Si el conflicto llega a la Justicia, el juez debe opinar. Pero a mí, ciudadano, me importa más que la ley sea congruente con las necesidades colectivas; para eso se legisla. Y en este incidente me parece que los dos grupos tienen un poco de razón y un montón de sinrazón. Veamos el caso: el P.E.N. decidió que la oficina de patentes local acepte los dictámenes emitidos por la equivalente de otros países. Si bien esos dictámenes no son vinculantes, tendrían un peso muy grande si vienen de naciones desarrolladas y soslayarían muchas de las verificaciones locales. Aparte de que estimula el apetito de “comisiones”. Y no sólo eso, también estimula a hablar de cosas como el libre comercio, el nacionalismo y el imperialismo enfrentados, la salvación de la salud del pueblo, los buenos y malos de la contienda, todo ese barullo. En el campo del medicamento, enfrenta a las industrias nacionales con las transnacionales. Pero la realidad es un poquito distinta al planteo de los dos contendientes.
La realidad es que en todo el mundo esta industria se adapta sólo parcialmente a las reglas del libre mercado –beneficiándose del componente mágico que tiene la medicina, incluso la más científica–; que el precio del fármaco tiene poco que ver con su costo de producción (incluidos los gastos de investigación y desarrollo que cubren las patentes); que todo fármaco a la par de su efecto beneficioso tiene potenciales efectos tóxicos; que en Argentina entre 30 y 35% del gasto total en servicios personales de salud es en medicamentos, lo que tiene poco que ver con las necesidades reales, entrando en el rubro consumismo y medicalización que caracteriza a la sociedad moderna; que la industria nacional, arropada por la bandera, y la transnacional sobredimensionando su capacidad inventiva, manejan un mercado por casi mitades, siendo similares sus comportamientos; que en las últimas décadas la asociación entre empresas nacionales y transnacionales se ha incrementado; que las debilidades organizativas del sistema de salud y su mercantilización ayudan al sobreconsumo de algunas clases sociales y el subconsumo de otras; que el Gobierno debería atender a los intereses en juego y no representarlos; todas estas cosas hacen que el campo real sea bastante diferente de la retórica y se pierda el objetivo del bien común.
La ausencia del Estado dificulta la situación: en un terreno donde la facultad reguladora es clave el Estado evade su responsabilidad; la buena ley de prescripción por el nombre científico del fármaco, en la presidencia de Néstor Kirchner, no fue seguida por el conjunto de medidas que podrían cambiar las cosas; seguimos en buena medida con la legislación ultraliberal de los 90, de la cual la controversia actual es una muestra. Hubo buenos proyectos de leyes peronistas y radicales en la Cámara de Diputados, hace pocos años: nunca fueron tratados. El campo de la salud es el sector más corporativizado argentino, la políticas de reforma rara vez las define la política; eso se intentó en 1974 y 1984, dos intentos fracasados. Habitualmente las definen el peso coyuntural de las corporaciones, potenciadas por su eventual influencia en el campo amplio de lo político o económico, en los que actúa el sector salud como moneda de canje.
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Los países desarrollados hacen bien algunas cosas y mal otras, obviamente que atar de alguna manera la propia autonomía al criterio de los otros es negativo, pero los que se escudan en la escarapela tendrían que pensar primero en cuánto colaboran en distorsionar e inflar un mercado que la salud de los argentinos necesita redimensionar.
Las empresas transnacionales se escudan, a su vez, en su capacidad innovadora, vale, pero en algún momento se pondrá el mundo a discutir los límites reales de las patentes –realizando el sueño de Toynbee, de que alguna vez la humanidad, superando egoísmos tribales, gobierne planetariamente algunos temas–, protegiendo los derechos del innovador auténtico pero, al mismo tiempo, los de la sociedad, en una industria farmacéutica cuya rentabilidad se acercaba, paradójicamente, a la de las armas.
