Sobre la pena de muerte

Soy pacifista. No creo en la bondad de ninguna guerra y tuve problemas cuando, según las encuestas, la mayoría de los ecuatorianos apoyaba fanáticamente el enfrentamiento con el Perú. Eso me costó ser víctima de un atentado cuando algunos patrioteros pusieron una bomba en mi casa, pero seguí defendiendo lo que creía y tuve el gusto de jugar un papel importante para llegar a la paz definitiva, que me valió una condecoración del gobierno brasileño. Trabajé con encuestas toda mi vida y me parece una torpeza usarlas para averiguar lo que opina la mayoría de la gente y obedecerle. He participado en manifestaciones en contra de la guerra en distintos países del mundo porque estoy convencido de que la violencia solo genera violencia.
Me pasa lo mismo con la pena de muerte. Me parece que no soluciona nada y quita con frecuencia la vida a inocentes. He defendido esta tesis en los libros que he publicado, en los artículos que he escrito en PERFIL durante una década, en cientos de conferencias y cursos que impartí como maestro. Si alguien dice que defiendo la pena de muerte, debería encontrar algo en esos trabajos o afirmarlo alguno de los miles de alumnos que tuve a lo largo de los años.
Hace pocas semanas, dije en una entrevista que en investigaciones realizadas en distintos países hemos encontrado que la mayoría de los latinoamericanos quiere usar la violencia para combatir el delito y en muchos casos defiende la pena de muerte. Esta actitud suele ser más dura entre los pobres, víctimas de una delincuencia cada vez más cruel, impulsada por la crisis de valores y el uso de las drogas. Aclaré que estoy en contra de estas actitudes.
Cuando volví a Argentina, me encontré con una ola de comentarios, incluso de periodistas respetables, que preguntaban qué pretendía el Gobierno detrás de mi supuesta defensa de la pena de muerte. La tendencia a deformar la realidad a partir de sentimientos, dejando de lado todo análisis racional, se ha generalizado. Estamos en un mundo invadido por las fake news, la posverdad y la posmoralidad de la que habla Miguel Wiñazki en su magnífico libro sobre el tema.

Sin embargo, creo que más peligrosas que las falsas noticias creadas intencionalmente son las mentiras en las que creemos honestamente, confundidos por nuestras supersticiones, egolatrías, temores y angustias. A quienes vivimos intensamente en el siglo pasado el enfrentamiento de las dictaduras militares pro norteamericanas con las guerrillas alentadas por la Unión Soviética, nos es difícil asumir que la Policía y las Fuerzas Armadas ya no son parte del Plan Cóndor enfrentado a la OLAS, sino instituciones que persiguen a delincuentes y narcotraficantes.
Me ha sorprendido cómo tanta gente, entre la que están personas cuyo criterio valoro y aprecio, puede suponer algo tan disparatado como que apoyo la pena de muerte y usar además esta mentira para hacer análisis políticos. No solo me opuse siempre a la pena de muerte sino que he militado activamente en su contra tratando de impedir la lapidación de Sakineh Mohammadi Ashtiani y de varias otras mujeres en Irán, o la crucifixión de cristianos en países del norte de Africa y del Medio Oriente, como Yemen. Nunca encontré el nombre de ninguno de mis horrorizados críticos en esas acciones de rechazo a la pena de muerte.
Me sorprendió también leer a tantas personas que se sorprenden cuando alguien dice que los pobres piden mano dura en contra de los delincuentes. Probablemente nunca han visitado los barrios más humildes de Argentina, México, Brasil, en los que millones de personas viven tras las rejas, sitiadas por delincuentes que quieren asaltarlas para comprar un poco de droga. Tampoco habrán leído las noticias que salen con frecuencia acerca de grupos de vecinos que lincharon a un asaltante, o lanzaron a un ladrón de celulares por la ventana de un tren en movimiento.

Se produjo una polémica superficial que lleva a conclusiones absurdas. La tesis de que un policía pueda usar su arma reglamentaria solamente en defensa propia llevaría a que no deba participar en ningún operativo en contra del narcotráfico si los traficantes no están poniendo en peligro su vida. Asimismo, si los gendarmes solo pueden disparar cuando los delincuentes estén de frente, tendrán que huir en desbandada si usan ametralladoras con espejos retrovisores, dándoles siempre la espalda. El tema de la seguridad es muy complejo, debe entenderse dentro de los cambios que necesitan nuestras sociedades en su tránsito a democracias estables.
Todos debemos colaborar para que las instituciones dirigidas por un gobierno democrático sean eficientes para proteger nuestra seguridad combatiendo el delito. Es obvio que debemos oponernos a los abusos policiales, que desgraciadamente se producen periódicamente en la mayoría de los países del mundo.

Son nocivos, hacen daño al conjunto de la sociedad y serán menos frecuentes si se continúa con una política de educar, equipar y perfeccionar a las fuerzas del orden. Los esfuerzos realizados en esa dirección durante los dos últimos años han sido grandes y empiezan a dar resultados.
Al mismo tiempo, deben cambiar las relaciones entre la sociedad y las fuerza policiales, que no se han recuperado desde el tiempo de la dictadura y se deterioraron más en la última década por acción de un gobierno anómico que ensalzaba a las barras bravas y al Batayón Militante. Hay que superar la sensación de que los gendarmes son culpables de cualquier cosa, incluso cuando se demuestra lo contrario, y las fuerzas de seguridad deben trabajar para que la sociedad entienda su trabajo.

Se necesita, al mismo tiempo, un cambio en la legislación penal y en la actitud de los jueces. No pueden seguir existiendo partidos judiciales que pretendan defender a los delincuentes, ni magistrados que llamen al rompimiento del orden constitucional, ni jueces que desarmen a la policía para que bandas paleolíticas puedan tomar el Congreso.

Nada de eso existe en ningún país con una democracia desarrollada y no tenemos que conformarnos con que eso sea así porque somos del Tercer Mundo. Tampoco está bien que se abuse de la libertad condicional cuando es alta la peligrosidad de los presos ni de la prisión preventiva cuando un juez quiere hacer política. La Justicia debería ajustarse a las leyes y buscar el bienestar de todos los ciudadanos.
Para quienes fomentan la represión, los centros penitenciarios deben ser instituciones en las que los presos sufran y sean degradados. Cuando encarcelan a alguien, especialmente si es político, los inquisidores vigilan para que no tenga ninguna comodidad, critican si tiene una televisión en su celda porque afirman que esto la convierte en un paraíso. Tienen la mentalidad descripta en los capítulos iniciales del libro de Foucault Vigilar y castigar: piensan en el suplicio y el castigo.

Las teorías penales progresistas buscan algo que es irrelevante para los fanáticos: reeducar a los detenidos e insertarlos de nuevo en la sociedad, si esto es posible. Hay cientos de niños que nacen en las cárceles y permanecen presos hasta los cuatro años. ¿Qué propuesta hay para que se enfrente el tema?

En la provincia de Buenos Aires existe un intento serio de afrontarlo, no escuché ninguna propuesta para enfrentar el tema de parte de tantos especialistas en seguridad que aparecieron en estos días. Tampoco supe que estén elaborando una propuesta seria para lograr que las cárceles sean en realidad centros de rehabilitación, dejen de ser universidades del delito y centros de operación de las peores bandas de delincuentes peligrosos.
Finalmente, hay un hecho real. Es bueno hablar con cifras y no solo expresar sentimientos. Patricia Bullrich ha sido muy eficiente persiguiendo al narcotráfico, es además una funcionaria honesta y valiente.
Es raro encontrar funcionarios así en el continente. La experiencia dice que, cuando aparecen, los narcotraficantes hacen lo posible por destruirlos. ¿Será por eso que es la funcionaria más combatida de este gobierno? Tal vez mucha gente idealista es usada por gente oscura. Los narcos tienen mucha plata y el dinero mueve montañas.

*Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.