Anticorrupción pide que Fiscalía General firme acuerdo con Brasil
Es en respuesta al convenio que propuso la Justicia del vecino país. Matías Bornancini sostiene que, de otro modo, se limitará el uso de información que se obtenga. Investigan si hubo coimas en las licitaciones de gasoductos troncales.
ALBERTO YOUSSEF. Córdoba solamente podría acceder al testimonio del delator que mencionó a la Provincia en la lista de sobornos. |
Cedoc Perfil
El fiscal Anticorrupción N° 1, Matías Bornancini, firmó esta semana una resolución para poner nuevamente en marcha un acuerdo con Brasil, en base a la última propuesta que envió a Córdoba la Justicia del vecino país.
En esa decisión solicita que el futuro convenio sea suscripto por la Fiscalía General de modo que la información que se obtenga pueda ser utilizada también por otros fiscales.
Bornancini tiene a su cargo una investigación por pago de coimas o irregularidades en el proceso licitatorio iniciado en 2015 para construir la red de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. En esa obra -en etapa final de ejecución- participan Iecsa (ahora Sacde), Electroingeniería y la brasileña Odebrecht. La causa se inició a instancias de la propia Provincia, que envió copias de la documentación de la licitación íntegra, ante las recurrentes sospechas que hacía pública la oposición.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Pero en la Fiscalía N° 2 del mismo fuero –aún vacanteha- hay otro expediente abierto y está dirigido a indagar si existieron irregularidades en la primera fallida licitación lanzada en 2007. El último capítulo que registró ese expediente se basa en la hipótesis del posible pago de favores a través de la venta de acciones de un emprendimiento inmobiliario en Puerto Madero, Buenos Aires. La empresa en cuestión es Madero Urbana SA.
La lógica que sostiene Bornancini es la siguiente: si es él, como titular de la Fiscalía N° 1, quien firma el acuerdo con la justicia brasileña, solo en la causa a su cargo podrá utilizarse la información que se obtenga y quedará excluida la posibilidad para cotejar datos y pruebas en el expediente de Madero Urbana.
Es más: el funcionario admite que el eventual convenio debería contar también con la firma de los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque cualquier hallazgo de pago de favores, sobreprecios o irregularidades, implicaría en algún momento la intervención de jueces de Control, a quienes también deberían permitírseles el acceso a la información requerida.
Solo Youssef. Cuando el ahora jubilado fiscal Hugo Amayusco libró el primer exhorto, Brasil respondió con una propuesta amplia que, de haberse suscripto, habría significado acceder a numerosos testimonios y pruebas contenidas en los expedientes del Lava-Jato. La condición impuesta era no perseguir penalmente a ninguno de los delatores que permitieron desentrañar la trama de corrupción que terminó con la prisión de los principales empresarios de la obra pública en aquel país, entre los cuales se encuentra Marcelo Odebrecht. Uno de los fenómenos comprobados fue la cartelización de las empresas.
El fiscal General Alejandro Moyano consideró viable y útil la suscripción del convenio pero advirtió que lo debía firmar la Cancillería argentina. El TSJ avaló su posición y el expediente llegó a Brasil.
Cuando volvió a Córdoba la respuesta de la Justicia brasileña, la propuesta había cambiado sustancialmente. El escrito, de poco más de una carilla, se focaliza únicamente en el acceso a información sobre la declaración del arrepentido Alberto Youssef.
El modelo de convenio estipula que la justicia cordobesa debe comprometerse a no perseguir penalmente en Argentina al delator del Lava-Jato. Youssef había mostrado a la justicia de su país una lista de nombres a los cuales las firmas brasileñas habían pagado sobornos en la región. Y allí mencionó a Córdoba. De firmarse finalmente el convenio, los fiscales locales solo podrán conocer en detalle esa declaración y, según el carácter restrictivo que tendrá, les estará vedado recabar declaraciones de otros arrepentidos, testigos o prueba documental.
LA FORMULA DEL CONVENIO
Cabe mencionar que en el interín del extenso trámite, los procuradores generales de Argentina y Brasil dieron forma a un entendimiento que tiene vigencia en los tribunales federales de nuestro país, donde actualmente se investigan posibles hechos de corrupción en los que habrían participado empresas de Brasil. Es decir que, mientras en Córdoba continúa la búsqueda de la fórmula del convenio y quién lo tiene que firmar, fiscales federales argentinos ya puede solicitar y obtener información.
