La discusión en el Senado del proyecto de reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (Ley 24.660), que cuenta con media sanción en Diputados, abrió un fuerte debate público. Si bien varios aspectos de la propuesta legislativa son criticables, hay una cuestión central de este debate sobre la que debemos detenernos: la participación de las personas privadas de la libertad en la discusión.
Las protestas en la cárcel de Devoto tomaron fuerte relevancia pública y recibieron duras críticas. En especial, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que se trataba de una mera “agitación política”, y calificó a la protesta como “insólita” porque la norma no se aplicaría a quienes se encuentran actualmente en prisión. Este tipo de reacciones denotan un fuerte contenido estigmatizante sobre estas personas, pues nadie cuestionaría que ciudadanos no privados de la libertad expresen su opinión respecto de esta reforma. Pero además, estas expresiones denotan una visión democrática muy pobre.
Según Carlos Nino, uno de los teóricos del derecho más importantes de nuestro país, la democracia debe ser asemejada a una gran discusión pública entre todos los miembros de la comunidad en un pie de igualdad. Al ser presentadas distintas miradas para resolver un problema colectivo, y confrontadas entre sí, este procedimiento amplía las posibilidades de que las decisiones a las que se arriben sean mejores, además de contar con mayor legitimidad. Por esta razón, se dice que las decisiones derivadas de un proceso abierto e inclusivo tienen un valor epistémico (en tanto acceso al conocimiento) superior a las de otros mecanismos.
Históricamente las reformas en materia penal han sido discutidas por elites políticas y académicas (el Congreso y comisiones especiales de expertos), en contextos de alta conflictividad social y sin argumentos o datos empíricos que permitan justificar el constante endurecimiento del sistema penal.
A diferencia de lo que piensa el ministro de Justicia, la opinión de los presos es muy importante. Si la idea es corregir las deficiencias del sistema actual, qué mejor que contar con el conocimiento de los que ahora están privados de su libertad. Difícilmente alguien pueda dar cuenta como ellos sobre cómo funciona en los hechos el régimen de ejecución penal. Además de relatar los abusos que se cometen en las cárceles, son quienes pueden dar testimonio en primera persona sobre el fracaso rotundo de nuestro régimen penitenciario. Sin ellas, todos seríamos perjudicados, en la medida en que no podríamos tenerlas en cuenta al decidir sobre la reforma del régimen de ejecución de la pena.
Tampoco resulta un dato menor que la mayoría de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. No escucharlos en este debate implica una nueva manera de excluirlos. El Estado no sólo desatiende los derechos básicos de este grupo de personas, y focaliza la persecución penal en ellos, sino que los excluye de la discusión sobre nuestras leyes.
Debatir el régimen de ejecución de la pena sin oír a quienes están y estuvieron sometidos a ese régimen significa dejar de lado un aporte indispensable para esa discusión, y asumir que nuestra decisión será menos rica de lo que podría ser. Quienes están en las cárceles continúan siendo miembros de nuestra comunidad política y su opinión resulta especialmente relevante para debatir cuál es el mejor régimen de ejecución de la pena posible.
*Abogado (UBA). Profesor universitario. **Abogado (Universidad de San Andrés). Profesor universitario. Miembro de la Asociación Pensamiento Penal.
