El autoacuartelamiento de la policía de la provincia de Córdoba y la ola de saqueos que lo sucedió puso en evidencia un tema tan serio como desatendido: la situación de las policías provinciales en Argentina. ¿Qué sucede con estas fuerzas más allá del Gran Buenos Aires?
En Argentina hay aproximadamente 170 mil efectivos en las fuerzas provinciales. Alrededor de 55 mil corresponden a la provincia de Buenos Aires, que cuenta con la institución policial más grande del país. En un segundo rango se colocan las provincias de Santa Fe y Córdoba, con fuerzas de algo más de 20 mil policías cada una. Siguen luego Tucumán y Entre Ríos, con alrededor de 12 mil y 10 mil efectivos respectivamente. Finalmente, en el cuarto rango se ubica el resto de las policías provinciales, con efectivos que van aproximadamente de los 8 mil de Mendoza a los 1.600 de Tierra del Fuego.
Esta magnitud de efectivos coloca a la Argentina, contando también las fuerzas federales, en una tasa de policías de aproximadamente 6,5 cada mil habitantes, esto es, el doble de lo recomendado como piso por la ONU. Entonces, ¿por qué el déficit de seguridad?
Por un lado, porque la tasa de policías por habitante en Argentina presenta una gran dispersión entre los 15 policías cada mil habitantes de Santa Cruz y los 3,5 de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que convierte a esta dispersión en un problema no es la dispersión en sí misma, sino que –en líneas generales– donde hay un mayor nivel de delitos no es precisamente donde hay más cantidad relativa (tasa por mil habitantes) de policías. En otras palabras, se están pagando policías donde menos se necesitan, y no se están pagando donde más se los necesita. ¿Por qué sucede esto?
Una probable explicación sería la coparticipación federal de impuestos. Sucede que ésta se encuentra fuertemente vinculada con el empleo público provincial, siendo la policía una variante del empleo público en las provincias. Por ejemplo, Santa Cruz y Tierra del Fuego son las provincias que mayor coparticipación per cápita recibieron y son, al mismo tiempo, las que mayor tasa de policía por habitante presentan. Por el contrario, sacando a la ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires y de Mendoza son las que menor coparticipación per cápita recibieron, y son –también– las que menor tasa de policía por habitante tienen. Una distorsión más del régimen de coparticipación federal de impuestos vigente.
El otro aspecto a considerar es la calidad de las fuerzas policiales provinciales. En líneas generales, el empleo policial sigue la suerte del empleo público provincial: bajos niveles de profesionalismo, grandes márgenes de discreción en torno a la carrera, muy baja capacitación, nula evaluación de desempeño, etc. En síntesis, la meritocracia es apenas un ideal sin asidero alguno en la realidad de las fuerzas policiales.
Algunas de las policías provinciales han sido objeto de políticas reformistas de pretendida impronta “progresista”. Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba han desarrollado –con distinta intensidad y suerte– programas reformistas en sus policías. En general, el resultado de dichas reformas no significó que la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de esas provincias estén más protegidos que antes de las reformas. La situación de inseguridad de Rosario y del Gran Mendoza, además de la del Gran Buenos Aires, me releva de dar mayores argumentos respecto de qué significaron las reformas policiales (supuestamente) “progresistas” en Argentina.
Lamentablemente, en la agenda nacional de Seguridad tienen un peso desproporcionado los temas metropolitanos a expensas de cuestiones federales. Entre la mala calidad de las policías provinciales y la miopía de la política federal se cuela –sacando ventaja– la narco-criminalidad organizada, que comienza corrompiendo en primer lugar a las fuerzas provinciales, como se observa en las policías del NEA y el NOA, o como demostraron los narcoescándalos que afectaron a jefes policiales de, precisamente, Córdoba y Santa Fe. Desde hace mucho tiempo vienen sonando muchas alarmas en toda la Argentina, pero –paradójicamente– nadie se alarma.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
