La estabilidad de las tendencias electorales, por lo menos las reflejadas por las encuestas, es tan firme que hasta llama la atención. Hay algunas diferencias entre distintas encuestas, explicables por distintos enfoques de medición o de muestreo, pero todas colocan a Massa y a Scioli al frente de las intenciones de voto y a Macri muy cerca de ellos. Y en todas, las posiciones de los candidatos y sus números en intenciones de votos permanecen sustancialmente estables desde hace meses. Los mensajes de cada campaña dirigidos a influir en los votantes hasta ahora no están logrando alterar la situación.
Los candidatos no parecen apurados por tomar posiciones públicas en algunos ejes de los varios que preocupan en mayor medida a la sociedad. Más allá de asuntos coyunturales, cuando algún tema de fondo ocasionalmente se instala en el espacio mediático casi siempre es porque dirigentes de otras actividades –empresarios, a veces sindicalistas, jueces, entre otros– buscan hacerlo. Los políticos son más reactivos que proactivos.
En otras palabras, la política está replegada. Los candidatos –que son los principales referentes a los ojos de la población– parecen estar esperando, cada uno, que se presente el momento oportuno para diferenciarse, y no creen necesario hacer esfuerzos para explicitar ni sus diferencias ni sus coincidencias en el plano económico. Los temas de los que más se habla pueden resumirse en tres grandes frentes: el de las personas, el de las instituciones y el de la economía. En el frente de las personas se habla mucho, pero se escucha poco de novedoso: ataques y defensas, casi siempre reiterativos. Es claro que por ese camino prácticamente ni un voto puede ser modificado; lo que se hace no logra otra cosa que consolidar las preferencias existentes.
El frente institucional –que para algunos es prioritario y para otros se subordina a principios políticos que consideran más importantes– también es en buena medida retórico y reiterativo, con la notoria excepción de asuntos relativos a la Justicia, donde se renuevan argumentos y debates sustantivos que hacen al futuro del país. La corrupción, un tema crítico en este frente, no aparece en las encuestas de opinión como un asunto de alta prioridad para la población.
El frente de la economía preocupa más al grueso de la población que lo que puede decirse hablando bien o mal de la Presidenta o reclamando por la corrupción. Un proceso preelectoral como el actual podría ofrecer una oportunidad para que la política se vuelque a intercambios sustantivos sobre la situación económica. En ese frente las coincidencias de fondo son amplias; pero los políticos de eso no hablan.
A veces se piensa que los candidatos se cuidan de tomar riesgos frente a sus votantes. Pero el verdadero problema es más bien que los dirigentes se cuidan de los activistas y militantes en cada grupo político, los que marcan la agenda, quienes se sienten custodios de ideas establecidas y custodios de los espacios políticos que creen tener ganados para siempre.
Aunque la retórica lo disimule, en la Argentina política de hoy en ese plano hay un sustancial acuerdo. Este no incluye al equipo económico del gobierno nacional ni a algunos de los grupos más radicalizados de la izquierda, pero sí a casi todo el resto del espectro político, candidatos y economistas incluidos. El consenso incluye la prioridad de contener la inflación, de atraer capitales productivos, de remover los obstáculos al aumento de la producción y de eliminar gradualmente las innumerables distorsiones que han ido introduciéndose en los últimos años. En esos espacios políticos casi todos parecen coincidir en que los subsidios no podrán ser eliminados de un plumazo –aunque sí podrán ser mejor aplicados y administrados–, en que la inflación deberá ser atacada con enfoques gradualistas y no de shock, en que habrá que devolver simplicidad y transparencia al mercado cambiario, en que el gasto público tendrá que ser racionalizado también gradualmente, en que hay que restituir más transparencia a las contrataciones públicas y en que hay que poner foco en normalizar el régimen de coparticipación federal.
Casi nadie imagina una economía de mercado con escaso intervencionismo estatal como programa para los próximos años. Mucho menos una economía cerrada, intensiva en mano de obra y de baja productividad. Algo que suele expresarse como “articulación entre la esfera privada y la pública” despierta amplias coincidencias. Casi todos piensan que la Argentina tiene que consolidar y expandir sus tres pilares “primarios”–el sector agropecuario, el de hidrocarburos y la minería– pero al mismo tiempo crear oportunidades para el desarrollo de sus industrias de mayor valor agregado, sus manufacturas y los servicios en los que el país dispone de ventajas competitivas y no las está aprovechando. Hay consenso en que un objetivo fundamental es la creación de empleo con mejora de la productividad. La cámara empresaria de productores de bienes de capital (Cipibic) debatirá una agenda orientada en esos términos en un seminario nacional que tendrá lugar dentro de pocos días.
Estos son consensos básicos. En la instrumentación de las políticas públicas por supuesto pueden existir diferencias importantes, y ya no entre los principales grupos políticos, sino dentro de cada uno de ellos. Esa es la tarea de los gobernantes. Pero puede ser la tarea de la dirigencia política ir preparando el terreno para acuerdos que faciliten la gobernabilidad, sea quien sea el que llegue al Gobierno. Es un hecho que la población está esperando, masivamente, acuerdos y consensos para salir de la estanflación y evitar la conocida propensión argentina a la ingobernabilidad. Y es previsible que el próximo gobierno deberá moverse con un Congreso dividido. En ese contexto, consolidar acuerdos básicos facilitará la tarea de quien deba asumirlo.
