Tiempo atrás, quienes necesitaban llegar a Ezeiza debían caminar varios kilómetros arrastrando su equipaje por el corte de la autopista Riccheri. La repetición de esos hechos hizo pensar en un protocolo que regulara la protesta en defensa de la libre circulación de las personas. La detención de Milagro Sala por orden judicial volvió a producir la ocupación de plazas y cortes de calles.
Las formas de efectuar estas protestas suelen alterar el funcionamiento del Estado de derecho; y cuando suman a pequeños grupos radicalizados pueden llegar a afectar la gobernabilidad. La gravedad de estos hechos justifica que se evalúe la pertinencia de un protocolo que regule las protestas, cuidando que el mismo no sea utilizado como procedimiento disuasivo para eludir la búsqueda de respuestas justas a demandas legítimas.
Dentro del universo de protestas, aquellas que intentan modificar una resolución del Poder Judicial merecen una consideración especial. En estos casos la protesta debería ser considerada, en principio, como no legítima, ya que busca modificar por la fuerza un fallo de la Justicia violando los procedimientos que posibilitan diversas alternativas de apelación a instancias superiores.
En cambio, en los casos de reivindicaciones cuya atención compete a organismos del Poder Ejecutivo, antes de la aplicación de cualquier Protocolo se deberá analizar el contenido de las mismas y convocar a los voceros de la protesta a dialogar. Para ello se fijará un breve plazo dentro del cual se suspenden las acciones y se agotan las instancias para encontrar una solución a la demanda, en caso de considerársela legítima Es lo que terminó sucediendo en el caso Cresta Roja, cuando la legitimidad de la demanda y la voluntad de diálogo de la provincia,
permitieron encaminar el conflicto pacíficamente. Se debe evitar que la existencia de un Protocolo sirva para postergar la acción del Estado en la búsqueda de soluciones adecuadas a demandas justas. La aplicación del Protocolo correspondería sólo cuando los demandantes se niegan al diálogo o rechacen todas las soluciones propuestas por los representantes del Estado. Y aún en estos casos se deberán garantizar derechos básicos como la libertad de expresión
Existe otro camino, no excluyente, para que las protestas asuman formas que no afecten otros derechos básicos. Se trata de un proceso que exige una fuerte voluntad política acompañada de la creatividad suficiente para hacer efectivos sus objetivos: modificar la manera en que los argentinos defienden sus derechos o formulan sus peticiones. Así podríamos aproximarnos a formas de protesta propias de una cultura política diferente.
Hace un tiempo, en diálogo con una ciudadana uruguaya radicada en nuestro país, que se oponía a las propuestas del ex secretario de Seguridad Berni en cuanto a regular las protestas, le pregunté cómo se manejaba este tema en su país, a lo que me respondió que en Uruguay no se presentaba este problema porque no existían los piquetes. Sorprendido, pregunté por qué no había piquetes en su país, y la respuesta fue aún más sorprendente: “Porque a la gente no le gustan los piquetes”.
Dados los resultados de las tres últimas elecciones presidenciales en Uruguay, debe desecharse cualquier explicación que asocie el rechazo ciudadano a los piquetes con el predominio de una ideología conservadora. No debe confundirse madurez política con conservadurismo; ni reacciones emotivas y anárquicas con una ideología revolucionaria.
Nuestra cultura política alberga contradicciones que hacen difícil tener conductas razonables y maduras: énfasis en los derechos con desprecio por las obligaciones; reclamos por
distribuir una riqueza que no se discute cómo producirla; demanda de una fuerte presencia del Estado pero rechazo a una intervención que garantice el orden público; defensa de las formas democráticas y apoyo a grupos minoritarios que buscan ejercer un poder que les es negado en las urnas. En la medida en que seamos capaces de modificar nuestras pautas culturales, mejorará nuestra convivencia sin necesidad de protocolos.
*Sociólogo.
