Fue un final anunciado. La crónica de los acontecimientos consuetudinarios que se sucedieron desde la asunción de Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri así lo presagiaba. Dos fueron los principales problemas que debió enfrentar: el primero relacionado con su cuna política; el segundo, con la condición humana. Veamos. La carrera política de Prat-Gay nació y se desarrolló por fuera del PRO. Fue una carrera con un transcurrir variable que lo llevó desde estar en la Coalición Cívica, bajo el ala protectora de Elisa Carrió, hasta compartir una lista de diputados con Victoria Donda. En ese decurso se recuerda cuando presentó un proyecto de modificación del impuesto al mínimo no imponible sobre los salarios bastante similar al que presentó la oposición a comienzo de diciembre, que el ahora renunciado ministro criticó con dureza. Dentro del Gobierno le hicieron sentir su no pertenencia al núcleo de los “puros” del PRO. Sus problemas mayores no fueron con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sino con otros funcionarios.
Esos otros funcionarios eran –son– el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y el secretario de Gabinete, Gustavo Lopetegui. En su relación con ellos emergió un rasgo de la condición humana de Prat-Gay que llevó al desenlace de toda esta historia: la soberbia, uno de los siete pecados capitales (la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria y la pereza son los otros). El curriculum vitae del renunciado ministro supera, desde el punto de vista académico, al de Quintana y Lopetegui, con quienes tenía las mayores diferencias. “Se creyó que estaba en la facultad, y esto es otra cosa totalmente distinta”, lo lapidó un hombre clave del PRO. Una de las formas en que Prat-Gay hizo sentir su desprecio por ellos fue su decisión de no asistir a las reuniones de gabinete cuando quien las encabezaba no era el Presidente sino Peña y sus dos colaboradores. Se ve que no había hecho una lectura adecuada de la realidad interna del Gobierno. Por si hacía falta algo más, hace unos pocos días Macri había ratificado la importancia de estos dos funcionarios de una manera contundente.
En algún momento, Prat-Gay imaginó para él otro futuro. En los días en que la canciller Susana Malcorra recorría el mundo buscando apoyo y votos para su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, el hoy renunciado ministro se ilusionó con reemplazarla.
Tres fuentes diferentes coinciden en afirmar que Macri terminó de adoptar la decisión final el sábado antes de partir hacia Villa La Angostura en plan de descanso. “Alfonso no se esperaba esto”, señaló alguien de su cercanía aún impactado por su desplazamiento y por la forma en que se llevó a cabo. La noticia produjo impacto internacional. A muchos les costó –aún les cuesta– entender la salida de un ministro que en su último día de gestión anuncia nada menos que el blanqueo de capitales más exitoso de la historia argentina. Si alguien tenía alguna duda, los cambios de nombres producidos por el Presidente lo han aclarado con contundencia: en su gobierno la única figura descollante es él. El comanda y el resto es el equipo. Nadie debe sobresalir. Por eso el gabinete carece de figuras de relieve y lo que allí cuenta como esencial es la capacidad de cada ministro y de cada secretario para adaptarse a ese esquema de funcionamiento. En ese sentido, el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos –uno de Hacienda y otro de Finanzas– no hace más que acentuar esa particularidad.
Los elegidos por Macri para esta nueva etapa son Nicolás Dujovne –ministro de Hacienda– y Luis Caputo –ministro de Finanzas–. La labor más dura la tendrá Dujovne, a quien le corresponderá llevar adelante la ardua tarea de reducir el déficit fiscal.
En uno de sus últimos comentarios de análisis en el programa de televisión que compartía con Carlos Pagni en TN, habló del fenomenal crecimiento del empleo público a lo largo de los doce años que duró el kirchnerato. En este aspecto, hay un dato que deja al flamante funcionario mal parado: su condición de empleado de planta temporaria del Congreso –es asesor del senador (UCR) por Chaco Luis Naidenoff–, con un sueldo de 30 mil pesos.
¿Cómo sostener con el fundamento de la coherencia la necesidad de reducir el empleo público cuando quien lo proclama es a la vez beneficiario de una de sus modalidades?
Embargada. El otro tema de alto impacto lo representó la resolución del juez federal Julián Ercolini de procesar a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita y disponer un embargo de 10 mil millones de pesos.
La resolución del juez, de 800 páginas, es contundente. “Hizo una valoración minuciosa de toda la prueba aportada por la fiscalía en cada uno de los momentos procesales”, señala un conocedor de la causa. En el fallo se resalta la importancia de determinar que, por más que todos no se conocieran personalmente, cada uno de los engranajes del entramado de corrupción sabía de la existencia de los otros y el rol que ocupaban.
Sabían que no estaban ahí por casualidad y conocían el pacto que los unía. Todo estaba dirigido desde lo más alto del poder, primero por Néstor Kirchner y luego sostenido por CFK para direccionar todo hacia Lázaro Báez. Todos sabían lo de Báez y lo que él representaba.
De aquí hasta la elevación a juicio oral, la fiscalía está trabajando en fortalecer la línea de investigación Sur, que incluye a ex gobernadores, al secretario de Obras Públicas de Santa Cruz y la participación de funcionarios intermedios. Ya hay avances, pero no se presentó ahora para no entorpecer la contundencia de esta etapa de la investigación.
No hace falta tener todo el cuadro completo para determinar las responsabilidades principales. Eso está probado.
Ahora los fiscales irán hacia abajo y horizontalmente. Además, el entramado delictivo describe en detalle el sistema para apropiarse de la obra pública, en principio, en la provincia de Santa Cruz, lo cual es suficiente para describir la matriz de corrupción que los fiscales creen que se replicó en otros lugares. Aparece más clara la conexión de causas, por ejemplo Hotesur, para demostrar la mecánica de retornos –entre otras cosas–. Dato para destacar: un equipo de sólo cinco personas en la fiscalía trabajó en tiempo récord para presentar las pruebas que sirvieron de base al fallo del juez federal Ercolini.
Encima, Irán. Por si todo esto fuese poco, el jueves se produjo el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación, que apartó al juez federal Daniel Rafecas de la causa originada en la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman hizo en contra de CFK por la firma del escandaloso memorándum con Irán en el marco de la investigación por el atentado contra la AMIA. La trama del fallo que por unanimidad emitieron los tres integrantes del tribunal –Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos– es sólida y lógica.
No condena a ninguno de los denunciados ni emite juicios sobre ellos. Lo único que confirma en forma contundente es lo que debió hacerse desde un principio: investigar sobre la base de las pruebas que aportó Nisman en el expediente.
Claro que hay algo de peso que marca una diferencia fundamental: Nisman está muerto. Y con Nisman muerto ocurrieron cosas que también fueron significativas para desandar su investigación: el desmantelamiento de la Unidad Fiscal Investigativa dispuesto por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En el apogeo del kirchnerato, desde esta y otras tribunas se presagió algo que resultaba evidente para cualquier observador atento de aquella realidad atravesada por el cúmulo de hechos irregulares y turbios habidos en ese período: una vez que dejaran el poder, tanto la entonces presidenta como quienes conformaban la cúpula de aquel gobierno serían asiduos visitantes de los juzgados federales de la avenida Comodoro Py al 2000. Y eso no fue magia.
