Bugliotti acusa por discriminación al Estado por bonos en default del 2001

Uno de los mayores éxitos que esgrime el Gobierno de Mauricio Macri -el arreglo con los llamados “fondos buitre”- está siendo cuestionado desde Córdoba por uno de los empresarios más emblemáticos, quien no está dispuesto a llegar a un arreglo. Se trata del presidente de Grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, como así también de otras dos inversoras: Cristina De Biasi (abogada y esposa de Bugiotti) y Roxana Inés Rojas, esposa del fallecido socio de Bugliotti, Hugo Lauret. 

Los tres, en calidad de tenedores de bonos en default, se presentaron el 20 de diciembre pasado ante Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York, y reclamaron ante la magistrada que se "repongan las medidas cautelares contra la República Argentina". 

En total, los bonos en poder de Bugliotti, De Biasi y Rojas representan una deuda impaga desde diciembre de 2001 por unos US$36,1 millones. Según datos de la consultora Research for Traders, quedan unos US$750 millones de bonos en default bajo legislación extranjera y unos US$500 millones en bonos bajo legislación argentina.

Centro del conflicto. Bugliotti y sus pares demandantes exigen el 100% de la deuda más los intereses al contado. En marzo de 2016, el Gobierno les había ofrecido una quita directa del 25% del total adeudado (capital más intereses). Esa oferta ya fue aceptada por el 98% de los acreedores, y el 5 de diciembre último también llegaron a un acuerdo Contrarian Capital Fund y el denominado "Grupo Varela", que reunía a un grupo de inversores minoristas. Sin embargo, Bugliotti sigue resistiendo un acuerdo.

Para hacer prosperar su reclamo, el empresario hizo una presentación novedosa en su última comparecencia ante Preska: cambió la fórmula jurídica del planteo y esgrimió que los negociadores del Gobierno nacional, en el primer trimestre de 2016, cometieron perjuicio hacia sus intereses por no  negociar “en buenos términos” y realizar acciones “discriminatorias”. La jueza Preska deberá definir ahora si da lugar o no al reclamo. Si lo considera en forma positiva solo alcanzaría a los bonistas que no firmaron el acuerdo. Esto implica que obligaría al Estado nacional a pagar US$750 millones por deudas heredadas de la era kirchnerista.

Bugliotti había reconocido el año pasado a un medio de prensa nacional que “el kirchnerismo no pagó los bonos que compré antes del default, cuando vendí el supermercado Libertad”. 

Litigar tiene costo. Bugliotti, al igual que todos los bonistas individuales que no llegaron a un acuerdo durante todo este tiempo en el que continuaron litigando,  adicionaron a su decisión un costo que hubieran sorteado de haber arreglado. En efecto, al no aceptar la oferta inicial, perdieron el derecho de la liquidación de honorarios de sus abogados por parte de la Argentina, según determinó en su momento el juez que atendía la causa, el recientemente fallecido Thomas Griesa. Ahora tienen que hacerse cargo ellos mismos de esos costos.

El caso encuentra al titular del Grupo Dinosaurio en medio de un ciclo de desinversión de algunas posiciones patrimoniales (inmuebles y tierras) y de reenfoque de su estrategia de negocio a largo plazo. En concreto en los próximos años se enfocará fuertemente en el negocio mayorista, a través de la apertura de sucursales de Súper Ma-Mi, con una inversión estimada de US$ 150 millones en la apertura de varias bocas. 

Bugliotti: “No soy buitre, quiero cobrar lo que me deben” 

En diálogo con Perfil Córdoba, Euclides Bugliotti sostuvo que “hace casi 17 años que vengo litigando, desde la venta de Libertad. Yo quiero cobrar lo que me corresponde”. Enseguida, aclara: “Yo no soy buitre, porque ellos compraron al 20%, por lo que les resulta fácil aceptar cualquier propuesta. Yo compré al 96% o al 98%. No es un capricho no aceptar las propuestas. Quiero cobrar los dólares que puse”.  La presentación en Estados Unidos se produjo “ya que acá no nos queda otra alternativa. No pudimos llegar a ningún acuerdo”. 

-¿Habló con ministros sobre este tema a lo largo de estos años?
-Con quién no hablé… Lo que pasa es que a todos les gusta que les den la plata, pero nadie la quiere devolver después. 

-¿Se siente estafado?
-No sé si es el término. Yo quiero lo que me corresponde. Queremos que se haga justicia. Además, si yo cobro esa plata la voy a invertir, como hago con todo. Yo no guardo la plata. Pero estamos en Argentina y éstas son las reglas de juego…