Para el saber convencional, la soberanía de un Estado se expresa por el control sobre un territorio en el cual tiene el poder de aplicar normas que regulan las relaciones entre los sujetos. La moneda nacional es uno de los instrumentos utilizados para hacer efectiva esa soberanía. Para ello, la Constitución Nacional le otorga al Estado el monopolio de emisión de la moneda nacional, y el poder para darle curso legal e imponer su uso como representación y garantía líquida de todos los valores.
La emisión monetaria representa la deuda original que toma el Estado con la población bajo su tutela y cuya contrapartida es el crédito original que le otorga la misma Constitución con el monopolio de la recaudación de tributos. Sobre estos dos monopolios se construye el sistema social de pagos y se ejerce y legitima la soberanía política. Así, la moneda moderna se vincula con la idea de “deuda” o “compromiso de pago”: toda emisión de pesos del Banco Central es deuda y también toda emisión de deuda del Banco Central es emisión futura para pagar capital e intereses.
Para que la soberanía monetaria no sea solo formal, el Estado tiene también que garantizar otros elementos: i) capacidad de imponer en todas las prácticas monetarias los instrumentos de cuenta y pago instituidos por la autoridad; ii) control de las prácticas de conversión de la moneda doméstica en otras; iii) capacidad de arbitrar entre intereses de los acreedores y deudores. En la medida en que no están presentes todos estos elementos, el Estado nacional no ejerce plena soberanía monetaria y aumentan sus dificultades para ejercer soberanía política.
Argentina es hoy un Estado nacional sin soberanía monetaria y política plenas, como resultado de reiterados y sostenidos procesos inflacionarios, déficit fiscal y endeudamiento en divisas, en un país que emite una moneda sin valor internacional. Como resultado, el Estado argentino cada vez tiene menos capacidad para financiar sus funciones con el monopolio de emisión y el monopolio de recaudación tributaria y hace décadas que viene recurriendo a tomar deuda en los mercados financieros.
La historia de las últimas décadas en el país, particularmente desde la última dictadura militar, es un proceso de erosión sistemática de soberanía monetaria. Un extremo ha sido la Convertibilidad. Actualmente estamos en otro momento clave de ese proceso porque se combinaron todos los factores: inflación, déficit fiscal (primario y financiero) junto con endeudamiento exponencial. Es tal la pérdida de soberanía monetaria que un organismo financiero supranacional ha tomado el control directo de la política monetaria y cambiaria, fijando las pautas para la política fiscal.
Para salir de esta encerrona, el Gobierno proclama la necesidad de eliminar el déficit fiscal primario y absorber gran parte de la emisión, pero al mismo tiempo promueve el endeudamiento tanto del Tesoro como del Banco Central. Como se señaló, la deuda del Central es una forma de emisión monetaria, si no, ¿cómo se van a pagar los intereses siderales que hoy se pactan para “secar” la plaza frente a la escalada del dólar? Se recorta el déficit fiscal y se aumenta el “cuasi-fiscal”, de forma tal que la cadena explosiva déficit público y endeudamiento continúa a niveles altísimos: pero en lugar de déficit por gasto elevado y garantía de derechos sociales, cada vez más es déficit por garantía de renta financiera.
No puede esperarse que así se recupere la soberanía monetaria y política; mucho menos que se recupere la República y un futuro promisorio para el país. Todo el programa monetario y fiscal del Gobierno tiende a hacer crecer aún más el endeudamiento y la dependencia con respecto a los capitales financieros internacionales. El futuro argentino está teñido de deuda en pesos y deuda en dólares.
Por este camino, en lugar de construir una “república de iguales”, lo que se está haciendo es erosionar las condiciones para que la sociedad argentina sea una totalidad histórica con un destino común de igualdad. Argentina va en camino de convertirse en un enjambre de individuos que contratan sin tener intereses colectivos comunes y cuyo destino dependerá del patrimonio privado y desigual de cada persona.
*Economista. Director académico e investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).
