Dicen en Brasil que el siglo XIX fue el del Poder Legislativo porque se hicieron los códigos y las constituciones, que el siglo XX fue del Poder Ejecutivo, que los instrumentó, y que el siglo XXI es del Poder Judicial, que juzga su aplicación.
No en todos los países la Justicia ha tenido el protagonismo que tiene en Brasil –sólo Italia, con el mani pulite, produjo un terremoto similar–. Comenzó cuando el ya jubilado presidente del Supremo Tribunal de Brasil (Corte Suprema), Joaquim Barbosa, en 2012 condenó a diez años de cárcel al ex jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, obligado al inicio de la investigación del Mensalão (sobresueldos mensuales), en 2005, a renunciar a la Jefatura de Gabinete y reemplazado por Dilma Rousseff. Después, en 2015, el juez Sergio Moro volvió a condenar a José Dirceu a 23 años de prisión en el caso Lava Jato.
Hasta que Joaquim Barbosa produjo esa primera condena, nunca antes desde 1824, cuando fue creado el Supremo Tribunal, se había condenado a un político. Pero a fines de 2016 sólo el juez Sergio Moro, en el caso Lava Jato, acumuló 175 condenados, que suman 1.317 años de prisión.
Y este jueves, antes de viajar a la Argentina –adonde llegará mañana–, el juez Moro condenó a 15 años de prisión nada menos que al ex presidente de la Cámara de Diputados que condujo el impeachment contra Dilma, Eduardo Cunha, diputado del PMDB, el partido del presidente Temer.
Pero mientras el juez Sergio Moro es considerado un héroe nacional por la abrumadora mayoría de los brasileños, en el círculo rojo de políticos y empresarios se debate la conveniencia de poner un límite a sus investigaciones sobre corrupción. Los políticos sostienen que Brasil necesita llegar a las elecciones de fin de año próximo con las actuales autoridades porque no se puede volver a remover a los jefes del Poder Ejecutivo ni de ambas cámaras del Congreso. Mientras, los empresarios opinan que la economía brasileña no resiste más inestabilidad política después de tres años de caída del producto bruto.
Algunos hasta comienzan a criticar a la Justicia por ir demasiado lejos; por ejemplo, en la llamada Operación Carne Fraca, que le costó al país dejar de ser el mayor exportador de carne mundial, como lo fue en 2016, con 7 mil millones de dólares de exportaciones. Acusan a la policía y a los fiscales, integrantes del sistema judicial autónomo, de destruir el prestigio de 4.800 frigoríficos por “sólo” veinte de ellos, que tampoco vendían carne podrida “como se dijo”, sino que pagaban a inspectores sanitarios para posponer “un poco” la fecha de vencimiento de carne envasada pero siempre comestible.
Y, aunque en voz más baja, comenzaron también a criticar al propio juez Moro: el columnista del Diario de Noticias de Portugal João Almeida Moreira comparó a Moro con Mijail Gorbachov, que después de haber sido artífice de la transformación de Rusia no es muy querido por las elites de su país. También lo comparó con el pintor francés Claude Monet, cuyos cuadros vistos a pocos centímetros parecen pinceladas caóticas pero en perspectiva, a la distancia, son óperas primas.
Es que el juicio del Lava Jato que instruyó el juez Moro y transformó Brasil para siempre tiene costos para la economía brasileña, pero busca crear empresas más productivas empujándolas a competir genuinamente y no cartelizándose o pagando comisiones. El propio juez lo explicó en el reportaje que publicó PERFIL el domingo pasado al compararlo con el mani pulite: “El empresariado italiano había percibido que el ingreso a la Unión Europea acompañado por los costos derivados de la corrupción los dejaba en una posición competitiva más frágil en relación con los países que no tenían corrupción sistémica. Y, similarmente, tal vez pueda decir un poco de esto sobre Brasil”.
Antes de comenzar el Lava Jato, sólo veinte de las 200 mayores empresas de Brasil tenían sectores de control de fraude, y hoy 185 tienen departamentos de prevención de corrupción. El Deutsche Bank aleatoriamente da diez días por año de licencia compulsiva a sus directivos, en los que son reemplazados por alguien del equipo antifraude, que puede entrar a todos sus archivos y continuar todas sus reuniones.
La revista Veja publicó una nota titulada “El Lava Jato lo hizo”, con la lista de todas las prácticas que impuso y cambió para siempre este juicio: el Supremo Tribunal homologó el primer caso de “delación premiada” (arrepentido), se impuso la prisión preventiva de políticos y empresarios, y el comienzo de la aplicación de la pena en la cárcel a partir de la condena en segunda instancia aunque siga apelando, hubo cambios en la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos y el lavado de dinero, y se discute el fin del foro privilegiado de políticos en ejercicio.
