Quienes critican la orden de prisión contra el ex presidente Lula da Silva insisten en subrayar los avances sociales y económicos que Brasil alcanzó durante sus dos gobiernos. Recuerdan que Brasil nunca creció tanto como durante esos años, 2003 a 2010. Que millones de personas dejaron la pobreza y se incorporaron al mercado de trabajo. Que la deso-cupación cayó a niveles históricos, la inflación desapareció como problema y el salario real se fortaleció. Insisten, quienes lo defienden, en que Lula es víctima de una conjura de las oligarquías, furiosas por la felicidad de los más humildes. El ex presidente sería, entonces, víctima del prejuicio y el odio de clase, de una “revancha” de los poderosos. Eso es algo por lo menos llamativo, ya que las grandes empresas y los principales bancos de Brasil nunca ganaron tanto dinero como durante los ocho años de gobierno del líder del Partido de los Trabajadores.
A Lula lo ayudaron los precios astronómicos de las commodities –pero Venezuela es hoy un doloroso ejemplo de que con el petróleo, o la soja, por las nubes no alcanza para el desarrollo o para sacar a la gente de la pobreza– a los que sumó políticas públicas para los sectores más desprotegidos y una inédita estabilidad macroeconómica.
Nadie en su sano juicio discute esos logros, pero el problema es otro. La pregunta sería: ¿haber sido el “mejor presidente de la historia de Brasil”, como él mismo se proclama, excluye la posibilidad de que haya utilizado para su provecho dinero público o que haya beneficiado a grandes empresas a cambio de favores económicos personales? Esa es una práctica tan antigua como las endebles democracias latinoamericanas, es verdad. Pero, ¿es correcta? ¿No fue el propio PT, interpretando un sentir popular, el que impulsó la ley de “ficha limpia”, que impide que un político condenado en segunda instancia por corrupción pueda ser candidato, y que ahora podría volverse contra Lula?
Hay quienes subrayan la fragilidad de la argumentación del juez Sergio Moro al condenar al ex mandatario o la velocidad con que ordenó su prisión (nueve meses después de la sentencia, cuando el promedio de los otros presos por el Lava Jato es de entre 18 y 30 meses). O la fiereza con la que la clase política defendió a otras figuras alcanzadas por las denuncias, como Aécio Neves o el propio presidente Michel Temer. Son cuestiones discutibles, pero válidas. Pero haber sido un buen presidente –como lo fue– no exime a Lula de responder ante la Justicia.
