Los estamentos de jueces y abogados han avanzado en la elección de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura y así han delineado su nueva conformación. Si bien resta definir la designación del representante del sector académico, se descuenta que será afín a las posiciones del oficialismo. Precisamente, este proceso de renovación ha estado signado por una monotemática discusión sobre la cercanía o lejanía de los candidatos respecto del Gobierno. De esa manera, la mayoría de los candidatos eludieron pronunciarse sobre los gravísimos problemas que afectan al organismo responsable de la selección y remoción de jueces.
El diagnóstico es contundente: el Consejo de la Magistratura se encuentra paralizado. Desde hace varios años su actividad ha decrecido de manera constante, llegando a niveles alarmantes. Ya no cumple con su misión constitucional. En la actualidad, el grado de avance de los procesos de selección de jueces es mínimo, al igual que el de los procesos disciplinarios. Sin embargo, nada de esto fue debatido durante las recientes elecciones de representantes al Consejo, ni tampoco se esbozaron posibles soluciones para revertir la apremiante situación.
Bastan algunos ejemplos para evidenciar la magnitud de la debacle. El nivel de vacantes está en su pico máximo. Sobre 941 cargos en la justicia nacional y federal, 239 se encuentran vacantes. Así, el nivel de subrogancias alcanza al 25% del total de los cargos. En otras palabras, uno de cada cuatro jueces no ha sido designado de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Más aun, el Consejo ha vuelto a la preocupante práctica de designar secretarios como jueces subrogantes, algo que no sólo contradice la Ley 26.376 sino que fue severa y reiteradamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Rosza” en 2007 y más recientemente en “Asociación de Magistrados” (2012).
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Esto se explica, en parte, por la escasa productividad del Consejo en materia de selección de magistrados. En los últimos cuatro años, el promedio de concursos concluidos ha bajado dramáticamente. Por ejemplo, mientras que sólo en 2010 realizaron 39 concursos, el promedio para el período 2011-2014 fue de 3,5 concursos por año. En materia de procesos disciplinarios la situación es semejante. Según estimaciones de la Asociación por los Derechos Civiles, entre 2010 y 2014 se aplicaron sólo dos sanciones, lo que representa una disminución del 90% respecto del cuatrienio anterior.
Estos datos coinciden con el descenso generalizado en el nivel de actividad del Consejo de la Magistratura. Según cifras provistas por Daniel Ostropolsky (representante de los abogados del interior), mientras que en el período 1999-2004 se realizaron en promedio 29,8 reuniones del plenario al año, esa cifra bajó a 19,7 para el período 2005-2010, y a tan sólo 10,3 en el período 2011-2014. La misma tendencia se observa en las reuniones de la comisión de selección: se reunió sólo cinco veces en 2012 y dos en 2013, versus un promedio de 44 encuentros anuales en 1999-2004 y de treinta en 2005-2010.
Todos estos indicadores confirman que el Consejo de la Magistratura atraviesa la peor crisis de su breve historia. ¿Cómo salir de ella? Primero, hace falta reconstruir los consensos políticos intersectoriales que permitan reactivarlo. En tal sentido, las recientes elecciones constituyen una oportunidad.
Segundo, se torna imperativo diseñar una estrategia para que en los próximos cuatro años se logre generar un elevado número de ternas que permita cubrir las vacantes residuales más las que se generan anualmente. Tercero, a mediano y largo plazo, es preciso repensar la composición del Consejo. Desde su reforma en 2006, su productividad ha decaído notoriamente. Quizá sea una cuestión de reglas y procedimientos, quizá de consensos políticos. En cualquier caso, necesita ser reexaminado con una mirada que permita reconstruir su legitimidad política.
*Presidente del Laboratorio de Políticas Públicas y PhD en Ciencia Política (University of Oxford).
