Las tenencias en las empresas son los únicos activos que pueden hacerse líquidos rápidamente de las cuentas del organismo previsional. Contra lo que se cree, los recursos de que dispone son escasos.
La discusión surgida la semana pasada, en torno al intento de ampliar los derechos políticos de la Anses en las empresas privadas, en las cuales posee una participación accionaria volvió a explicitar una serie importante de falsedades argumentales que se vienen repitiendo, al menos, desde el debate que terminó con el régimen de capitalización hacia finales de 2008.
Paso a enumerar algunas:
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1. Contrariamente a lo que se dice, la Anses tiene un déficit estructural desde hace mucho tiempo, y éste se agravó con la generosa moratoria previsional instrumentada en los últimos años y con el aumento de la prestación surgida de la contrarreforma de 2008. Los aportes a la seguridad social cubren sólo el 60% de los gastos totales de la Anses, el resto, unos $ 60 mil millones, se completan con impuestos generales y parte de la coparticipación federal. Aún descontando de la Anses gastos que no se relacionan estrictamente con el pago de jubilaciones (Asignación Universal por Hijo, transferencias a provincias, netbooks para los votantes jóvenes, etc.), faltaría, aproximadamente, la mitad. Por lo tanto, la Anses no tiene superávit. Si se quieren aumentar más las jubilaciones o bien se generan nuevos impuestos o hay que redistribuir el gasto que hoy reciben otros.
2. El faltante “real” es aún mayor, porque a los jubilados que cobran más que la mínima se les está pagando mal la jubilación actual; y también se calcula mal la jubilación inicial, por lo que se acumulan juicios que se pagan a cuentagotas. Esa deuda no está contabilizada.
3. El famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es un fondo armado con los activos que tenían las AFJP como contrapartida de los aportes de sus afiliados. Por lo tanto, si es de “alguien”, es de los futuros jubilados, no de los actuales. De todas maneras, es un fondo “teórico”. Según el último informe oficial, de noviembre del año pasado, alcanzaba la suma de $ 174 mil millones. Contra ese “activo” habría que contabilizar el valor actual del “pasivo” que significa la jubilación futura de los trabajadores traspasados del régimen de capitalización al régimen de reparto. Ahora no sobra nada, así que los aportes mensuales de los trabajadores que pasaron al sistema de reparto se gastan en pagar la jubilación actual y no se ahorran. Pero, además de esos $ 174 mil millones, al menos US$ 100 mil son títulos públicos, es decir, deuda del propio Estado que, obviamente, no tiene el dinero para cancelarla, si hiciera falta. Es sólo un asiento contable, sale de un bolsillo y entra al otro bolsillo y, en la práctica, debería netearse de la deuda total. El Gobierno ni siquiera genera superávit para pagar los intereses, dado que tiene que recurrir al Banco Central para que le transfiera pesos y para que le preste dólares. En síntesis, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ni garantiza nada ni es sustentable. Lo único que “existe” son los $ 78 mil millones en activos “privados”, plazos fijos, acciones, fideicomisos, préstamos del Bicentenario, etc.
Pero, salvo las acciones de empresas privadas, esos fondos están prestados e inmovilizados y, en general, a tasa negativa, respecto de la inflación y la movilidad jubilatoria; por lo tanto, esta parte del FGS, unos $ 52 mil millones, se reduce en términos reales día a día.
4. Pasemos al tema específico que hoy se discute. El Estado no es un “socio bobo” de las empresas; es un inversor minoritario, como cualquiera de los que compran acciones en la Bolsa. No es el caso de Papel Prensa, que nació como una empresa mixta. Aquí, las acciones fueron expropiadas por el Estado, nadie le vendió las acciones. Si existe un problema con el tratamiento de los accionistas minoritarios en la Argentina, es un problema para todos los casos y debe resolverse regulatoriamente, y con la Comisión Nacional de Valores, y no nombrando directores que no harán nada, porque los grupos de control se aseguraron poder de voto mayoritario, antes de salir a cotizar. Su único derecho será acceder a información relativamente sensible, lo que les permitirá algún que otro negocito con los amigos. Cobrar –sólo en algunos casos– honorarios y hacer marketing político y ruido, y no mucho más.
Esto es sólo una parte de las mentiras y fantasías en torno al tema jubilaciones y los activos de la Anses. Hay más, pero no tengo espacio. O no me animo.
