El comienzo del ciclo lectivo pone nuevamente el acceso a la educación en debate. En un país con amplia cobertura de la escolaridad pública, es válido preguntarse por qué seguir hablando de la educación. La respuesta es compleja y sencilla a la vez.
Vale la pena hablar de la educación porque es hablar del futuro, de las oportunidades que tenemos como sociedad de construir un porvenir mejor. Ahí se va la respuesta sencilla. Sin embargo, es más complejo.
La educación es la salida. La educación mejora la calidad de vida, permite acceder a nuevos conocimientos, mejora las perspectivas de inclusión socio-laboral, permite romper con los ciclos de pobreza, violencia, marginalidad. La educación es todavía hoy una de las herramientas más poderosas para intervenir en el presente y en el futuro de la sociedad. Todo esto es lo que convierte al acceso a la educación de calidad en un derecho humano y en el caso de los niños/as se la considera un derecho habilitador. Es decir, a partir de la educación las personas pueden acceder al ejercicio de otros derechos humanos.
No obstante esta percepción generalizada, en nuestro país cada 8 minutos un niño/a o adolescente abandona la escuela o repite el grado. Se suman a los más de 650 mil niños y adolescentes que cada año no empiezan las clases. Cuando ampliamos la foto y la pregunta de por qué no comienzan las clases o bien dónde están quienes no están en clase, las respuestas a priori sencillas comienzan a complejizarse y tejen una espiral de desigualdad, que cual tornado parece tragarse todo a su paso.
Las últimas estadísticas disponibles sobre la educación son contundentes. Los niños, niñas y adolescentes que se quedan fuera de la escuela están en una situación de vulnerabilidad. Están más solos en cuanto a la red social con la que cuentan y en general abandonan la escolaridad por un temprano –e ilegal– ingreso al mercado laboral, por hallarse transitando un embarazo infantil o adolescente; o, además, aparece con frecuencia la referencia al cuidado de otros miembros familiares. Esto significa que quienes se quedan fuera del sistema educativo –aun a pesar de la gratuidad del sistema público– provienen de los sectores más vulnerables de la población y sus posibilidades de romper con esa situación son reducidas.
Quienes no logran cumplimentar a tiempo la escolaridad obligatoria acceden a peores empleos, tanto en paga y condiciones como en oportunidades. Se profundiza la brecha social y se entreteje una desigualdad que es difícil de revertir. Estamos a tiempo de reaccionar y hacer algo para revertir la situación. Es imprescindible pasar de la pregunta a la acción. Resulta trágico que no haya una clara política de Estado que apunte a insertar y retener la mayor cantidad de niños y adolescentes en el sistema educativo.
Existen diversos estudios que demuestran el rol de la educación tanto en el crecimiento económico como en la pobreza. Acceder a una educación de calidad ofrece la posibilidad de encontrar la salida al laberinto de dificultades en el que quedan envueltos los niños y adolescentes que año a año quedan por fuera del circuito educativo.
Es necesario avanzar hacia una educación más inclusiva, atenta a las trayectorias de cada alumno/a, que pueda ofrecer una propuesta atractiva a las nuevas generaciones pero que a la vez pueda acompañar y asegurar el desarrollo integral de quienes tienen mayores dificultades. Se requiere impulso ciudadano para lograrlo pero sobre todo un Estado presente y atento, con una política educativa que sea realmente abarcativa, integral y con los recursos para transformar la realidad.
*Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
