Es difícil saber con certeza qué pensaron los miembros de la Corte sobre las consecuencias políticas de la decisión que terminó en un fallo dividido sobre la reducción de penas. Lo que inicialmente parecía ser una tormenta de efectos impredecibles –y posiblemente negativa para el gobierno nacional– terminó en una demostración de consenso social y político como hace tiempo no ocurría en la Argentina. La calle y el Congreso, el Poder Ejecutivo y no pocos miembros del Poder Judicial, todos se mostraron de acuerdo. Atrás queda el debate, sustantivamente relevante pero políticamente inoportuno, sobre los fundamentos jurídicos –técnicos y filosóficos– de la decisión que avalaron tres miembros de la Corte. La Argentina ratifica su alineamiento en la gran corriente transnacional para la cual los derechos humanos son un tema prioritario en la agenda pública.
No es frecuente que la sociedad argentina alcance instancias de unanimidad como esta. Por cierto, no faltaron intentos de politizar el tema. No faltaron amagos de atribuir motivaciones politiqueras a los jueces que fallaron en mayoría, y de acusar al Gobierno de haber instigado el fallo. Pero todo eso se disipó rápidamente, la multitudinaria marcha fue absolutamente impecable desde el punto de vista del orden público, los dirigentes más combativos se automoderaron, y enseguida el Congreso produjo –con rapidez y unanimidad sorprendentes– la ley que reencauzó el tema de la reducción de penas.
Algunos hoy parecen proclamar que “aquí no ha pasado nada”. Pero ha pasado algo, y no es algo menor: la sociedad argentina encontró un punto de acuerdo, y lo ha hecho en pleno año electoral. En el balance, este consenso sobre lo actuado por los represores, torturadores y secuestradores de los años 70 es un paso adelante, porque contribuye a despojar el tema de los derechos humanos de ingredientes de política menor y a instalarlo entre los capítulos no discutibles de una agenda nacional. Es un consenso que no anula genuinos debates y diferencias en la apreciación de los hechos históricos, no exime a nadie de responsabilidades y culpas, no cierra causas pendientes, no excluye criterios humanitarios en la aplicación de la ley, no da por clausurado el juicio de la historia sobre cada uno de los actores, no proclama ninguna supremacía política o moral de unas visiones sobre otras. Pero establece un principio fundamental compartido: los crímenes aberrantes deben ser penalizados y sus culpables deben ser castigados, la noción de delitos de lesa humanidad es aceptada por la sociedad; el principio expresado en la consigna “nunca más” es un consenso en la sociedad y en la política argentinas.
Y, se ha visto, la sociedad acepta verse a sí misma pensando de la misma manera sobre un tema de fondo.
Otro tema avanza a pasos acelerados en la escena nacional: la corrupción. La impunidad es cada vez más costosa y difícil de sobrellevar. Se trate de quien se trate. Está claro que a veces pagarán justos por pecadores, que a veces los culpables seguirán disfrutando de la impunidad que los ampara. Pero el rigor de la ley debe alcanzar a todos por igual. La política tendrá que adaptarse a ese principio.
En este plano la Argentina no es un caso atípico. El mundo entero está recorrido por una ola de “destape” de hechos y responsabilidades que habitualmente quedaban debidamente archivadas; muchas sociedades a lo ancho y a lo largo del planeta están exteriorizando sus expectativas de que las cosas cambien. En la región, Brasil lidera la tendencia y, además, los procesos en ese país contribuyen a desencadenar los de otros países. Parece que a la Argentina le llegó la hora en esa dirección.
Ante todo esto, se entiende, el Gobierno no es un mero espectador pasivo. Estas cosas lo alcanzan y podrán alcanzarlo, por definición, en grados imprevisibles. El caso del 2x1 puede ser visto como una evidencia de que el Gobierno no puede eludir lo que le toca, y que cuando lo asume sin esconder la cabeza posiblemente termina fortalecido en el plano político. Parece estar en la estructura constitutiva del presidente Macri su disposición a no escabullirse cuando el torbellino lo encuentra en su camino. Esa es una de sus fortalezas; los indicios que surgen de las encuestas de opinión pública sugieren que eso contribuye a consolidar su capital político, tan expuesto a riesgos en otros frentes. Eso es transparencia. Si el Gobierno se aviene a jugar abiertamente con la carta de la transparencia, aplicándola sin dobles estándares a adversarios y a amigos, probablemente cosechará más éxitos que algún inevitable disgusto.
Todo esto cobra vigencia particularmente ahora que, por un lado, la presión judicial crece incesantemente sobre la ex presidenta y varias otras figuras representativas del anterior gobierno, comprometiendo las chances electorales de su sector. Y, por otro lado, los misiles que se disparan desde las trincheras del caso Odebrecht en Brasil llueven indiscriminadamente alcanzando a personas conspicuas del actual gobierno argentino. El caso resonante estos días es el de Gustavo Arribas; y está lejos de ser el único.
Con vistas al proceso electoral, más allá de la información de distintas encuestas que empiezan a mostrar algunas divergencias relevantes, se ve que cada sector político enfrenta sus propias dificultades para definir las candidaturas. A la manera del electo presidente francés, Emmanuel Macron, el gobierno argentino parece decidido a impulsar sus propios candidatos sin abrir demasiado el juego. Su objetivo es consolidar su respaldo parlamentario a partir del próximo Congreso, reduciendo su dependencia de las negociaciones intra e interbloque. Todo indica que se siente seguro en ese camino. El peronismo enfrenta una dispersión aparentemente sin solución y, como si eso fuera poco, tiene que procesar situaciones difíciles como la que ahora compromete a Daniel Scioli, y administrar como puede los efectos de los movimientos autónomos de la ex presidenta. Para el gobierno nacional ésas son buenas noticias.
