El Parlamento iraní nunca aprobó el Memorandum y en Argentina enfrenta pedidos de inconstitucionalidad. Todo indica que jamás se aplicará. ¿Por qué entonces la obsesión del gobierno por mantener en pie un acuerdo que resulta impracticable? ¿Por qué la necesidad de mantenerlo con vida en los Tribunales al punto de abrir un nuevo enfrentamiento con sectores del Poder Judicial?
La aprobación del acuerdo por parte del Congreso, en febrero de 2013, dio una cobertura legal a las negociaciones que tejieron argentinos e iraníes hasta la firma del entendimiento. Cuando Cristina Kirchner se retire del gobierno, el ala de la Justicia enfrentada al kirchnerismo, el sector de magistrados que estuvo en la mira de la Casa Rosada, anhela darle nuevo impulso a las investigaciones contra los funcionarios de la actual gestión. Imaginan entonces que las acusaciones de encubrimiento, aquellas que blandió en su momento el fiscal Alberto Nisman, podrían recuperar aliento. Los tironeos por la constitucionalidad del acuerdo con Irán, por lo tanto, esconden un anticipo del futuro que se dirimirá en Tribunales a partir de diciembre.
Como ningún otro asunto local, las idas y vueltas en torno al acuerdo con Irán capturan la atención de los centros de poder del extranjero.
Para los iraníes, según explican quienes conocen las marchas y contramarchas de la investigación por el atentado contra la AMIA, la preocupación central es que se entierren las alertas giradas a Interpol para los sospechosos de volar la mutual. Para los grupos identificados con los republicanos de los Estados Unidos, el objetivo es desalentar futuras negociaciones con Irán.
Sobran motivos para explicar la ansiedad por el futuro de un acuerdo que se volvió impracticable.
