El gobierno de Mauricio Macri ha optado por un esquema de política económica riesgoso. El gradualismo fiscal alarga la transición hacia una economía más estable y más previsible. Y cuanto más larga, mayores los riesgos. Sobre todo, porque se necesita de más crédito durante más tiempo. Y cuando hablamos de crédito no estamos pensando solo en el financiamiento que proveen los mercados internacionales; se necesita del crédito, del acompañamiento, de una tribuna local impaciente por ver resultados más contundentes en materia de actividad económica, aumento del empleo y reducción de la pobreza.
Una de las consecuencias del gradualismo fiscal se percibió con crudeza en el cierre de 2017. La mejora del resultado primario, presentada como un gran logro (que lo es) por el ministro de Hacienda, se ve del todo desdibujada cuando se observa que el resultado financiero (resultado primario más intereses de la deuda) prácticamente no mejoró respecto de 2016. La reducción del déficit primario fue devorada por el aumento del pago de intereses de la deuda pública. Y algo similar sucederá en 2018, dado que la carga de intereses seguirá en aumento.
Mientras el escenario internacional se ajuste a su variante más probable, el financiamiento seguirá disponible y solo es previsible un aumento de su costo. A menos que la Argentina logre una baja del riesgo país mayor al aumento de las tasas de interés internacionales, lo que no luce factible. Si bien el relato argentino (un gobierno en apariencia no populista que encara reformas y que luce con el camino allanado para un nuevo mandato) seguirá siendo atractivo para los mercados internacionales, el estado de los fundamentos macro empezará a ganar terreno entre los más escépticos. El déficit fiscal seguirá siendo el mismo de 2015, la inflación seguirá en el 20%, el déficit de cuenta corriente estará en 5 puntos o más del PBI y el peso seguirá dando la impresión de estar sobrevaluado. Todo es un déjà vu incluso para los inversores menos consustanciados con la historia de la Argentina y sus crisis.
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La impaciencia genera sus propios riesgos, tal como lo vimos en la última semana de 2017. El Gobierno anunció un relajamiento de las metas de inflación en el entendimiento de que perseguir una desinflación más rápida tiene consecuencias negativas sobre la actividad económica. El Banco Central respondió con bajas de las tasas de interés en las dos oportunidades que tuvo para hacerlo. El resultado, por el momento, ha sido que todos los agentes económicos relevantes recalculen sus expectativas de precios e ingresos hacia arriba. Un recálculo impulsado por el aumento de los precios regulados y la depreciación del peso de las últimas semanas.
Cabe preguntarse si el Gobierno subestima los riesgos que enfrenta. O si cree que la estabilización macro está del todo bien encaminada, y que lo único que está en juego es cuánto más rápido o más despacio se la alcanza.
En cualquier caso, resultaría deseable que las máximas autoridades políticas y económicas no cayeran en la complacencia. En ese estado de relajamiento tan tentador al que invita la percepción de que no hay riesgos y la tarea está cumplida. La evidencia empírica está plagada de ejemplos de gobiernos cuyos esfuerzos estabilizadores y reformistas y, en consonancia, sus logros, van decayendo en el tiempo. Lo que no se logra en los dos primeros años de gobierno (sobre todo en el primero) cuesta mucho lograrlo en los siguientes. El presidente Mauricio Macri ha prometido un período de reforma permanente, la cual debería servir para que esta vez tal dinámica no se repita y que podamos esperar que esta vez sí sea diferente. Pero las reformas estructurales son complementarias y no sustitutivas de la estabilidad macroeconómica. Y esta seguirá amenazada por los riesgos que generan la gradual convergencia fiscal e inflacionaria.
