Menos de dos meses después de haber sido despedida por The New York Times, que decidió eliminar la función de defensor de los lectores a fines de mayo, la última responsable de esa gestión, Elizabeth Spayd, consiguió nuevo conchabo, esta vez como novedosa ombudswoman marginal de la red social más influyente del mundo, Facebook.
Parece curioso que uno de los mayores diarios del planeta, como lo es el NYT, haya tomado tan drástica decisión casi tres lustros después de haber creado la figura bajo la presión de serias y fundadas denuncias por plagio que hicieron tambalear sus ventas y su credibilidad. Sin embargo, así lo hizo, y no parece extraño a esa determinación el creciente papel que vienen asumiendo las redes sociales en los intereses del público. Que haya sido Facebook el nuevo destino de Spayd (merecido, si se considera su vasto historial periodístico, tanto en el NYT como antes en The Washington Post), resulta al menos novedoso.
Un artículo reciente de Kara Swisher (quien compartió redacción con Spayd en el Washington Post) y Kurt Wagner para el sitio Recode señala que el objetivo de Facebook, al contratar a la ex ombudswoman del New York Times como consultora, es “ayudar a administrar los esfuerzos de la compañía” para brindar a sus usuarios “más transparencia sobre la forma en que la red social masiva toma decisiones”. Su función es, dicen los columnistas, “sacar a la compañía de su ‘zona de confort’ al revelar cómo funciona internamente”.
Dice el artículo de Swisher-Wagner que Facebook “está tratando de hacer eso mucho más desde que fue ampliamente criticado por permitir la proliferación de noticias falsas durante las elecciones presidenciales estadounidenses” que dieron el triunfo a Donald Trump. Incluso antes de eso recibió acusaciones de censura y direccionamiento en su sección de noticias.
El creador, alma mater y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha estado viajando por Estados Unidos “para reunirse con gente común” que le permita comprender mejor “la vida fuera de la burbuja de Silicón Valley”, dicen los autores del artículo. Agregan que MZ ha hablado públicamente “y también escribió una publicación sobre la misión y la responsabilidad general de Facebook de usar tecnología –como la inteligencia artificial– para ayudar a neutralizar males como noticias falsas, y para alentar a más usuarios a mantener conversaciones sobre temas controvertidos”.
Esto se practica desde hace ya largo tiempo en el mundo y en Argentina particularmente, donde las charlas, los debates y las polémicas (muchas veces en tono poco agradable) han ido creciendo al ritmo en que se ensancha la famosa grieta. FB planea expandirse desde el blog Preguntas Difíciles para hacer más, incluyendo las publicaciones de comentaristas invitados que no están de acuerdo con la empresa ni con cómo funcionan sus algoritmos, de creciente invasión sobre la privacidad de los usuarios.
Crítica correcta. El lector Enrique Cafferata formula interesantes y precisos apuntes en referencia a un párrafo de la columna que este ombudsman publicó el domingo 22 con el título “El hoy, contaminado por el ayer”. El texto señalaba que las operaciones paramilitares o parapoliciales de la denominada Triple A, auspiciadas, financiadas y organizadas desde el Estado en los 70 para secuestrar, asesinar, amenazar y perseguir a militantes de izquierda, se desarrollaron entre 1974 y 1976. En realidad, a fines de 1973 sucedió la primera acción firmada por esa tenebrosa organización, y su víctima –como lo puntualiza el lector– fue el diputado radical Hipólito Solari Yrigoyen, a quien un bombazo en su auto lo dejó al borde de la invalidez.
Antes de eso, y antes aún de la asunción de Juan Domingo Perón como presidente, ya habían sucedido acontecimientos de similares características, aunque sin firma y con autoría dudosa. La metodología era la misma, los objetivos físicos los mismos, y las víctimas, siempre, del mismo sector: simpatizantes y militantes de Montoneros o personas y organizaciones vinculadas a otras fuerzas políticas y sociales. En verdad, desde 1974 se incentivaron las acciones impunes de la Triple A, cuyo correlato en Córdoba se llamó Comando Libertadores de América. Hasta el abrupto final del gobierno de Perón y de su esposa, María Estela Martínez, con el advenimiento de la dictadura militar, se registraron alrededor de 1.500 asesinatos, centenares de ataques con un número indefinido de heridos, más de cuarenta secuestros y decenas de amenazas de muerte contra figuras de la política, el sindicalismo, la cultura y el espectáculo.
Existe una causa madre en la que, supuestamente, se investigan los delitos cometidos por la Triple A. Durante años, el expediente durmió en el juzgado del ex magistrado Norberto Oyarbide, a quien sucedió Marcelo Martínez de Giorgi. Ese oscuro lapso, en el que hay mucho por aclarar, juzgar y condenar, sigue en una nebulosa.
