Siento, algunas veces, una sensación de impotencia frustrante. Desde hace un año, cuando me ofrecieron y acepté esta función de Defensor de los Lectores, debo haber escrito no menos de media docena de veces acerca de la necesidad –de la obligación, ética y profesional– que tenemos los que ejercemos este oficio de no cerrar nuestras notas sin analizar previamente si algo en ellas puede afectar a personas o instituciones. Realizado ese análisis, y viendo que de él resulta que sí, efectivamente puede perjudicar a alguien, el paso siguiente es dar curso al derecho a réplica consultando a esa persona o a los responsables de esa institución mencionada negativamente. Pese a mi insistencia, es reiterada la violación de esta norma básica del buen ejercicio profesional: se vuelve sobre lo mismo en la página 10 del diario de ayer bajo el título “Para Schoklender, el informe de la AGN no acusa a los funcionarios” (de paso: ¿a cuál Schoklender se refiere, a Pablo o a Sergio?). En la entrevista a Pablo (de él se trata, lo dice el texto, afortunadamente), éste formula acusaciones de intento o consumación de cohecho que involucran con nombres y apellidos al ex juez de la causa “Sueños Compartidos”, Norberto Oyarbide, a su secretario Carlos Leiva y al equipo de policías que suele trabajar para el magistrado y su colaborador. La denuncia de Pablo Schoklender es grave, pero el autor de la nota no consigna haber consultado a ninguno de los acusados por el ex ejecutivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Dado el tañido de una campana, consultar a la otra no es optativo: es una obligación a cumplir, inexorablemente. Y si hecho el intento los mencionados negativamente en la nota se resisten o se niegan a dar sus versiones, es deber del redactor consignarlo indicando cómo fue efectuada la gestión. Hago entonces una exhortación, casi un ruego, a los editores responsables de cada sección para que se cumpla ese precepto. Uruguay y Malvinas. El buen informe de Leonardo Boix desde Londres, en la página 12 de la edición de ayer, revelando detalles de las reuniones mantenidas por legisladores de la oposición uruguaya con funcionarios británicos en Malvinas, se ve empañado por una afirmación incorrecta. Bajo un buen título y una bajada explicativa sustanciosa, la nota de Boix comienza así: “Uruguay planea iniciar una ‘nueva era’ de relaciones comerciales y diplomáticas con las Islas Malvinas, que incluirán una mayor cooperación en materia de vuelos, de producción de carne, energía eólica e hidrocarburos, como acuerdos de salud y educación, tras una polémica visita de una delegación de parlamentarios opositores uruguayos al archipiélago del Atlántico Sur”. Esta cabeza informativa es engañosa, por no decir falsa: no es Uruguay, el país, ni su gobierno, los que planean “iniciar una ‘nueva era’”, sino sólo la aspiración de sectores que no conducen el país vecino desde hace mucho tiempo (los partidos Colorado y Blanco, importantes históricamente, e Independiente). Ir a lo general desde lo políticamente particular no corresponde. Para completar se cita, en palabras de uno de los legisladores entrevistados, un supuesto sondeo de opinión “realizado en Uruguay (que) concluyó que el 80% de la población quiere un intercambio intensivo con las islas” y apoya la presencia de sus parlamentarios en el archipiélago. Boix debió reclamar a su interlociutor los datos técnicos de esa encuesta, la consultora que lo realizó, el universo encuestado y otros elementos precisos. Dicho así, es un dato al voleo, sin valor estadístico, una información no chequeada que presenta, por su origen, más dudas que certezas.
Irigoyen. Tiene razón la lectora Cigada (ver página anterior) al reclamar por un error que se deslizó en la columna de Rafael Bielsa y Federico Mirré publicada el domingo 9 en la página 37. La edad de Bernardo de Irigoyen al momento de su viaje en el Ferrocarril del Oeste en junio de 1881, era 59 años, y no 39 como se consignó. Un mero error de tipeo, sin dudas.
Tres errores. Los problemas de corrección derivados de un conflicto entre la editorial y parte de su personal han motivado algunos errores en la edición de ayer: 1) En la nota de tapa, página 2, se dice que “se descartó también imponer una suma fija como adelanto de futuros aumentos para apalear la depreciación del salario...”. Debió decir paliar. Apalear será seguramente un verbo a utilizar más adelante, si se repiten sucesos como la represión en el Chaco estos días o las que motivaron muertes hace un par de meses. 2) Título y bajada de la nota sobre el compromiso de Maradona con su novia dicen lo mismo, poco más o menos. 3) En la página 5 de Espectáculos se menciona a un tal Javier Porta como gerente de Programación y Noticias de Radio Mitre. Su nombre correcto, que se consigna en la misma nota, es Jorge.
