El secretario general de la OEA dijo recientemente que si a las tasas de homicidios de algunas ciudades de la región se les aplicaran los estándares de la OMS, la violencia se catalogaría como epidemia y que, si bien América latina no sufrió guerras prolongadas desde que Bolivia y Paraguay se enfrentaron en la Guerra del Chaco en los años 30, las cifras de homicidios cada año en algunos países superan las de conflictos bélicos.
La Argentina experimenta una escalada de delitos y, sobre todo, un extraordinario incremento de la violencia. Pero algo ha cambiado: más del 70% de los ciudadanos sabe que vive en país inseguro, y busca protegerse como puede. El Gobierno niega el problema.
En la Provincia de Buenos Aires casi 4 mil personas están privadas de su libertad en comisarías, pese a que las dependencias policiales no están preparadas para esa cantidad de presos.
En septiembre se licitará la construcción de diez nuevas alcaidías, con el objetivo de que el arresto primario deje de ser en las comisarías y se puedan derivar en los próximos meses cerca de 1.300 presos a las alcaidías, explicó hace poco el ministro del área, Ricardo Casal; esta medida es absolutamente insuficiente. Aun partiendo del pronóstico oficial, más de 2.700 personas seguirían viviendo en el hacinamiento.
La situación en las comisarías es gravísima y el problema es similar en las cárceles. Por eso hay quienes propugnan la necesidad de considerar la “desprisionalización” para evitar la “acumulación de detenidos en las instituciones”. Se trata, a mi modo de ver, de posiciones ideológicamente sesgadas, facilistas y, sobre todo, peligrosas para la sociedad.
Lo primero que debemos hacer es terminar con esta situación de que los delincuentes estén en la calle, porque lo que no puede pasar es que la “tolerancia cero” la impongan los criminales.
En este preocupante contexto es que días atrás manifesté que si debemos dejar de construir caminos para hacer más cárceles, hagámoslo. Se trata simplemente de una cuestión de prioridades.
En el mismo sentido, a fines del año pasado, presenté un proyecto de ley en el Senado de la Nación tendiente a declarar la emergencia nacional en materia de seguridad ciudadana, que se va a tratar el 29 de setiembre junto a otras iniciativas sobre el tema.
Entre otras cuestiones –muchas de carácter preventivo– contempla que el Poder Ejecutivo deberá, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
* construir y equipar y/o reequipar los centros de rehabilitación para niñas, niños, adolescentes con problemas de adicciones o penales, a cuyos efectos podrá utilizar establecimientos ociosos de las Fuerzas Armadas; y
* construir y reacondicionar las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos, de modo tal que ninguno de ellos permanezca alojado en comisarías o establecimientos no penitenciarios al final de la emergencia.
El ministro Casal reconoció que en la Provincia de Buenos Aires faltan 10 mil lugares para albergar a los presos, y eso representa veinte cárceles con una capacidad de 500 plazas cada una.
El precio de una cárcel con capacidad para 536 internos es de $ 190 millones, tomando como ejemplo lo presupuestado este año para la construcción del Centro Federal Penitenciario de Cuyo.
Pero debemos vencer el prejuicio de que las fuerzas armadas de la democracia, que albergaron a cien mil soldados, no puedan hoy contribuir con sus instalaciones ociosas a reducir la ola de criminalidad que nos azota.
Es necesario contar con equipos interdisciplinarios que intervengan en su recuperación, y los profesionales de nuestras fuerzas armadas, formados a lo largo de 27 años de gobiernos democráticos, podrían colaborar en, por ejemplo, la capacitación en oficios.
El Estado tiene la obligación de emplear eficientemente todos los recursos para prevenir el delito y brindar seguridad, que es la atmósfera vital para el desenvolvimiento de una sociedad; para ello debemos establecer prioridades, y superar el complejo de joven democracia que nos inmoviliza.
*Senadora nacional, Alianza Frente Justicialista.
