Finalmente el Partido Obrero dejó de ser el partido político con más aportes declarados en la web oficial de la campaña electoral. En la última semana aparecieron jugadores de más peso y más pesos entre los que están bancando la democracia. Se anotó, por ejemplo, Jorge Stuart Milne, el ex dueño del Banco Patagonia, que puso $ 1,64 millones en favor de Juntos por el Cambio, la mayor contribución de una sola vez hasta ahora, aunque monedas para un hombre que el año pasado había vendido el 21% que le quedaba del paquete accionario al Banco do Brasil en más de US$ 200 millones.
La que aparece con cuatro entradas como contribuyente también del oficialismo es María Luisa Miguens Bemberg, que en los últimos días aportó $ 350 mil, $ 250 mil, $ 600 mil y $ 440 mil. En total, otros $ 1,64 millones de parte de una mujer que según los registros de la Cámara Electoral ya fue la mayor aportante individual de las elecciones de 2017, cuando había puesto $ 875 mil. La devaluación está haciendo que por ahora esté poniendo menos en dólares (US$ 51 mil contra US$ 36 mil), pero es cierto que la campaña recién empieza y que este año por primera vez también podría aportar con alguna persona jurídica, como la empresa energética Central Puerto que controla su familia junto a los Escasany, los Reca y los Caputo, vía el sello Sadesa. El máximo establecido para que una compañía apueste por un partido político según la fórmula que fija la nueva legislación de financiamiento de los partidos políticos aprobada en mayo es de $ 4,5 millones para las PASO y de $ 9 millones para las generales y la segunda vuelta.
Leer la tabla oficial de aportantes a la campaña electoral puede sonar a gilada en un contexto donde todos descuentan que el grueso de la guita para hacer propaganda o es en negro o sale de los estados que gobiernan los oficialismos (basta hacer un recorrido visual por los carteles de la calle para ver la abismal diferencia entre Nación, Provincia y Ciudad vs. los retadores). Pero de todas maneras recorrer el listado online en aportantes.electoral.gob.ar puede dar contexto.
En paralelo a la elección, los laboratorios tienen su guerra por las patentes
No es extraño que hasta ahora uno de los mayores aportantes en favor de Mauricio Macri sea de la familia Miguens, accionista de Central Puerto. Esa compañía, por un lado, se quedó este año con la central Brigadier López privatizada por el Gobierno para cerrar el déficit fiscal y tendrá así una notable mejora en su Ebitda, según lo informó en una presentación a inversores hecha el 11 de julio.
En ese documento, además, la compañía también resalta el “atractivo” que tendrá para sus ingresos el cobro de los contratos de compra de energía (PPA, en inglés) firmados con la reguladora del mercado eléctrico Cammesa. Se trata de una especie de garantía que dio la actual administración por la que cobrarán incluso por energía que no están generando. Lo más increíble es que, como descubrió Nicolás Gandini en el portal Econojournal, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que repudia todo gasto, habilitó a cuadruplicar los subsidios para ese fin en 2020. Son en total US$ 3.800 millones, de los que una parte embolsará Central Puerto. Como para no bancar la campaña, papu.
En salud. A todo esto, por ahora los laboratorios no han movido fichas a la vista de todos en la financiación de una campaña donde se discuten de manera subterránea varios cambios regulatorios que pueden sacudir el negocio de la salud, que mueve cerca del 10% del PBI. Tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la industria nacional representada en Cilfa pareció respirar aliviada porque no se incluyeran compromisos de cambios significativos en la forma en que se registran las patentes en la Argentina, lo que virtualmente les permite una mayor participación en el mercado doméstico. Los laboratorios extranjeros, especialmente los estadounidenses, que se expresan tanto en la cámara Caeme como en la Embajada de Estados Unidos, se lamentaron por que desde Europa no hayan puesto más presión sobre el asunto. Sin embargo, tienen in pectore una esperanza: hacer notar el poder de lobby de la mano de la OCDE, el sello de países desarrollados al que la Argentina aspiraría a ingresar, dicen en el establishment, antes de fin de año.
El futuro de la salud irrumpió de costado en la campaña con la promesa de medicamentos gratis de parte del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que, hay que decirlo, todavía no registra ni un solo aporte en blanco en el portal mágico. La propuesta generó muchas dudas por la eventual forma de financiamiento. Quién paga por los servicios de salud, de hecho, es el mayor interrogante del rubro en todo el planeta y acá también. No son pocas las empresas de medicina prepaga, de hecho, que están pidiendo imitar la legislación uruguaya para regular la cobertura de los tratamientos de alto costo, al tiempo que reclaman que una agencia técnica, que ya se discute en el Congreso, decida qué se puede sumar a los planes médicos obligatorios y qué no.
