Un ex secretario de Energía, edulcorando el trago amargo del aumento de tarifas, decía en los medios que un valor de consumo de 500 kW pagaría 278 pesos en lugar de 37, que comparaba con el precio de una gaseosa.
La alegoría gastronómica, como las pizzas del ministro Prat-Gay, deja entrever una mirada que no exhibe el mismo entusiasmo para ponerse en los zapatos tanto como en los bolsillos del otro. ¿Qué familia consume tal cifra, sin afectar su calidad de vida en el tórrido verano de la ciudad de la furia y de los cortes mal programados?
Días antes, otro ex secretario del rubro, sin disfrazar el aumento, aseguraba con frialdad de cirugía mayor la ausencia de una potencial tensión inflacionaria por la restricción y sustitución en el consumo que se produciría. Si se advierte la baja elasticidad de la demanda energética, y el inminente ascenso del gas a la estratósfera, sólo la ingenuidad se interpone en su traslado a precios.
¡Qué paradoja! Un relato que interpretó el sentir popular, en las antípodas del discurso técnico de pretensión neutra, acabó eufemizándose hasta el paroxismo, trocando devaluación por “corrección del tipo de cambio” e inflación por “dispersión de precios”, cuando los cien pesos del changuito lleno alcanzaban para un menú al paso en la estación Retiro.
Y, por otro lado, ese relato es reemplazado por otro obsoleto, aun para think tanks primermundistas, que apela a emociones.
El “sinceramiento tarifario” no limita los subsidios, los niega como instrumento político.
Desde una mirada ahistórica, ese sinceramiento enfatiza su arista distorsiva e inflacionaria que sólo es real cuando el medio se convierte en un fin en sí mismo. Lejos de
causar inflación, éstos, junto con la negociación de un gobierno que aún no se confundía con Estado, retardaron, post 2001, el traslado a precios del 300% de una devaluación que auguraba híper.
El “sinceramiento” da legitimidad universal al mercado, hacia lo que todo valor tiende, pero esta verdad de a puños –el precio por kW libre de tax puede variar hasta en 30% entre naciones de similar estructura energética– suprime la discusión sobre el rol soberano del Estado en el efecto devastador sobre los pobres de la repentización de medidas o previniendo abusos se confina a las tarifas y no interpela el contexto.
Ese sinceramiento extiende un cheque en blanco a la “mano invisible” del mercado en un sector de oferta oligopólica marcado por una reticencia pertinaz a las inversiones y desde el que no se asumen compromisos y se esquiva el bulto.
Uno de los CEOs del sector dijo que el incremento no les generará beneficios. Subtextos posibles: ¿la percepción equipararía a los subsidios, o las empresas piensan destinarla a salarios?
No cabe otra cosa, mientras Gobierno y empresarios no dan pistas sobre la hoja de ruta de largo y corto plazo para las áreas de producción y distribución, y se llenan la boca con la volitiva correlación teórica entre “tarifa sana” e inversiones.
En un país donde la teoría es gris y el árbol de la vida no es siempre verde, asusta la incerteza de una gestión que opta por un crash landing para salvar el déficit a bordo,
pero aplastando en tierra su objetivo de pobreza cero.
En una economía en estanflación ya heredada, tal naturalización del disciplinamiento social es una posición tomada que cierra con la gente afuera.
En Bruselas, la Unión Europea entiende que sacar a 50 millones de almas del riesgo de la pobreza energética, definida por el peso sideral del 17% de la energía sobre el ingreso, evita perpetuar la espiral recesiva de 2008, el compromiso de la sanidad pública y una muerte más invisible que la mano (32% de decesos para la OMS por temperatura inadecuada en los hogares).
En Argentina no hay síntesis conceptual ni superación dialéctica. Sólo el patrón pendular y binario que describe la trayectoria política de una nación atrapada entre las exageraciones del Estado y del mercado.
