Las innumerables crisis financieras ocurridas en nuestro país en los últimos 25 años han dejado un desafío difícil de sortear, tal es la reconstrucción de una profunda disociación y distanciamiento aún existente entre la banca y nuestra sociedad.
Por definición, el sistema financiero debiera ser una herramienta central para el desarrollo económico nacional y, a su vez, servir como instrumento de inclusión social brindando oportunidades para muchos actores económicos con capacidad emprendedora pero que no siempre disponen de los recursos necesarios. Lamentablemente, ello es un desafío aún pendiente en nuestro país.
Como muestra de tal disociación basta con repasar algunos indicadores que habitualmente se utilizan para evaluar los niveles de bancarización de una economía, los cuales en nuestro caso no sólo son magros, sino que estables si los evaluamos en los últimos años. Por caso, a finales de 2014 los créditos al sector privado representaban sólo el 12,4% sobre el PBI, los depósitos totales el 14,7% y los de plazo fijo un escueto 6,3%, siendo que estos últimos nos indican el nivel de ahorro que la sociedad canaliza por dicho sector.
Peor aún si consideramos que no más del orden del 50% de la Población Económicamente Activa opera transaccionalmente con los bancos y que sólo tenemos alrededor de 1,4 sucursales bancarias cada mil kilómetros cuadrados.
A su vez, todas esas variables medias comparativamente con países del mundo emergente y más aún con los desarrollados son muy inquietantes, puesto que las diferencias son realmente desalentadoras.
Escenario actual. Las razones de tal situación son muchas y variadas. Si lo analizamos desde el lado de los demandantes de servicios financieros, temas tales como el impuesto al cheque, requisitos a cumplimentar a la hora de vincularse, ausencia de tasas razonables, altos costos en comisiones, ausencia de sucursales, etc, seguramente sean los principales emergentes. En cambio desde la visión de los oferentes, temas tales como la informalidad, exigencias regulatorias, altos costos, inexistencia de mecanismos de fondeo a largo plazo, etc, sean algunas de sus razones.
Lo cierto es que más allá de todas esas cuestiones puntuales, y sin culpables a la vista a quien poder imputar, subyace una historia reciente colmada de desencuentros, la cual afectó algo muy subjetivo y difícil de reconstruir, la confianza. Esto causado más por la errónea aplicación de políticas públicas que por acciones propias de estos dos actores.
Ahora bien, como contracara de tal escenario vemos positivamente que lo expuesto no implica que el negocio bancario sea desalentador y poco rentable. Mirando su balance podemos ver que sus niveles de liquidez y solvencia son muy buenos y mejor aún su rentabilidad, la cual supera récords históricos. Tal situación se puede explicar analizando nuestra política macroeconómica implementada en los últimos años, la cual ha generado, quizás involuntariamente, condiciones favorables para dicho sector.
Por caso, la gran expansión de nuestros agregados monetarios, en especial de nuestra base monetaria, producto de una estresada emisión para atender el gasto público, hace necesario esterilizar luego parte de dicho dinero para no generar una mayor tensión de precios a la existente.
Esto deviene en la necesaria emisión y colocación de títulos emitidos por el Banco Central (Lebac y Nobac) a tasas atractivas, siendo los bancos los principales actores con capacidad de absorber dicha emisión. A fines de febrero de 2015 el total emitido de esos instrumentos ascendía a casi 325 mil millones de pesos, y alrededor del 75% se encontraba en mano de los bancos.
Más allá de las razones y su valoración, lo expuesto nos permite afirmar que nuestro sistema financiero se encuentra en una muy buena situación para encarar el desafío al cual hacíamos referencia.
El gran desafío. Es tan cierto como lamentable que, entre nosotros, muchos consideran el sistema financiero como un mal necesario y no como un bien deseable. Es así como aumentar la bancarización impone revertir esa valoración y probar a la opinión pública que los bancos sirven al bien común.
En esa perspectiva de reconciliación, resulta aconsejable que si la gestión venidera pretende reconstituir la confianza perdida y promover una banca de desarrollo y que a la vez genere oportunidades a los más marginados, debe atender algunas de las cuestiones antes mencionadas que fundamentan este divorcio.
Asimismo conviene equilibrar las variables centrales que hacen a un sano orden macroeconómico e incluso entender que fomentar un aumento del capital a tasas muy disociadas respecto de los niveles de productividad real seguirá generando distorsiones y en particular afectando la distribución del ingreso.
En este contexto es imprescindible que la banca pública juegue un rol central, habida cuenta de que posee alrededor del 48% de los depósitos y el 37% de los créditos totales del sistema. Ello, sumado a que el Estado es su administrador y que sus “accionistas” son los habitantes, pudiendo entonces resignar renta pecuniaria en pos de transformarla en más y mejores servicios y beneficios para sus clientes/ccionistas, como por ejemplo la prestación de servicios financieros en regiones y actividades más desatendidas.
Se debe promover que la banca privada financie el giro de negocios de las empresas en general y de las pequeñas y medianas en particular, y orientar su cartera de créditos para estimular la producción de bienes y servicios, que actúe como complemento de la misión que deberá cumplir un mercado de capitales, cuyo rol central será el financiamiento a mediano y largo plazo. El Estado no debe quitarle capacidad prestable. En esta línea, pensar acerca de la fundación de un banco de desarrollo para financiar proyectos de largo plazo, tales como infraestructura, podría ser oportuno. Esta herramienta permitiría canalizar eficazmente potenciales superávits fiscales o lograr líneas de fondeo externo para proyectos de inversión.
Ningún país que pretenda encarar la senda del desarrollo podrá hacerlo sin aceptar que la política económica no puede prescindir de una herramienta que permita canalizar el ahorro de nuestra sociedad hacia la inversión local en una estructura de producción de bienes y servicios que genere prosperidad y bienestar a todos los sectores de nuestra comunidad. En ese marco, volver al orden macroeconómico y lograr una reconciliación entre la banca y la sociedad resulta imprescindible.
