Los éxitos del gobierno nacional en el frente externo no se acompañan de buenos resultados hacia adentro. Eso está deteriorando la posición del Gobierno ante la sociedad. Es cierto que la opinión pública hasta ahora viene acompañando con expectativas favorables. Pero no solamente se generan razonables dudas sobre cuál es el plazo de vigencia de ese cheque de confianza; además, hay momentos en los que la opinión pública no es todo, en los que la política se despliega cómodamente produciendo hechos que alteran los equilibrios políticos. Son momentos en los que la opinión pública no alcanza, por ejemplo, para contener a los sindicatos, lanzados a recuperar espacio político promoviendo un clima de protesta social, ni para neutralizar a las organizaciones políticas cuando éstas buscan retomar la iniciativa. Ese fue el caso en los años 80, cuando el gobierno de Alfonsín se vio crecientemente presionado por el sindicalismo, por la política y por los problemas reales que afectaban a la sociedad, hasta que la opinión pública –inicialmente muy a su favor– fue cediendo y terminó dejando al gobierno desguarnecido y sin espacio para buscar nuevas respuestas. Siempre hay margen para la duda con respecto a cuándo el equilibrio vigente se quiebra; pero está claro que esa duda se aplica a las dos caras de la moneda. No es seguro que la sociedad vaya a retirar muy pronto la confianza que viene dispensando al Gobierno; pero tampoco es seguro que no vaya a hacerlo. Los sindicatos y los sectores políticos opositores que deciden ahora pasar a la ofensiva tienen poco que perder, ya que parten de una posición de derrotados; tomar riesgos les cuesta poco. En cambio, el Gobierno tiene mucho que perder; manejándose como lo hace bajo el supuesto de que la sociedad seguirá esperando pacientemente los resultados que no llegan, debería estar preparado para asumir una alta prima de riesgo. No parece ser el caso.
En aquellos años 80, la ofensiva contra el gobierno la encabezó el sector sindical. Ya están en la historia los números de los paros generales que sufrió el gobierno de Alfonsín. Es cierto que uno de los efectos fue la caída de la imagen de los sindicatos en la sociedad argentina, que no se recuperó nunca hasta hoy; el sindicalismo perdió estima social pero mantuvo su poder. Cierto, en los años de Alfonsín los problemas reales también se fueron agravando seriamente. El gobierno respondió en todo momento actuando bajo el supuesto de que su versión de lo que sucedía era la correcta: por ejemplo, la inflación era un fantasma conspiratorio, no un problema genuinamente preocupante. La política económica en aquel tiempo estaba más centralizada que hoy; el gabinete económico tenía una cabeza, no muchas como ahora. Pero era el mismo presidente el que la neutralizaba. Todo eso precipitó un vuelco del electorado hacia una nueva versión del peronismo, con un sesgo orientado hacia el centroderecha, que preparó el terreno político para lo que vino después.
Hoy la escena se ve diferente, pero la naturaleza de los problemas es comparable. El Presidente interviene poco, no se percibe una estructura de mandos y aparecen tendencias dispersas en la toma de decisiones. El Gobierno elude definiciones explícitas sobre su “estrategia para el país”; más bien parece creer que lo que está haciendo es suficiente sin mayores explicaciones, mientras los líderes de opinión en los distintos frentes en los que efectivamente se forma opinión en la sociedad tienden a coincidir en que eso es insuficiente. Muchos dicen, entonces, que el Gobierno adolece de limitaciones en su capacidad de comunicar, y algunos quitan importancia al problema de la comunicación y apuntan a un déficit en la gestión misma. Esa es la escena. La naturaleza de los problemas se pone de manifiesto en las consecuencias: los problemas reales, sumados a los problemas que muchos creen percibir, están ahí.
El paro del viernes 29, la sanción de la ley de despidos contra la voluntad del Ejecutivo, entre otros hechos, contribuyen a poner una certificación de “realidad” a muchos temas de los cuales se habla a diario y a legitimar ante la opinión pública a quienes se movilizan detrás de esos temas. El balance de fuerzas en la arena política empieza ahora a ser negativo para el Gobierno. Los diversos indicadores económicos y sociales no están bien y al Gobierno se lo nota crecientemente proclive a negarlo en lugar de mostrar caminos para mejorarlos.
Dentro del Gobierno trascienden crecientemente discusiones acerca de opciones alternativas, que son las mismas que tienen lugar en muchos ámbitos de la sociedad, desde la calle hasta espacios sectoriales más informados: más gradualismo o más shock, más ortodoxia o más concesiones heterodoxas, más mano dura o más mano blanda, más o menos énfasis en cargar las tintas sobre la gestión anterior. Pero hay un hecho insoslayable: el grueso de la ciudadanía no espera que los gobiernos transmitan sus propias dudas sino que asuman el liderazgo en la búsqueda de solución a los problemas. En la televisión, millones de personas esperan encontrar debates de ideas, confrontaciones y dudas; del Gobierno esperan certezas y decisiones claras.
El Gobierno quiere mostrarse neutral ante la Justicia. Es un cambio profundo en las relaciones entre los distintos poderes del Estado. Pero ese cambio no tiene por qué implicar un retiro del Gobierno del control de los espacios públicos. La opinión pública se va alimentando día a día de lo que se dice y de lo que ocurre; al cúmulo de problemas no resueltos se suman la inseguridad y los temores, y vuelve a sufrirse también la ocupación de la calle decidida unilateralmente por activistas políticos y por las protestas gremiales. Son muchos frentes en los que el liderazgo político del Presidente está siendo desafiado.
El macrismo tiene un atributo de identidad: se muestra como lo más opuesto que puede concebirse a un liderazgo autoritario o sordo a la diversidad de voces. Ese atributo puede imperceptiblemente ir transmutándolo en un liderazgo débil e inefectivo. Si eso sucede, hay que esperar que las expectativas se pulvericen y el clima de opinión se modifique en contra del Gobierno. Hay ejemplos de ello en los últimos treinta y tres años.
