Un aniversario más de aquél 3 de junio de 2015, cuando las mujeres salimos a las calles bajo la consigna Ni Una Menos, tras el femicidio en Santa Fe de Chiara Páez, una niña de 14 años; una de tantas asesinadas cada 30 y pocas horas en nuestro país. Ese día fue el hartazgo por los femicidios. Hoy en esa consigna confluyen demandas más complejas y diversas, y desde ella emana un movimiento que ya no se va a detener.
A partir de entonces y hasta ahora han cambiado muchas cosas, por obra e impulso de esa marea feminista. A fuerza de demanda y tracción del movimiento de mujeres, lesbianas, gays, travestis, trans, no binaries tenemos en nuestro país y en casi toda Latinoamérica el delito de femicidio como crimen específico y agravado, se han creado unidades fiscales especializadas en la mayor parte de los países, se han desarrollado registros para la contabilización de casos, se emitieron leyes de protección integral de derechos de las mujeres. En Argentina tenemos ley de identidad de género y matrimonio igualitario, ley Brisa para reparación económica a hijes de mujeres asesinadas, ley Micaela para formación obligatoria en género en todos los poderes del Estado y tantos otros logros normativos e institucionales. El avance es mucho, mucho. Los femicidios, sin embargo, no se han detenido ni han disminuido.
¿Cómo surgió el movimiento Ni Una Menos?
Estos (pocos) años fueron una era, la era en la que se produjo el salto, posible a razón del movimiento feminista que se vino gestando durante décadas y la potencia con la que ahora se consagró en las calles. La maduración de este proceso nos obliga a pensar cómo seguir, hacia dónde dirigir esa energía transformadora que pone en juego el esquema patriarcal de poder.
Si bien hay mucho de los feminismos que ocurre por fuera del Estado, esa misma característica puede ser transformadora de las instituciones estatales –sólo si quienes integramos ocasionalmente funciones públicas podemos trabajar en su reconfiguración bajo este nuevo paradigma–. En el sistema de administración de justicia esta reforma se hace cada vez más ineludible. Tal como está, resulta vetusto e ineficaz para cumplir cualquiera de las funciones que se le han pensado y/o asignado históricamente; su estructura y dinámica actuales han alcanzado un límite en la incapacidad actual para administrar los conflictos sociales. Hay un profundo contraste entre la vida social, moviéndose vertiginosamente, y la vida de los tribunales, estática y detenida en algún tiempo anterior. El divorcio es ineludible en la medida que la lógica de actuación sea la de un sistema críptico y oscurantista, cerrado sobre sí mismo, cuya centralidad está puesta en el ejercicio de poder y no en la prestación de un servicio público.
La transformación que falta es estructural e intrínseca y tiene que llegar para intervenir sobre esa escisión entre justicia y realidad. Para eso, mirar y escuchar las lógicas que ofrece el feminismo puede ser un faro, en la medida que ofrece elementos novedosos extrapolables a las dinámicas estatales, vinculados con la horizontalidad, la escucha, la participación activa de las personas en las agencias estatales, el trabajo en alianzas, la transparencia y la desarticulación del poder concentrado. Las reformas que debemos pensar para la justicia tienen que estar atravesadas por un enfoque feminista, cuyo núcleo estará en que se caiga la venda que le impide intervenir sobre un mundo desigual y en permanente transformación, devolviendo la voz y la acción a la comunidad. Esto tiene además un doble fin: conformar una nueva legitimidad, sanada, sobre la administración de justicia, y reconfigurar la actuación del sistema en los casos que involucran violencia de género, hoy desatendidos, con altos índices de impunidad y con expulsión de las mujeres del sistema –que son cuestionadas en sus palabras, descuidadas en sus peligros, estigmatizadas en sus vidas–.
En tres décadas, el “crimen pasional” se volvió femicidio
En este último sentido, es ya ineludible que los Ministerios Públicos tengan como prioridad en sus agendas el desarrollo de políticas de persecución penal en materia de criminalidad de género. Y esto no sólo implica tener unidades especializadas y dotadas de recursos suficientes y capacitados para atender casos de violencia doméstica o sexual. Implica también pensar el fenómeno de violencia de género en todas sus dimensiones, incluyendo estrategias con enfoque de género para abordar todos los fenómenos criminales: los femicidios, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar; pero también para atender cómo se despliega la violencia contra las mujeres en el marco del crimen complejo, en el seno de organizaciones de narcotráfico, en el ámbito de la criminalidad económica, en las violencias cometidas desde las instituciones estatales, en los espacios de encierro; qué violencias específicas sufren las mujeres explotadas por razones laborales, sexuales o de mercados ilícitos; cuáles han sido las violencias sufridas por las mujeres (y ocultadas) en los crímenes de lesa humanidad; cómo el sistema de justicia criminaliza a las mujeres vulnerables.
Este mismo enfoque integral y prioritario es esperable para el ámbito ejecutivo. La priorización exige, por un lado, que las políticas de género se desplieguen desde una institución con rango ministerial, que las ubique en la centralidad de las políticas públicas, como ocurre en muchos otros países. Y, por otro, que se asignen presupuestos adecuados para el enorme caudal de trabajo que implica desarrollarlas seriamente. Sólo con recursos la priorización podrá ser genuina y no simbólica. Y la integralidad implica dejar de pensarlas como una cuestión acotada para pasar a transveraslizarlas a todas las áreas del Estado, coordinadas desde una estructura central, que concentre y a la vez articule las necesarias políticas de género que debe haber en cada una de las áreas ministeriales del Estado. No se puede pensar una política económica sin atender a la desigual distribución del capital entre varones y mujeres, ni advertir las exclusiones propietarias de los colectivos LGTBI; no se puede organizar políticas de salud sin atender las violencias obstétricas ni promover la incorporación definitiva del aborto seguro, legal y gratuito; no se pueden detener los femicidios sin atravesar las curriculares escolares con formación en género y aplicar la educación sexual integral en todo el país; no se puede desarrollar políticas de trabajo sin considerar las brechas salariales entre varones y mujeres y el bloqueo de acceso a puestos de trabajo de travestis y trans. Y no se puede pensar un sistema de administración de justicia que sea capaz de reducir la impunidad de los crímenes contra mujeres, la desprotección frente a las violencias, la falta de acceso a la justicia y la violencia institucional que hoy opera sobre las víctimas sin una transformación completa con enfoque feminista.
(*) Fiscal Federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
