Tal vez una parte instintiva del hombre lo lleve, a veces, a reaccionar frente a una amenaza corriendo, aislándose, construyendo muros. Esta claro que eso no termina con aquella, ni construye seguridad y de esto vamos a hablar.
A esta altura de nuestra cultura, ya sabemos que ni la Gran Muralla China sirvió para contener una amenaza: los mongoles terminaron por quedarse con todo el imperio.
Hay otras murallas que no son físicas, pero también tienen como objetivo dejar fuera a los otros, a los que nos dan miedo: la Convención Internacional de los Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1989 –unos días después de la caída del Muro de Berlín– incluyó a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Los dejó “de este lado de la muralla”. Pasar de ser objeto a sujeto, no es una cuestión menor, como tampoco fue lo ocurrido en aquellos días en la Alemania Oriental.
Ya han pasado 20 años de aquellos sucesos y todavía discutimos los términos de nuestra relación con esos niños “que nos amenazan”.
No se trata de terminar con la inseguridad, sino de crear una situación de seguridad y no es sólo un juego de palabras. En todo caso, hay que decir las cosas como son, los delitos (homicidios, robos, ataques sexuales, secuestros, etc. etc.) son conflictos que nunca van a desaparecer totalmente porque son inherentes en algunos casos a la condición humana y en otros al sistema político, económico y cultural al cual aceptamos pertenecer; lo que sí se puede hacer es reducirlos a un número y con características que sean socialmente aceptables y no pongan en jaque a la paz social.
Algunos, en su legítimo afán de mejorar o aumentar su seguridad siguen apostando a los muros, a las barreras: se mudan a barrios cerrados o countries con seguridad privada, compran alarmas, blindan o polarizan los vidrios de sus autos; pero hasta aquí nadie les podría decir nada salvo la inoperancia final de tales actos. Sin embargo, muchos también alientan y creen en la construcción de nuevos muros como lo son aumentar las penas de los delitos, penalizar nuevas conductas o restringir las excarcelaciones; en definitiva, reducir la utilización de todos aquellos métodos que permiten a los inculpados esperar su juicio en libertad. También muchos en casos extremos pregonan las virtudes de la pena de muerte cuando no hay sustentos filosóficos, culturales o normativos que la legitimen.
Estos últimos “muros”, que tienen que ver con el sistema punitivo, no son socialmente neutros porque más allá de ser totalmente inocuos sobre las causales de la falta de seguridad, terminan por generar una retroalimentación de los conflictos sociales que se intenta eliminar con tales métodos. Así, todo termina provocando más sujetos expulsados del sistema y relegados a ser parias sociales; es decir, se los deja detrás de “otro muro” y se los siente como una nueva amenaza.
Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial no miramos para otro lado cuando se plantea el sensible y prioritario tema del que venimos tratando.
Por el contrario, creemos que nuestro aporte es esencial porque consideramos que una de las circunstancias que disuade de cometer delitos es la rapidez y el seguimiento en la imposición de penas. Eso explica nuestro constante y permanente señalamiento de la falta de infraestructura, medios humanos y económicos para llegar a un rápido decisorio en las causas sometidas a nuestro conocimiento.
Pero nuestra decisión no es solamente poner en claro qué falta o qué sobra, por el contrario, nuestra voluntad es generar un espacio donde se puedan discutir nuevas miradas sobre la cuestión y aportar herramientas valiosas, desde nuestras experiencias y conocimientos, que permitan afianzar la justicia y en definitiva establecer una verdadera cultura de paz.
*Presidente de la Asociación de Magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de Morón.
