“Tenemos previsibilidad porque la Corte no cambia su jurisprudencia porque cambia el gobierno sino que mantiene su jurisprudencia y sus decisiones, y eso es seguridad jurídica y previsibilidad (…) Los contratos entre privados cuentan con seguridad jurídica, porque hay normas que le dan protección constitucional. Esto es muy importante. Si recordamos nuestra historia, el Estado intervino sobre lo acordado entre las partes. Pero ya no se puede hacer. Lo que ustedes contraten está tutelado por la Corte”. Con estas palabras, Ricardo Lorenzetti, presidente re-re-re-reelecto de la principal instancia judicial del país, recibió la mayor ovación del segundo día del Foro de Inversiones que el Gobierno organizó en el CCK.
Al mismo tiempo que empresarios, CEOs, funcionarios y lobbystas se regodeaban en aplausos para el juez de la Corte Suprema, estallaban en las pantallas de la TV las imágenes del cuerpo casi sin vida de un asaltante bajo el auto del carnicero de Zárate al que había robado.
La barbarie se completó con vecinos pateando al inmóvil delincuente y marchando para que liberaran al carnicero. Como días antes otros en San Martín pidieron por el médico “justiciero” que ejecutó a balazos a un joven que le sustraía el auto.
Y así, una vez más, se pretende que nos ponemos a debatir si matar a alguien está bien, mal o según. Aparecen entonces otras grietas más profundas y simplificadoras de nuestra sociedad, que van del “uno menos” de Feinmann al garantismo básico de Zaffaroni. De esa trampa no pudo escapar ni el periodista más popular e influyente de la Argentina, Jorge Lanata, que esta semana explotó contra su audiencia radial porque la amplia mayoría ensalzaba el ojo por ojo. No es la primera vez que pasa. Hace una década, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, un señor llamado Blumberg consiguió que se endurecieran ciertas penas tras el terrible crimen de su hijo tras ser secuestrado. No por eso, ni por la construcción de nuevas cárceles, se redujo el delito.
Es complejo explicar la inseguridad en un país donde hay más de cinco millones de menores bajo la línea de pobreza y con el narcotráfico en abierta expansión de su influencia. Pero sobre todo cuando el Estado, en vez de incluir y proteger, prohija a policías que delinquen y a penitenciarios abrepuertas y cómplices. Nada nuevo bajo el sol: hace unas décadas, desde el aparato estatal se engendró el peor plan represivo ilegal de nuestra historia.
La Justicia tiene también su alta cuota de responsabilidad en esta realidad patética, con juzgados y fiscalías que no cumplen con su rol por política, ineficiencia o corrupción. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura prefieren mirar para otro lado y hablar para otros, como hace Lorenzetti. Así, la seguridad jurídica queda en manos de un carnicero. Y no es una metáfora.
