Las pautas del neoliberalismo emergen con más nitidez. En el campo laboral ya no se trata de generar empleo o reducir al máximo las causas de su destrucción, como suelen plantear sus principales voceros, entre ellos el presidente español, Mariano Rajoy, que no deja de prometer puestos de trabajo mientras los ciudadanos los ven mermar, o Mauricio Macri, que profetiza “pobreza cero” junto a una revolución del trabajo.
En tanto la red de palabras alrededor del mundo del trabajo gana espacio, hay circunstancias que desenhebran su escritura. En Suiza, por ejemplo, sólo con un 3% de desempleo se acelera la conversión hacia una economía robotizada. Esto implicará que el 50% de los puestos laborales desaparecerán. La fortaleza del franco suizo y unos salarios muy elevados en comparación con los del resto del mundo son las causas que llevan a las empresas a buscar una reducción drásticas de costes para no perder competitividad global.
El fallido referéndum que impidió la aplicación de una renta universal para los suizos es posible que vuelva a ser reconsiderado para contener los efectos del desempleo que se avecina así como también la perspectiva de aplicar impuestos a los robots con el fin de evitar la caída de ingresos en las arcas de la seguridad social.
Esta medida no es, de ningún modo, un ejercicio en defensa del Estado de bienestar sino un mero paliativo que se articula alrededor de una planificada destrucción del Estado de bienestar, y es curioso que en este caso sí hay antecedentes de cruda verdad y no sólo delgadas promesas. El gobierno neoliberal de Mark Rutte, primer ministro holandés, redactó hace cuatro años un manifiesto que leyó el rey Guillermo Federico, en el que se proclama el fin del Estado de bienestar, y no sólo por no poder mantenerlo: “Las expectativas de la gente ya no son las mismas; pedimos que cada uno asuma sus responsabilidades, descentralización de municipios y más responsabilidad individual”, aclaró el rey.
La sociedad del conocimiento trae aparejadas nuevas complejidades que el actual sistema de economía financiera no atenderá de ningún modo. Los trabajadores habilitados poseerán la autonomía de gestionar su propio capital, que no es otro que su conocimiento, estableciendo reglas propias en el proceso de oferta y demanda. Todos aquellos, la gran mayoría, carentes del capital del conocimiento, quedarán excluidos, a la espera de las regalías fiscales de los robots.
La explicación –o parte de ella– que la empresa United Airlines dio al expulsar a un pasajero de un vuelo regular mediante el uso de la fuerza policial no da demasiada esperanza en la búsqueda de una solución consensuada a estas cuestiones. La noticia daba cuenta de que, al haber hecho sobreventa de pasajes en un vuelo doméstico de Chicago a Louisville, se eligió aleatoriamente a cuatro pasajeros para que abandonaran la nave. Uno de ellos se negó aduciendo que era médico y tenía pacientes esperándolo a la mañana siguiente. Acto seguido, la policía intentó hacerlo bajar del avión dándole golpes sin ningún miramiento. United Arlines se disculpó pero, antes de llegar a esa deferencia, aclaró que la sobreventa ayuda a reducir costes y que ello redunda en beneficio de todos.
El argumento es, a todas luces, absurdo. Pero el modo de cumplir este despropósito es una ruptura del contrato social ya que se utilizó la fuerza pública para cumplir con un mandato que responde al mero beneficio empresarial y que roza –si es que no la ejecuta– la ilegalidad.
El sistema se ha rasgado las vestiduras por el triunfo de Donald Trump pero la destrucción del empleo, el desmantelamiento del Estado de bienestar, el uso de la fuerza pública para defender los límites irrestrictos del beneficio económico más allá de las leyes, hablan de una democracia que desaparece ante nuestros ojos como lágrimas en la lluvia.
*Periodista y escritor.
