Cinco agentes de la CIA fueron apresados en 1972 en el edificio Watergate, cuando robaban documentos en las oficinas del Partido Demócrata, iniciando un escándalo que culminó con la destitución del presidente Nixon. En casi todos los países occidentales es inconcebible que agentes de inteligencia trabajen para el gobierno persiguiendo a la oposición.
La muerte de Alberto Nisman y la impunidad en el caso AMIA son fruto del uso faccioso de los servicios de inteligencia, costumbre inconstitucional de la mayoría de los viejos políticos. Durante este gobierno se fortaleció a la SIDE, un organismo que se puso sobre la Constitución y la ley. En 2009 un agente llamó desde un cibercafé a un partidario del acuerdo con Irán, que viajaba con la Presidenta. Así se inició el disparatado juicio en contra de Mauricio Macri por las escuchas. La SIDE aceptó que era su agente, pero lo protegió porque si no, “se ponía en peligro la seguridad nacional”. Los incondicionales del Gobierno dijeron que estaba procesado y otros dirigentes aparentemente institucionales jugaron con la SIDE. Pasó lo mismo con Olivera en 2005, Francisco De Narváez en 2009, y cuando agentes de la SIDE fueron filmados implantando pruebas en una oficina para iniciar un juicio tonto, mientras robaban dinero y artefactos. Los delitos no pudieron ser investigados porque eran héroes que servían a la seguridad nacional.
La muerte del fiscal, vinculada a la denuncia del encubrimiento de los terroristas que atentaron en contra de la AMIA, se produce en medio de muchas contradicciones. Sería liviano condenar a nadie con esos indicios. Tampoco cabe analizar el problema como parte del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Necesitamos saber la verdad y no guiarnos por pasiones. No se entiende por qué el secretario de Seguridad afirmó la noche del domingo que todos los caminos conducen al suicidio y que después el Gobierno afirme que fue un asesinato. Si el fiscal tenía un revólver 38, es absurdo que haya solicitado que le presten un arma de calibre 22 para defenderse. Un grupo de seguridad asignado a una persona vip hace un relevamiento de los inmuebles que frecuenta el personaje, es inconcebible que no haya conocido que existía una tercera vía de acceso al departamento. Si el fiscal pidió que se presente la escolta a las 11.30 de la mañana y no respondió a sus llamados, estaban obligados a reportar inmediatamente ese hecho a sus superiores e ingresar al departamento. Según el cerrajero, era fácil hacerlo porque bastaba mover una aldaba. Si ingresaban, habrían contactado con Nisman seis horas antes de su muerte. La noche del sábado el fiscal envió su última nota dirigida a un periodista, que dice que la tiró a la basura, con un miembro de su escolta. Si estaba aislado ¿quién era este escolta? ¿Qué decía esa nota? El fiscal volvió inesperadamente a la Argentina, para presentar su denuncia sin que ocurra nada nuevo ni en Argentina, ni en Irán. Sea cual sea la razón de su actitud, hay que conocerla.
Podríamos enumerar datos que impiden saber lo que ocurrió. A nivel internacional, la credibilidad del país ha sufrido un golpe devastador. Internamente nadie cree en nadie. El Gobierno, que es el principal afectado, debe ser al mismo tiempo el más interesado en demostrar su inocencia. La circunstancia es parecida a la que vivió Guatemala cuando fue asesinado el periodista Rosenberg, inculpando al presidente Alvaro Colom. En ese país se conformó una comisión internacional del más alto nivel, con los instrumentos necesarios para descubrir la verdad. Sería aconsejable hacer lo mismo para esclarecer la muerte del fiscal Nisman. La Justicia argentina es confiable, pero el tema no es sólo jurídico. Al mismo tiempo que los jueces hacen su trabajo el país necesita una información indudablemente neutral que permita que la gente sepa lo que pasó.
Al mismo tiempo es hora de aclarar definitivamente el atentado en contra de la AMIA. Basta de mentiras. Finalmente el país necesita pasar a una nueva etapa. Hay que impedir que los políticos sigan jugando con las instituciones del Estado, exigirles que pongan a los servicios de inteligencia, o las Fuerzas Armadas, o la AFIP o al Indec al servicio de la Nación, sin manipularlas para la lucha política. Debe establecerse que quienes partidicen las instituciones del Estado pierdan sus privilegios y sean enjuiciados si participan de ese tipo de maniobras. Así mismo deben establecerse sanciones a los políticos y jueces que hagan el juego a estas violaciones de la Constitución. Ojalá tengamos un nuevo presidente que no haya participado de estas prácticas y pueda encaminar al país hacia una democracia con instituciones sólidas.
*Profesor de la George Washington University. Miembro del Club Político Argentino.
