En las horas que siguieron a la difusión del anteproyecto de reforma del Código Penal argentino, un custodio del ministro de Economía fue herido de bala y un narcotraficante colombiano ametrallado por un sicario en Buenos Aires. Un patrullero policial fue incendiado frente a la casa del presidente del club El Porvenir en Gerli y la del presidente de Chaco for Ever fue tiroteada en Resistencia (en Lomas de Zamora, lo mismo le había ocurrido poco antes al presidente de Los Andes). En la cárcel de Olmos se produjo una fuga y un motín de presos y en Rosario una ONG instaló 65 cruces en memoria de los asesinados en lo que va del año. Así todos los días, en todo el país. Argentina ha devenido uno de los países más inseguros, a causa de la penetración del narcotráfico (“capos” colombianos y mexicanos tienen aquí sus negocios, residencias y familias); del elevadísimo nivel de corrupción de las fuerzas de seguridad e inteligencia y del conjunto de las instituciones de Estado y corporativas; de las carencias, la sobrecarga, la lentitud, la manipulación y (faltaba más) la corrupción del aparato judicial. El asunto viene de lejos, y se agrava. Recordar los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; el “asunto” de la venta oficial de armas (¡caducas!) a Ecuador; las dos terribles explosiones (¡dos!) en un polvorín del Ejército en la ciudad de Río Tercero, de donde habrían salido las armas. Veinte años después, todos estos gravísimos atentados, en los que de un modo u otro aparecieron involucrados servicios de inteligencia, policías y altos funcionarios, siguen en el misterio. En enero de 2011 fueron detenidos en el aeropuerto de Barcelona los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex alto oficial de la Fuerza Aérea, cuando las autoridades españolas descubrieron 950 kilos de cocaína en el jet privado que piloteaban. Muy probablemente elaborada en una “cocina” nacional, la droga había sido cargada en la base aérea de Morón, Buenos Aires; un área conjunta de la Aeronáutica y el gobierno nacional, según el decreto 825/2009 publicado en el Boletín Oficial.
En otro orden, diversas organizaciones sociales y parientes desesperados claman por los numerosos casos de adolescentes secuestradas para la “trata”, así como miles de personas, sobre todo extranjeros, trabajan en forma clandestina, en condiciones de verdadera esclavitud, para ciertas ramas de la industria. La Salada y sus sucursales en todo el país constituyen el más grande mercado ilegal de Occidente. Altos funcionarios de éste y anteriores gobiernos están acusados de graves delitos, en causas tan cargadas de evidencias como interminables y sin resolución y, cuándo no, más de lo mismo respecto de dirigentes sindicales. En 1994 unos 150 altos funcionarios, legisladores y jueces se encontraban procesados por diversos delitos. La abrumadora mayoría de esas causas han prescripto. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “en 2009 se iniciaron 207 causas por corrupción, de las cuales 11 fueron elevadas a juicio y sólo en una hubo condena”.
En suma, ¿qué significa tener una ley mejor o peor en un país donde las leyes no se respetan; donde de un modo u otro todos los gobiernos las modifican o no, se sirven o no, según sus necesidades del momento; donde la sociedad tolera esos desmanes? El problema no es si se pena más o menos, sino con qué objetivos y medios para alcanzarlos. Del estado no ya lamentable, sino escandalosamente mafioso de los reformatorios e instituciones penitenciarias; de la lentitud y a veces impotencia de la Justicia; de la necesidad, en suma, de un profundo saneamiento institucional, casi nadie dice una palabra ni mucho menos hace propuestas. Así, la cuestión no es “garantismo o ley del talión”, un debate estúpido en este marco, sino estricto respeto. Con esta condición, hasta el Código de Hammurabi (1760 aC) podría resultar útil en este país.
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