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funcionario bajo sospecha

Total normalidad

Con el caso de Arribas o del Correo podríamos concentrar la mirada únicamente en apuntar a la responsabilidad del Gobierno y a su desprolijidad a la hora de poner distancia a los conflictos de interés y de avanzar sobre medidas reñidas con la ética, por más que sean legales.

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Con el caso de Arribas o del Correo podríamos concentrar la mirada únicamente en apuntar a la responsabilidad del Gobierno y a su desprolijidad a la hora de poner distancia a los conflictos de interés y de avanzar sobre medidas reñidas con la ética, por más que sean legales.

Pero estos dos ejemplos responden a un patrón reconocible en otras situaciones candentes que nos ocupan por estos tiempos.

El jefe de la AFI, como otros funcionarios de esta administración y de las anteriores, niega haber recibido fondos vinculados a la corrupción. Nadie está obligado a declarar en su contra, claro. Argumenta que los fondos que le ingresaron fue por la venta de un departamento y muebles en Brasil. Pero, encima, cuando no ocupaba la función pública. Sin embargo, no muestra transparencia su accionar o las pruebas que defenderían su posición, como vuelve a mostrar hoy PERFIL.

Arribas, amigo personal del Presidente, está a cargo nada menos que del área de Inteligencia del Estado argentino. Lugar viscoso si los hay. Desde el retorno de la democracia, allí se parapetaron ejemplares de la mano de obra desocupada de la dictadura, mercenarios a todo servicio e inescrupulosos que usaron el aparato estatal para generar negocios privados. Es una generalización, obviamente. Necesaria para entender el delicado lugar que ocupa Arribas y las tormentas que lo rodean.

Desde ese lugar se controlan, ejecutan o espían –directamente– movimientos, teléfonos y vidas digitales de miles de personas. Públicas o no. Asistimos a un festival de escuchas telefónicas, por ejemplo, que impactan sobre macristas (Angelici) y kirchneristas (Parrilli) por igual. Las sospechas, fundadas o no, capean en torno a la sombra de un tal Stiuso, oscuro mandamás del espionaje local. Los Kirchner lo entronizaron tanto como luego lo defenestraron. Stiuso hizo algo parecido con ellos. Y con Nisman. No parece dejar factura sin cobrar. ¿Será o apenas es una sobreestimación?

No sería ilegal que Arribas hubiera cobrado comisión por alguna gestión para Odebrecht, antes de que esta empresa (y muchas otras) quedaran al descubierto con el Lava Jato. ¿Sería ético? Lo mismo con el conflicto del Correo. Acaso no sea ilegal la resolución del Gobierno, tras la quietud para resolverlo de la gestión kirchnerista. Hay de todas maneras irregularidades en el procedimiento administrativo, que resolverá la Justicia. Pero resulta a todas luces reñida con la ética que el Estado que conduce Macri hijo “arregle” de forma desventajosa un diferendo con Macri padre. Para despejar esas sospechas, hay que extremar los trámites resolutivos y de revisión que tiene el Estado. No parece ser el caso. Y entonces todo se enturbia.

Puede resultar antojadizo hacer estos planteos a un gobierno que hace poco más de un año que está en el poder, después de doce años de una suerte de cleptocracia sólo comparable con el menemismo noventista que tanto se disfruta demonizar.

No casualmente allí se sentaron las bases de una matriz más propia de países bananeros en vías (supuestas) de desarrollo que de las naciones que se desarrollan tanto en lo económico-social como en lo institucional.

Desde esa plataforma despegaron el capitalismo de amigos, los jueces venales, los sindicalistas millonarios, los funcionarios devenidos en magnates. El cambio cultural requiere mejores gobiernos y una sociedad también mejor. Para que la normalidad pase por otro lado y no por éste, al que nos acostumbramos.