Estos tiempos convulsionados, en los que la agenda está impregnada con el revoleo de bolsos llenos de dineros tocados por la mágica varita de la coima o el aporte espurio a las campañas electorales, obligan a una muy (diría excluyente) cuidadosa administración de las informaciones, los nombres, los montos, los objetivos y las estrategias de personajes a los que era impensable ver tras las rejas o escapando de ellas por poco. Ya no se trata de la validez jurídica de los cuadernos del chofer de Baratta, ni de aquella madrugada en un convento; tampoco se trata de los bienes construidos de manera piramidal por Lázaro Báez, de las manganetas impositivas o mediáticas de Cristóbal López. Se trata de otra cosa, mayor: la búsqueda de verdades por encima de los maquillajes, de gestiones judiciales que podrán concluir en prisiones o absoluciones, de la confesión ya multitudinaria sobre acciones delictivas (sea por iniciativa, por ambición, por malicia o extorsión). Y para arribar a esas verdades y que ellas lleguen al conjunto de la sociedad (en el caso de PERFIL, a sus lectores), periodistas y medios estamos obligados a una rigurosidad informativa que exige redoblar esfuerzos en busca de fuentes confiables, a desconfiar de fuentes interesadas o contaminadas por técnicas de espionaje bien conocidas, a chequear cada dato con minuciosa, escéptica y aséptica precisión.
Este ombudsman observa con cierta alarma que el vértigo informativo en torno a tan sensible tema parece habilitar el empleo de datos que –si bien aparecen como ciertos, válidos, incontrastables– carecen de identificación de origen. La credibilidad se pone en juego cuando resulta imposible (o casi) revelar las fuentes, pero este vértigo del que hablaba afecta la credibilidad de los elementos aportados. Quienes están investigando este escándalo desde el periodismo –sea de la vereda que sea– deberían asumir un mayor compromiso con sus destinatarios y brindar, al menos en parte, tal vez solo con la sugerencia o la aproximación, indicios de que lo que se escribe y dice no responde a maniobras u operaciones de prensa (o judiciales, o políticas), sino a la seria administración de las informaciones obtenidas. Parece obvio que lo que viene trascendiendo en Comodoro Py cada vez que un empresario, ex funcionario, político o mandadero aporta nueva información se ve confirmado por acciones consecuentes, pero esto no basta para eliminar del todo un velo de desconfianza en la opinión pública. Seguramente por ello es que han reverdecido –se diría que con mayor crudeza y virulencia– los espacios en medios y en las redes sociales que relativizan todo, que ponen todo en duda, que niegan a ojos cerrados y traducen lo jurídico en político, sin pasos intermedios.
Sería, por lo tanto, de buen ejercicio de la profesión periodística indicar, al menos en parte de lo que se publica, cómo llegó la información, de quién o quiénes, cuál dato responde a un riguroso off the record y cuál a una especulación del medio o del periodista. No es sencillo el procedimiento porque son muchos los actores que intervienen en esta historia, buena parte de ellos muy poderosos y bien asesorados por abogados y expertos en comunicación. Pero el esfuerzo habrá que hacerlo, y en él se cifra gran parte de las posibilidades de llegar con éxito a un necesario cambio de conductas en la relación entre empresarios, funcionarios y políticos.
Tato sí, Pocho no. Jorge Fontevecchia cometió un error importante en un tramo de su nota editorial “Ayn Rand y el futuro de Cristina”, publicada en la contratapa de PERFIL el domingo 12. Decía allí: “… aunque Cristina Kirchner tuviera condena en segunda instancia, igual podría ser candidata porque la Corte Suprema le permitió a Carlos Menem ser candidato a senador el año pasado, además del caso en 2001 de José Romero Feris, quien fue candidato estando detenido”. Romero Feris es un apellido de alto vuelo político en la provincia de Corrientes, pero no es lo mismo uno (José Antonio, el Pocho, abogado de 77 años, ex gobernador provincial, ex senador, ex diputado y numen del Partido Autonomista Liberal, actualmente en receso) que su hermano Raúl, el Tato, quien también fue gobernador, intendente de la capital provincial y candidato a senador nacional por su Partido Nuevo, una escisión del PAL. Raúl Romero Feris fue condenado y preso por fraudes millonarios consumados cuando era intendente correntino, y su diploma como legislador nacional fue impugnado por la entonces senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales Cristina Fernández de Kirchner, quien escribió en 2001: “Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos (judiciales), todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública, agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad”.
En definitiva, el Tato no es el Pocho.
