Los manuales de ciencia política afirman que en las democracias es el pueblo el que gobierna, y que lo hace a través de sus representantes. Estas afirmaciones, muy claras en sus enunciados, necesitan, sin embargo, de algunas precisiones. Una primera tiene que ver con la identificación de ese pueblo que gobierna. Sartori analiza “seis interpretaciones de la palabra pueblo”, de las cuales nos interesan las tres últimas. Estas identifican al pueblo, ya “como una entidad indivisible”; ya “como la mayor parte, expresada por un principio de mayoría absoluta”; o “como la mayor parte, expresada mediante el principio de mayoría limitada”. Las dos primeras interpretaciones se asocian al populismo y a las democracias delegativas, mientras que la tercera al liberalismo político; y en cada caso la entidad que gobierna es diferente. Una segunda precisión se refiere a la forma en que se ejerce la representación del pueblo. No se trata de un mandado que especifica el conjunto de acciones a realizar, ya que las complejidades de las decisiones de gobierno son ajenas al conocimiento de las mayorías, lo que lleva a los representantes a actuar sin consultar a sus votantes (salvo situaciones excepcionales). Esta práctica que se da de hecho en la mayoría de los países ha recibido consagración constitucional en algunos, como es el caso de España, donde se prohíbe el “mandato imperativo”. Aun en los gobiernos populistas la voluntad del pueblo es sustituida por la interpretación libre que de ella hace el líder. Finalmente, una reflexión sobre la complejidad de la relación entre representantes y representados. Los primeros necesitan del voto ciudadano cuando se postulan como candidatos, y luego el apoyo de éstos para gobernar cuando llegan al poder. En ambos casos suelen utilizarse estrategias de comunicación que buscan congraciarse con el pueblo diciendo las cosas que éste quiere escuchar, aunque esto permita sólo políticas de corto plazo; estrategias que suelen incluir un discurso dirigido centralmente al nivel emocional de las mayorías. El resultado de todo esto serán apoyos efímeros y frustraciones a la vuelta de la esquina. Pero tampoco sirve una estrategia que concentre sus propuestas en resolver los problemas macroeconómicos, sin demostrar cómo su solución influye para que esos éxitos lleguen a los bolsillos de la gente; y tampoco es aconsejable considerar a los ciudadanos como individuos autónomos que se comportan siempre racionalmente. Una buena estrategia de comunicación debe servir tanto para ganar apoyos legítimos como para mejorar el contenido de nuestra cultura política, tan necesitada de estas mejoras. Estos objetivos tendrán una mayor probabilidad de ser alcanzados de manera virtuosa si la estrategia busca integrar los niveles racionales con los emocionales de las conductas ciudadanas, así como las políticas macro con las necesidades del día a día de los representados. Cada ciudadano está provisto, en medidas desiguales, tanto de atributos emocionales como racionales, por lo que a veces se comporta de forma autónoma, mientras otras veces lo hace como parte de una entidad mayor. Esto último ocurre, por ejemplo, frente a fenómenos teñidos por el nacionalismo, mientras que los comportamientos racionales son más comunes en el campo de los intereses privados. Por otro lado, la mayoría de los problemas requieren políticas que atiendan tanto los intereses particulares de cada uno como las condiciones generales de vida del conjunto. Los temas relacionados con el empleo y los salarios, que hacen al interés particular de cada ciudadano, no pueden abordarse sanamente sin atender a los requerimientos macroeconómicos; así como las políticas aparentemente globales como la seguridad o el medio ambiente, tienen claras repercusiones en la vida privada de cada uno. En resumen, una estrategia de comunicación entre representantes y representados, que contribuya además a mejorar la cultura política de todos, debe reunir al menos estas dos condiciones: tener en cuenta tanto la dimensión racional como la emocional de cada ciudadano; así como ofrecer propuestas que integren las demandas individuales a los destinos del conjunto de la población en un proyecto de país en el que la respuesta a las necesidades de cada uno no sea independiente de lo que le pasa a los demás.
