El artículo 115.1 del Reglamento del Parlamento Europeo dispone expresamente que la máxima transparencia de todas sus actividades se encuentra garantizada. Y sí, ese es el norte
global al que desde nuestro sur observamos aspiracionalmente: “las instituciones europeas funcionan”, suele oírse con frecuencia por estos lados del planeta. “Tienen la madurez que dan los siglos de experiencia y la fortaleza de haber atravesado guerras y conflictos”.
Ahora bien, hace unos años –para ser precisos en 2016– un consorcio integrado por periodistas y asociaciones de prensa de diversos países de la Unión Europea le solicitaron de forma conjunta al Parlamento europeo que les brinde información vinculada a determinados gastos realizados por los eurodiputados. Nada fuera de lo común para la alta institucionalidad europea.
Sin embargo, el Parlamento (el del artículo que garantiza la máxima transparencia) se negó a suministrar la información solicitada.
Los periodistas insistieron con su pedido aclarándole al Parlamento que en realidad se trataba de una petición de información pública sobre gastos institucionales como son las remuneraciones de los parlamentarios, gastos de viaje y fondos para asistentes personales.
Aclarado entonces el “malentendido”, a los periodistas solo les restaba esperar los jugosos detalles de la información solicitada, los cuales nunca llegaron, pues el Parlamento Europeo (insisto, el de la máxima transparencia) se negó por segunda vez.
Todavía desconcertados, ese consorcio de periodistas de toda la Unión Europea tendría que dirigirse ahora a Luxemburgo, específicamente debería llegar al Tribunal de Justicia Europeo, máximo órgano dedicado a la defensa de los derechos y garantías en la vieja Europa de las constituciones y los derechos humanos.
“Hubo que trabajar más de lo previsto, pero al fin tendremos la información”. Imagino, con esa idea acudieron al órgano jurisdiccional.
Sin embargo, el martes pasado, el Tribunal de Justicia Europeo negó a los periodistas el acceso a la información peticionada. En tal sentido, la sentencia dictada convalidó la decisión del Parlamento de no entregar la documentación solicitada en virtud de que con ella se estarían proporcionando de forma conexa “datos personales” de sus miembros; lo cuales podrían ser suprimidos, no obstante –sostiene el fallo en línea con las razones y fundamentos esgrimidos por el Parlamento
Europeo– generaría un esfuerzo administrativo que no están dispuestos a realizar: “la eliminación de todos los datos personales en la documentación solicitada supondría una carga administrativa excesiva teniendo en cuenta el volumen de archivos requeridos”.
En conclusión: en la Europa del siglo XXI, su Parlamento negó a un consocio integrado por periodistas de cada uno de los países que integran la Unión Europea el acceso a los datos sobre las dietas que cobran los eurodiputados.
Posteriormente la Justicia, mediante sentencia del tribunal europeo, convalidó la negativa del Parlamento.
*Profesor de Derecho Constitucional UBA y Derecho Político USI-Placido Marín.
