Antonio Horacio Stiuso se presentará como querellante en la investigación abierta por la difusión de los audios donde Cristina Fernández pregunta por las causas “armadas” contra el espía. La contienda personal de Stiuso es incansable. La búsqueda de ser querellante apunta ahora a incidir en la investigación, abrir una nueva puerta para que Oscar Parrilli, el interlocutor de Cristina Kirchner en los audios, sea llamado a declarar, busca reclamar allanamientos, exigir nuevas pruebas. Stiuso está convencido de que la ex presidente quería matarlo. Fernández de Kirchner cree que el espía es el brazo ejecutor de un poder en las sombras que pretende llevarla a la prisión. Y en ese mar turbulento, un conjunto cada vez más grande de pícaros pescadores sacan provecho.
Stiuso se encontraba fuera de la Argentina cuando los audios fueron difundidos por el programa de Luis Majul. Cuando regrese enviará a su abogado Santiago Blanco Bermúdez al juzgado de Sebastián Casanello para ser admitido como querellante. Y a renglón seguido, el espía va a pedir la recusación del juez y del fiscal Franco Picardi para separarlos de la investigación.
Stiuso, quien durante décadas trabajó de incidir en las investigaciones de los juzgados de Comodoro Py, encasilla a Casanello y Picardi en las filas de sus adversarios y, por lo tanto, va a bregar todo lo posible por empujar la denuncia hacia otro juzgado.
Dos años atrás, Picardi había acusado a Stiuso de haber extendido ilegalmente escuchas secretas de los teléfonos de un conjunto de informantes que trabajaban en Argentina para la firma privada de espionaje británica Dark Star Security. La extensa red montada por la estrella oscura de los ingleses involucraba desde empresarios, hasta periodistas y dueños de medios. Stiuso los denunció y, de esa forma, echó luz sobre los privados que competían con la SIDE. La luz es la peor enemiga de los informantes. Lo último que desea ahora el espía es encontrarse en manos del fiscal que lo denunció por la causa Dark Star.
Filtración. La revista Noticias reveló esta semana que los audios de la conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli fueron filtrados por la segunda de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Silvia Majdalani. Ni siquiera el kirchnerismo se había atrevido a entregar audios de escuchas judiciales para conseguir objetivos políticos.
El aventurerismo puede ser consecuencia del nerviosismo que recorre a la AFI tras la denuncia contra su jefe, Gustavo Arribas, señalado por el diario La Nación de recibir dinero en negro de un financista de Brasil que repartió sobornos en América Latina de parte de la firma Odebrecht.
El uso abusivo del espionaje oficial no diferencia opositores de aliados. Elisa Carrió acusó a Majdalani de espiarla. Antes había sido blanco de seguimientos Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana.
La diputada de la Coalición Cívica tuvo una actitud muy diferente en los dos escándalos que golpearon al Gobierno: a Gómez Centurión lo defendió frente a las acusaciones de coimas, en cambio a Gustavo Arribas lo denunció ante la Justica a las pocas horas de publicada la denuncia.
Es cierto que Arribas no le pasaba información, a diferencia del aduanero.
El jefe de la AFI le juró a Mauricio Macri que puede demostrar su inocencia frente a la denuncia de dinero negro.
A puertas cerradas, el argumento que esgrimió el jefe de los espías es que los 70 mil dólares que le giró el cambista Leonardo Meirelles fueron por los muebles de la vivienda que vendió en Brasil.
Como no eran parte de la propiedad, su argumento es que se pagaron aparte. Una explicación perfecta para que no aparezcan en la escritura. Macri le creyó.
