El cese de la violencia, la plena vigencia del Estado de derecho, la liberación de los presos políticos, la restitución de las prerrogativas a la Asamblea Nacional y un cronograma electoral son la fórmula que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Uruguay han encontrado para dar salida a la crítica situación que atraviesa Venezuela. Pero ¿es posible? En todo caso, ¿es suficiente? La radicalización del régimen de Maduro, la espiral de violencia y el descontrol inflacionario dejan al pueblo venezolano en una situación de indefensión permanente.
La revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI han fracasado. Fracaso que debe sus causas no a las presiones externas que denuncia Maduro ni al rol de la oposición, sino a su propia inoperancia. En plena bonanza, años atrás, cuando el precio del barril de crudo se encontraba en valores altísimos, el régimen de Chávez falló en mejorar los indicadores de pobreza. Y ante la falta de políticas de ahorro y reducción del gasto público y la sostenida baja del precio del petróleo, el gobierno de Maduro se encuentra ahora en una situación económica demasiado compleja y en un callejón sin salida.
En Venezuela faltan remedios, alimentos, bienes de primera necesidad, desde algodón hasta papel higiénico. El pueblo es el que sufre. No la dirigencia. América Latina ha vivido y sobrevivido a cantidad de dictadores, de izquierda y de derecha que, en nombre del pueblo o del interés supremo de la nación, han vivido como reyes y dejado en la miseria a su población. Nuestros libros de historia rebosan de ejemplos.
La reciente decisión expresa de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, de renunciar a la OEA ante el llamado urgente de los países parte de esta organización para discutir la delicada situación en Venezuela (recordemos que ya son más de tres decenas los ciudadanos muertos en las manifestaciones, cientos los detenidos y los presos políticos) y la convocatoria realizada el 1° de mayo por Nicolás Maduro para convocar a una Asamblea Constituyente (por el art. 347/348 de su Constitución), son expresiones de un régimen agobiado, cerrado, que intenta no terminar de caer por el precipicio.
Pero no alcanza con este llamado. La inminente salida, el alejamiento de Maduro del poder debe ser la condición necesaria para que se pueda celebrar un proceso electoral libre de vicios, sin condicionamientos, y con veedores internacionales que den cuenta de su transparencia. La transición pacífica hacia una democracia que respete plenamente los derechos de sus ciudadanos debe ser el norte de este proceso. Los presidentes latinoamericanos, tanto los que están en ejercicio de sus funciones como aquellos cuyo mandato ha finalizado, tienen la obligación de velar por la restitución de los principios democráticos y la plena vigencia y garantía de los derechos humanos. Frente a una dictadura no basta sólo con pronunciarse, es hora de que la región actúe de forma conjunta y sin temor ni miramientos ideológicos. Los organismos regionales, desde la OEA hasta la Unasur, deben tomar los recaudos necesarios para asegurar esta transición.
Cuando se trata de democracia y derechos humanos no pueden mediar oportunismos ni intereses personales ni particulares. Venezuela es el espejo donde no debemos mirarnos. Y como latinoamericanos valorar y defender aquello que tantas vidas y décadas nos ha costado.
*Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales.Fundación UADE.
