Con la propuesta de reforma del Código Procesal Penal en materia de políticas migratorias, Cristina Kirchner avaló el pedido de sectores de la derecha respecto de la expulsión de extranjeros que cometan delitos en nuestro país. De aprobarse esta modificación, podrían ser motivo de extradición las protestas por mejoras laborales y demandas sociales como la vivienda. Se reeditaría así la Ley de Residencia que a principios del siglo XX expulsaba a los inmigrantes anarquistas y socialistas que organizaban huelgas.
A fines del siglo XIX, la necesidad de trabajadores para la expansión económica de la Argentina fundamentó una política abierta hacia la migración extranjera. Pero hacia principios del siglo XX, los obreros extranjeros, que comenzaban a organizarse, ya no aparecían como “honestos hombres de trabajo” sino como sospechosos de atentar contra la seguridad nacional y portadores de ideologías foráneas. La sanción de la Ley de Residencia en 1902 permitió la expulsión de estos extranjeros “indeseables”.
A partir de aquí, la ilegalización de la inmigración, con la quita de derechos, signó las sucesivas legislaciones en esta materia, inclusive durante el peronismo. Onganía prohibió el trabajo de inmigrantes ilegales y temporarios, mientras que Illia habilitó la expulsión de extranjeros, inclusive los legales, en caso de que afectaran la seguridad nacional o el orden público. La dictadura militar quitó todo derecho civil y social a los inmigrantes ilegales. Con la vuelta de la democracia, se restringió la inmigración y la mayoría de los inmigrantes cayó en la ilegalidad. Con Menem, las normas se endurecieron con motivo del “crecimiento de la delincuencia internacional” y sólo se emitieron radicaciones temporarias por un máximo de dos años.
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La nueva Ley de Migraciones (2004), si bien beneficia a los inmigrantes en materia de salud, educación, vivienda y derechos laborales, sigue obligando al inmigrante a tener la residencia permanente para tramitar el DNI. Sin él no se puede tramitar el CUIL para obtener un trabajo formal. Entre 2004 y 2013, el 54% de las radicaciones que se resolvieron en la Dirección Nacional de Migraciones fueron temporarias. De éstas, el 66% pertenecen a paraguayos y bolivianos. Estos datos incluyen las cifras del programa “Patria Grande” cuyo objetivo es la regularización e integración de los extranjeros residentes en forma irregular. De las estadísticas disponibles para el Programa, se observa que el pico de inscripción se dio hacia 2008, con el inicio de la crisis económica internacional. Entre 2007 y 2010, los inscriptos al Programa representaron el 61% del total de trámites de radicaciones que se iniciaron, pero sólo la mitad de ellos fue resuelto.
Las restricciones a la inmigración no detuvieron el ingreso de trabajadores al país, en especial de países limítrofes. Pero al estar ilegalizados, estos obreros se vieron obligados a tomar trabajos en condiciones igual de ilegales. Formaron parte de la mano de obra barata que sustentó la expansión económica bajo el kirchnerismo. Se emplearon en las ramas con las peores condiciones laborales y salariales, como la confección de ropa, la construcción y el empleo doméstico. No tienen posibilidad de organizarse sindicalmente ni realizar ningún tipo de reclamo. Mientras sirvieron para compensar la ineficiencia de los capitales locales, el Estado permitió la inmigración ilegal. La crisis avanza sobre estas industrias y sus empleos. De aprobarse la reforma del Código Penal, pueden ser expulsados del país por realizar una simple medida de fuerza, bajo la figura de daños o de interrupción de servicios. Con la crisis económica se busca disciplinarlos, y expulsarlos si no aceptan peores condiciones de trabajo y de vida.
