Ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Río 2016. El presidente en ejercicio transitorio del poder, Michel Temer, declara abierta la competencia deportiva, mientras una silbatina generalizada se adueña de un Maracaná colmado y transmite al mundo entero, por unos instantes, el amplio malestar de la sociedad brasileña. El abucheo que se propaga es un reproche a la clase política sin excepciones.
El país de Dilma y de Temer, el “mais grande do mundo”, es un gigante golpeado por la decadencia económica, los conflictos sociales, la corrupción generalizada y una sensación de rumbo perdido que lo ha sumido en la recesión más importante que se recuerde.
A diferencia de lo que sucede en la Argentina, la Justicia brasileña ha sabido limitar los excesos de la política y ha puesto a muchos de sus actores a la defensiva, exponiendo el avanzado grado de descomposición del tejido político-empresarial. El Lava Jato –la investigación sobre sobornos en torno a Petrobras– y el juez Moro simbolizan esa cruzada de recuperación de la mesura, de la ética y de la verdad.
Nada se puede recriminar, desde lo formal, al procedimiento que ha convertido a Dilma en el segundo presidente destituido en la historia de Brasil, en tanto fue desarrollado bajo los cánones constitucionales de un Estado de derecho. Una comisión especial aprobó su proceso, la Cámara baja decidió la acusación y el Senado –finalmente– con mayoría superior a los dos tercios necesarios la halló culpable y la apartó del cargo. Sin embargo, es el contexto en el que se desarrolló el impeachment el que lo tiñe de sospechas. Los reproches administrativos –motivo de su remoción– son una práctica irregular y condenable en cuanto implican falta de transparencia, arbitrariedad, manipulación de cuentas públicas y múltiples violaciones legales y éticas, materias donde la clase política brasileña –tampoco la argentina– puede dar muestras de ejemplaridad.
Arrinconados por las denuncias y las pesquisas judiciales –como animales heridos–, muchos políticos decidieron emprender una batalla canibalesca en la que sólo sobrevivirían los más fuertes. La institución del juicio político a la que fue sometida Dilma Rousseff se convirtió en el campo de combate de una guerra de supervivencia donde gran parte de los que señalaron sus errores enfrentan a la vez causas o investigaciones por corrupción. No hay mejor defensa que un buen ataque, intentar que la atención se centre en otro y ofrecer una víctima de sacrificio al altar de los reclamos sociales.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, del que Dilma resultó sucesora y ahijada, ha quedado marginado del poder tras trece años continuos en la cúspide. Dilma, la primera mandataria mujer del país, aquella que no toleraba la más mínima sospecha de corrupción y apartaba de sus cargos a los funcionarios investigados, acabó siendo víctima de esa misma lógica.
Lejos de calmar las aguas, la expulsión de la ex mandataria avivará las divisiones, los reproches y los enfrentamientos políticos.
La misma sociedad parece fragmentada y podrían sucederse revueltas y confrontaciones que dañarían aun más la situación del país. Se va una presidenta destituida pero curiosamente no inhabilitada para ejercer cargos públicos. Asume, constitucionalmente, Michel Temer, líder del Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) pero un presidente impopular y sospechado, al que
le tocará la difícil tarea de completar el mandato hasta finales de 2018 y sacar a Brasil de la crisis en que se encuentra sumido.
Los festejos de los Juegos Olímpicos quedaron atrás y la sociedad ha regresado a sus penurias. En Brasil se abren nuevos y decisivos interrogantes: ¿habrá finalmente elecciones anticipadas si todo se sale de control? En el Olimpo de la política, mientras algunos celebran y otros gritan ¡golpistas!, la silbatina generalizada aturde y perdura.
*Profesor de la Universidad Austral.
