la situación es incluso peor para el país que lo que era en 2007, porque comparativamente la región consiguió financiamiento mucho más barato y abundante, quitándonos competitividad.
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Federico Sturzenegger, uno de los principales economistas de la oposición, lo puso muy claro en una reciente presentación frente a empresarios de LIDE. “Si YPF consigue fondos al 9% y Petrobras, con todos los problemas que tiene, coloca deuda al 4,5%, evidentemente nuestras empresas están pagando un sobrecosto financiero, que impacta en la rentabilidad y compromete la competitividad”.
El bono fiscal. La ecuación de rentabilidad de los sectores productivos depende también del resultado del combo fiscal del Estado que cobra impuestos, quedándose con una parte de la ganancia empresaria y desalentando el uso eficiente de los recursos productivos, pero por el otro lado produce bienes públicos que aumentan la rentabilidad de las empresas y les permiten pagar mejores salarios a sus trabajadores.
Las inversiones en infraestructura, las externalidades de los gastos en salud y educación, la gestión de la Justicia y la mayor o menor agilidad del aparato burocrático vinculado a las habilitaciones, permisos y demás regulaciones influyen fuertemente en la tasa de ganancia de las empresas.
Aunque muchos economistas hacen hincapié sólo en la enorme presión tributaria, el modo correcto de analizar el bono fiscal es mirando no sólo “el precio” de los bienes públicos, sino también su calidad.
Es difícil acá encontrar un índice que cuantifique el bono. Sin embargo, por el lado de los impuestos, según un estudio de Nadin Argañaraz, del Iaraf, la presión tributaria era del 24,8% del PBI en 2007 y pasó al 35,1% en 2014, de manera que la carga fiscal aumentó unos 10 puntos del PBI. El lastre para los productores es significativo, puesto que representa un aumento en la factura de impuestos del 41%, en un contexto en el que ningún indicador de calidad del gasto público muestra mejoras de esa magnitud
Esta situación se ve agravada en muchos sectores en los que los tributos no recaen sobre las ganancias ni resultan trasladables a los precios, como ocurre con las retenciones en el sector agropecuario, que se cobran independientemente de que el productor gane o pierda, como un porcentaje del total vendido, sin que los productores puedan descontar sus costos. Entonces, si la inflación aumenta los costos y el dólar no acompaña, cae la rentabilidad pero no lo hacen los impuestos, resultando una presión fiscal insoportable, que en muchos casos determina, como ya ocurrió con el trigo y ocurrirá con el maíz en esta temporada, una reducción de las áreas sembradas.
Infraestructura y competitividad logística. Otro limitante de nuestra capacidad para comerciar con el mundo es la logística, que tiene que ver con la infraestructura en transporte, puertos, eficiencia de las aduanas, comunicaciones, etcétera. La gente del Banco Mundial hace un relevamiento anual y construye un índice de performance logística para 160 países desde el año 2007.
Argentina ocupa el lugar 60 en ese ranking logístico, por encima de Brasil, que está en el lugar 65, pero lejos de México, que detenta la posición 50, y de Chile, que está en el puesto 42. Estados Unidos, por su parte, está en el noveno escalón, al tiempo que Alemania, el corazón del Area Euro y principal exportador del mundo, encabeza el podio.
Esta enorme diferencia es una de las razones por las que los alemanes pueden pagar salarios en dólares mucho más altos que los nuestros y aun así siguen siendo competitivos. Buena parte de los salarios que nuestros trabajadores podrían percibir quedan atrapados en cada bache que los camiones encuentran, en cada tren que no sale, en cada día que se pierde en las aduanas.
Pero lo interesante es mirar la evolución de la performance logística, porque si la apreciación de nuestra moneda hubiera sido acompañada de un salto en las condiciones de transporte, almacenamiento, seguimiento y despacho de nuestros productos, no habría afectado nuestra competitividad.
En ese sentido, mientras que México mejoró el 9% su performance logística y Brasil lo hizo el 7%, Argentina se mantuvo prácticamente estancada, lo que implicó un retroceso en el ranking, puesto que en 2007 estábamos en el puesto 45 y perdimos 15 lugares.
La buena noticia es que el próximo gobierno no necesariamente tiene que devaluar para sacar la mochila de plomo que el atraso cambiario puso sobre los productores. La mala noticia es que los otros determinantes de la competitividad requieren muchos cambios que ningún candidato está proponiendo expresamente.
Entonces, todo lo que no se baje el gasto público (y con ello los impuestos), o se mejore drásticamente la calidad de esas erogaciones y todo lo que no se logre reducir los costos del financiamiento para la incorporación de capital, deberá compensarse ineluctablemente con una devaluación.
